Judicial
ÚLTIMA HORA: Tribunal de Sentencia reprograma juicio contra Nayib Bukele
El Tribunal 1º de Sentencia de Santa Tecla reprogramó para el próximo 7 de marzo a las 8:30 a.m., la audiencia de vista pública en el caso donde el exalcalde de San Salvador, Nayib Armando Bukele Ortez, es demandado por el delito de calumnia en perjuicio del ex secretario de comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas Martínez. Dicho ilícito se encuentra tipificado y sancionado en el Artículo 177 del Código Penal.
El juicio a realizarse este lunes 18 de febrero fue aplazado y reprogramado para nueva fecha debido a la presentación de un escrito por parte de los abogados defensores de Bukele Ortez, en el cual solicitaban, entre otras cosas, la suspensión del proceso que se sigue en su contra y se envíe al archivo, ya que tras ser electo como Presidente de El Salvador, ya no puede ser juzgado. El escrito se hizo del conocimiento a la parte acusadora, quien mostró su inconformidad y solicitó que se declarara sin lugar.
Tras el análisis, el Juez de Sentencia resolvió no dar la razón a los defensores, por carecer de base legal, así como tambien señaló que los argumentos de los abogados no son motivo suficiente para no continuar con el proceso u ordenar su archivo.
En su resolución el Juez señaló que en el Artículo 131 apartado 14 de la Constitución de El Salvador, a la Asamblea Legislativa le corresponde:”recibir la protesta constitucional y dar posesión de su cargo a los ciudadanos que, conforme a la ley, deban ejercer la Presidencia y Vicepresidencia de la República; es decir el Sr Nayib Armando Bukele Ortez, al haber resultado electo a través del voto como Presidente de El Salvador y ser acreditado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) como tal, mantiene su calidad de ciudadano común hasta que el 1ro de Junio del presente año sea juramentado y envestido, en su calidad de ciudadano, por la Asamblea Legislativa, como Presidente de El Salvador y le sea entregada la posesión del cargo. Es decir, Bukele Ortez no tiene impedimento jurídico para no asistir a la realización la Vista pública.
Así también el juez de derecho otorgó tres días hábiles a Nayib Armando Bukele Ortez para que justifique su no comparecencia, así como también a los abogados defensores quienes presentaron el escrito ante la Secretaria del Tribunal, sin embargo se retiraron de este recinto Judicial sin esperar ser llamados a sala de audiencia.
Según la acusación, el hecho por el que ha sido acusado Bukele Ortez ocurrió el 16 de octubre del año 2017, cuando éste se encontraba como invitado en un programa televisivo y durante el desarrollo del mismo expresó que Chicas Martínez habría participado en la comisión del delito de violación en perjuicio de una menor de edad.
La acusación particular, en el orden penal y civil, fue interpuesta en octubre del año 2017 por la apoderada de Chicas Martínez, Carmen Martínez Avilés; y fue admitida en marzo del 2018, luego de que el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla le hiciera diferentes prevenciones. Posterior a esto, el Tribunal ordenó diversos auxilios judiciales requeridos por la parte acusadora para completar su acusación.
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El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.
Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.
Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.
Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.
En el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador inició la audiencia preliminar contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otras 13 personas acusadas de lavar $5.6 millones.
A la diligencia han comparecido la mayoría de los acusados, entre ellos Byron Enrique Larrazábal Arévalo, su esposa e hijo, Sonia Inés Morales Rivas y Kevin Mauricio Larrazábal Morales.
Otros procesados son René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, exgerente y exempleadas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
También están acusados exempleados de la Corte de Cuentas de la República: Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández. Asimismo, Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del pandillero Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», y Karla Beatriz Recinos Ramírez, exasistente de Sigfrido Reyes.
La causa penal incluye los delitos de peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. La Fiscalía General de la República ha solicitado que, para algunos acusados, la estafa agravada se modifique al delito de peculado; sin embargo, la defensa se opone, argumentando que no todos los procesados eran funcionarios ni tenían vínculos con entidades estatales.
El ministerio público pretende que se admitan al menos 115 testigos y diversas pericias, previamente autorizadas por el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.
Algunos peritajes están relacionados con la valoración de inmuebles a nombre de los procesados y con la extracción de información de aparatos electrónicos decomisados.
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«El Torta», extraditado de EE. UU., enfrentará juicio en El Salvador por dos homicidios y agrupaciones ilícitas
José Daniel Matamoros Andrade, alias «El Torta», fue enviado a juicio por delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, tras su extradición de Estados Unidos en febrero de 2024.
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador resolvió en audiencia preliminar que el proceso contra Matamoros Andrade continúe en vista pública, como solicitó la Fiscalía General de la República.
Según las investigaciones, en 2016 el imputado participó en el asesinato de una mujer que fue vapuleada y asfixiada por pandilleros, cuyo cuerpo abandonaron en la entrada de Nejapa Power. También se le atribuye el homicidio de otra persona, acusada por los pandilleros de colaborar con la Policía Nacional Civil (PNC), a quien mataron tras golpearla y causarle traumatismos con una piedra.
Matamoros Andrade, miembro de la facción revolucionaria de la pandilla 18, huyó a Estados Unidos y residía en Alexandria, Virginia, donde fue capturado y posteriormente extraditado a El Salvador a petición de las autoridades.
De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 90 años de prisión. El juicio lo enfrentará junto a Loida Berenice Barraza, procesada por agrupaciones ilícitas y robo agravado, señalada como colaboradora de la misma estructura criminal.
