Política
Asamblea Legislativa acuerda no conmemorar firma de los Acuerdos de Paz para el 16 de enero
La Asamblea Legislativa desarrolló ayer una sesión plenaria histórica al aprobar con 62 votos la derogatoria de la conmemoración de la firma de los Acuerdos de Paz, cada 16 de enero, y reconocer esa fecha como el Día de las Víctimas del Conflicto Armado.
Los diputados externaron que la decisión de derogar el decreto relativo a la conmemoración señalada obedece a que, como tal, la población salvadoreña no ha percibido una paz real, y la firma más bien otorgó un «pacto de amnistía y perdón» a ARENA y al FMLN.
«La paz nunca llegó. Lo que hubo fue un perdón de pecados entre ARENA y el FMLN, entre sus dirigentes. El Salvador no tiene nada que celebrar», expresó el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro.
«Con la aprobación del nuevo decreto] estamos cambiando la perspectiva histórica. Ahora el respeto y el honor serán para las víctimas del conflicto armado, para las víctimas que dejaron ARENA y el FMLN. Nunca hubo Acuerdos de Paz, no hay nada que celebrar en esta fecha», reiteró.
Desde 1992, año en que el Gobierno de El Salvador y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) acordaron un cese unilateral del fuego y las hostilidades, han pasado 30 años en los que se debieron cumplir muchos compromisos para con las víctimas de la guerra, mismos que no fueron honrados por los cuatro gobiernos bajo la bandera del partido arenero y los dos efemelenistas.
Las propuestas de derogatoria y del Día de las Víctimas del Conflicto Armado fueron incorporadas a la sesión plenaria 38 por el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, quien remarcó que como país no se conmemora un acuerdo que benefició a dos cúpulas de poder.
«Se acabó ese pacto político que dio paso a la impunidad, y que desde este 16 de enero se conmemore como Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado. Vamos a honrar la memoria de la gente», señaló el legislador.
Similar opinión tuvo la diputada Elisa Rosales, quien expresó su rechazo a una conmemoración de impunidad para los perpetradores de varios miles de muertes.
«Nunca hubo Acuerdos de Paz. Lo que realmente firmaron fue un pacto donde los únicos beneficiados fueron ellos, los mismos que negociaron vidas por votos, los mismos que fundaron ONG fachadas para lucrarse. Este día honraremos la memoria de las víctimas del conflicto armado», mencionó la parlamentaria cian.
Con la decisión tomada ayer por el Legislativo se sienta un precedente importante, ya que por primera vez se honrará a las víctimas del conflicto armado ocurrido entre 1980 y 1992, y que, según datos del informe de la Comisión de la Verdad, cobró alrededor de 75,000 vidas y dejó saldo de varios miles de lesionados o afectados directa o indirectamente.
La conmemoración que estaba vigente solo honraba el acto de la firma de los Acuerdos de Paz, mas no a la población afectada.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
