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Urge aprobación de los fondos que recibirán las alcaldías y los veteranos de la guerra
Los préstamos que requieren aprobación urgente permitirán dotar de recursos a las alcaldías y pagar las pensiones de los veteranos de la guerra civil. Este proceso de autorización también incluye fondos para el Hospital Nacional El Salvador, los agricultores y para proteger a las mipymes, de acuerdo a la información que el mismo Ministerio de Hacienda (MH) ha compartido con los diputados en reiteradas ocasiones.
En la Asamblea Legislativa está pendiente de pasar por dos votaciones un paquete de $500 millones en préstamos, concedidos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) entre abril y mayo. El paquete se divide en dos de $250 millones y uno de $50 millones; este último, dirigido exclusivamente a salud pública.
También está otro préstamo de $20 millones, concedido por el Banco Mundial y que ya iría para su última ronda de votación antes de sumarse a los fondos públicos.
Para las alcaldías se han destinado $171 millones, equivalentes al 30 % del total de los fondos. Hacienda destacó que este dinero se entregará directamente a las alcaldías según los procedimientos establecidos en el FODES. También servirá este dinero para que las municipalidades puedan enfrentar sus obligaciones financieras y también atender a casos locales sospechosos de ser COVID-19.
Los préstamos tienen otros componentes como $70 millones para subsidiar el pago de salarios en las mipymes que resultaron afectadas por la pandemia. Con este componente, las empresas beneficiadas podrán mantener a sus empleados y trabajar en la recuperación, porque el Gobierno les subsidiaría la mitad de lo gastado en salarios durante agosto y septiembre. Dicha facilidad es parte del fideicomiso de Bandesal, que los empresarios están esperando que comience a funcionar.
La propuesta de ARENA es agregar $5 millones para la alcaldía de San Salvador, sustrayendo ese dinero del monto que se había destinado para proteger los empleos de las mipymes con el subsidio a la planilla.
Los partidos aprobaron la moción y con esa modificación es que se discutirá en el pleno. Durante el receso, no se confirmó si hubo más cambios.
Por ahora, el paquete incluye $175 millones para salud y para responder a la emergencia, de los cuales, $30 millones son para el Hospital Nacional El Salvador. Otros US$60 millones, para los agricultores que enfrentan pérdidas en sus cosechas y para proteger la producción de este año.
El BID había establecido que uno de los préstamos, por un monto de hastaS$250 millones, debía estar ratificado el 31 de julio. De lo contrario, retirará los fondos al país. Esto ya era del conocimiento de los diputados desde el 18 de mayo.
Una de las aprobaciones que también queda pendiente, sin que los legisladores hayan mostrado interés en discutirla, es incluir la partida del proyecto FOMILENIO II, por US$70 millones. El dinero debe incorporarse a los fondos públicos, para que se pueda continuar con la ejecución de 35 obras.
El Presidente Nayib Bukele, desde su cuenta de Twitter, lamentó la actitud de los diputados en el desarrollo de la plenaria: “Dejan nuestros hospitales sin recursos, veteranos y ex combatientes sin pensión, agricultores sin ayuda, empresa privada sin fideicomiso, FOMILENIO II en riesgo de perderse y hasta a sus alcaldías dejan desfinanciadas. Increíble. ¿Por qué tanto odio al pueblo salvadoreño?”, publicó el mandatario en sus redes sociales.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a Mario Rigoberto Pineda Arias por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante del distrito de Mejicanos.
De acuerdo con la resolución judicial, Pineda Arias, identificado como integrante de la pandilla 18, permanece prófugo. Tras declararlo responsable del delito, el tribunal giró una orden de captura en su contra. Las autoridades informaron que otro de los implicados en el caso ya fue condenado y cumple una pena de prisión.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que el 22 de abril de 2019 un grupo de extorsionistas llegó al negocio de la víctima, quien declaró bajo régimen de protección. Los sujetos se identificaron con sus alias y le manifestaron que pertenecían a la pandilla 18, indicándole que a partir de ese momento debía pagar una cuota periódica.
Según la acusación fiscal, los pandilleros afirmaron que controlaban varias colonias de Mejicanos y exigieron al comerciante el pago de 400 dólares. Además, le advirtieron que, si no entregaba el dinero, lo asesinarían junto con sus empleados.
La víctima explicó que no tenía la capacidad económica para pagar esa cantidad, por lo que los extorsionistas redujeron la exigencia a 200 dólares y le informaron que regresarían al día siguiente para retirar el primer pago.
Posteriormente, el comerciante denunció los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones que llevaron a la captura de Mario Rigoberto Pineda Arias. Sin embargo, el imputado recibió inicialmente medidas alternas a la detención y posteriormente se dio a la fuga.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República demostró que Pineda Arias fue quien recibió los 200 dólares entregados por la víctima, siendo ese el único pago realizado. Asimismo, se estableció que el comerciante cerró su negocio por temor, luego de que sus empleados dejaran de asistir a trabajar tras ser amenazados de muerte por los pandilleros si residían en territorios contrarios.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Moisés Antonio Mondragón Castro, acusado de cometer diversos delitos, entre ellos un robo en una gasolinera, provocar un múltiple accidente de tránsito y conducción peligrosa.
Según las autoridades, el hombre arrebató a una empleada de una gasolinera el dinero que tenía en sus manos cuando le entregaba el cambio a un cliente y posteriormente huyó del lugar. El hecho ocurrió sobre la avenida Jerusalén, en San Salvador.
«Nuestros equipos fueron alertados e iniciaron la búsqueda y persecución del responsable», informó la PNC.
Durante la fuga, Mondragón Castro chocó contra un vehículo en el redondel Italia, sobre la avenida Revolución, en la colonia San Benito. Posteriormente, colisionó con otro automotor que circulaba sobre la calle hacia Santa Tecla, en el desvío a Santa Elena.
Las autoridades indicaron que más adelante impactó otros cinco vehículos que se encontraban estacionados en las inmediaciones de Multiplaza.
La captura fue realizada en el kilómetro 5 ½ de la carretera Panamericana, cerca de la comunidad La Cuchilla, en Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad.
La PNC informó que el detenido será remitido a las autoridades correspondientes para ser procesado por los delitos de robo, daños y conducción peligrosa.
Tras la captura, también comenzó a circular en redes sociales un video en el que Mondragón Castro aparece, presuntamente en estado de ebriedad, siendo expulsado de un restaurante. En las imágenes sostiene una discusión con un mesero que deriva en un altercado físico al negarse a abandonar el establecimiento. Sobre ese incidente, las autoridades no han brindado información.
«El Salvador ya no es un país en el que podés delinquir libremente, responderás por tus acciones», expresó la Policía tras la detención.
Accidente de tránsito
El accidente de mayor magnitud atribuido a Mondragón Castro ocurrió el lunes por la mañana en la carretera Panamericana, en las inmediaciones de la comunidad La Cuchilla, frente al centro comercial Multiplaza, en Antiguo Cuscatlán.
De acuerdo con el informe, el conductor, señalado por las autoridades como ebrio, provocó un múltiple percance vial en el sentido que conduce de San Salvador hacia Santa Tecla. Preliminarmente, ocho conductores resultaron afectados con golpes en diferentes partes del cuerpo.
El Viceministerio de Transporte informó: «Brindamos apoyo en la atención de siniestro vial múltiple en la carretera Panamericana, en el sector del centro comercial Multiplaza. Nuestro equipo de grúas se encuentra en el lugar para movilizar los vehículos involucrados».
Como consecuencia del accidente, el paso vehicular fue restringido mientras la Policía Nacional Civil realizaba la inspección correspondiente.
