Política
Asamblea Legislativa acuerda no conmemorar firma de los Acuerdos de Paz para el 16 de enero
La Asamblea Legislativa desarrolló ayer una sesión plenaria histórica al aprobar con 62 votos la derogatoria de la conmemoración de la firma de los Acuerdos de Paz, cada 16 de enero, y reconocer esa fecha como el Día de las Víctimas del Conflicto Armado.
Los diputados externaron que la decisión de derogar el decreto relativo a la conmemoración señalada obedece a que, como tal, la población salvadoreña no ha percibido una paz real, y la firma más bien otorgó un «pacto de amnistía y perdón» a ARENA y al FMLN.
«La paz nunca llegó. Lo que hubo fue un perdón de pecados entre ARENA y el FMLN, entre sus dirigentes. El Salvador no tiene nada que celebrar», expresó el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro.
«Con la aprobación del nuevo decreto] estamos cambiando la perspectiva histórica. Ahora el respeto y el honor serán para las víctimas del conflicto armado, para las víctimas que dejaron ARENA y el FMLN. Nunca hubo Acuerdos de Paz, no hay nada que celebrar en esta fecha», reiteró.
Desde 1992, año en que el Gobierno de El Salvador y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) acordaron un cese unilateral del fuego y las hostilidades, han pasado 30 años en los que se debieron cumplir muchos compromisos para con las víctimas de la guerra, mismos que no fueron honrados por los cuatro gobiernos bajo la bandera del partido arenero y los dos efemelenistas.
Las propuestas de derogatoria y del Día de las Víctimas del Conflicto Armado fueron incorporadas a la sesión plenaria 38 por el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, quien remarcó que como país no se conmemora un acuerdo que benefició a dos cúpulas de poder.
«Se acabó ese pacto político que dio paso a la impunidad, y que desde este 16 de enero se conmemore como Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado. Vamos a honrar la memoria de la gente», señaló el legislador.
Similar opinión tuvo la diputada Elisa Rosales, quien expresó su rechazo a una conmemoración de impunidad para los perpetradores de varios miles de muertes.
«Nunca hubo Acuerdos de Paz. Lo que realmente firmaron fue un pacto donde los únicos beneficiados fueron ellos, los mismos que negociaron vidas por votos, los mismos que fundaron ONG fachadas para lucrarse. Este día honraremos la memoria de las víctimas del conflicto armado», mencionó la parlamentaria cian.
Con la decisión tomada ayer por el Legislativo se sienta un precedente importante, ya que por primera vez se honrará a las víctimas del conflicto armado ocurrido entre 1980 y 1992, y que, según datos del informe de la Comisión de la Verdad, cobró alrededor de 75,000 vidas y dejó saldo de varios miles de lesionados o afectados directa o indirectamente.
La conmemoración que estaba vigente solo honraba el acto de la firma de los Acuerdos de Paz, mas no a la población afectada.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
Política
Diputada propone reforma constitucional para ampliar período presidencial y eliminar segunda vuelta
La diputada Ana Figueroa, del partido Nuevas Ideas, presentó este jueves una propuesta para reformar seis artículos de la Constitución de la República, con el fin de introducir cambios profundos en el sistema presidencial de El Salvador. La iniciativa contempla modificar los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 del texto constitucional.
Entre los cambios más relevantes se encuentra la ampliación del período presidencial de cinco a seis años, así como la eliminación de la segunda vuelta electoral. Según la legisladora, estas reformas permitirían reducir costos electorales, fortalecer la seguridad jurídica y atraer inversión extranjera, al dar mayor estabilidad al país.
Otro de los ejes principales de la propuesta es permitir la reelección presidencial indefinida, dejando en manos del electorado la decisión sobre la continuidad de un mandatario. “Queremos que sea el pueblo quien decida hasta cuándo apoyar a un presidente”, afirmó Figueroa durante la presentación del documento.
Asimismo, la propuesta contempla una disposición transitoria para acortar el actual período presidencial en dos años, de modo que finalice en 2027. Con esto, se pretende unificar en una sola fecha las elecciones presidenciales, legislativas y municipales, buscando así mayor eficiencia en el calendario electoral.
La eliminación de la segunda vuelta presidencial también forma parte del planteamiento, estableciendo que será elegido presidente el candidato que obtenga la mayoría simple de votos, sin necesidad de alcanzar el 50 %.
La iniciativa cuenta con el respaldo de 57 diputados y fue presentada con dispensa de trámite, lo que permitirá su pronta discusión en el pleno legislativo. De ser aprobadas, estas reformas marcarían una reconfiguración del sistema democrático salvadoreño.
