Judicial
ÚLTIMA HORA: Tribunal de Sentencia reprograma juicio contra Nayib Bukele
El Tribunal 1º de Sentencia de Santa Tecla reprogramó para el próximo 7 de marzo a las 8:30 a.m., la audiencia de vista pública en el caso donde el exalcalde de San Salvador, Nayib Armando Bukele Ortez, es demandado por el delito de calumnia en perjuicio del ex secretario de comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas Martínez. Dicho ilícito se encuentra tipificado y sancionado en el Artículo 177 del Código Penal.
El juicio a realizarse este lunes 18 de febrero fue aplazado y reprogramado para nueva fecha debido a la presentación de un escrito por parte de los abogados defensores de Bukele Ortez, en el cual solicitaban, entre otras cosas, la suspensión del proceso que se sigue en su contra y se envíe al archivo, ya que tras ser electo como Presidente de El Salvador, ya no puede ser juzgado. El escrito se hizo del conocimiento a la parte acusadora, quien mostró su inconformidad y solicitó que se declarara sin lugar.
Tras el análisis, el Juez de Sentencia resolvió no dar la razón a los defensores, por carecer de base legal, así como tambien señaló que los argumentos de los abogados no son motivo suficiente para no continuar con el proceso u ordenar su archivo.
En su resolución el Juez señaló que en el Artículo 131 apartado 14 de la Constitución de El Salvador, a la Asamblea Legislativa le corresponde:”recibir la protesta constitucional y dar posesión de su cargo a los ciudadanos que, conforme a la ley, deban ejercer la Presidencia y Vicepresidencia de la República; es decir el Sr Nayib Armando Bukele Ortez, al haber resultado electo a través del voto como Presidente de El Salvador y ser acreditado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) como tal, mantiene su calidad de ciudadano común hasta que el 1ro de Junio del presente año sea juramentado y envestido, en su calidad de ciudadano, por la Asamblea Legislativa, como Presidente de El Salvador y le sea entregada la posesión del cargo. Es decir, Bukele Ortez no tiene impedimento jurídico para no asistir a la realización la Vista pública.
Así también el juez de derecho otorgó tres días hábiles a Nayib Armando Bukele Ortez para que justifique su no comparecencia, así como también a los abogados defensores quienes presentaron el escrito ante la Secretaria del Tribunal, sin embargo se retiraron de este recinto Judicial sin esperar ser llamados a sala de audiencia.
Según la acusación, el hecho por el que ha sido acusado Bukele Ortez ocurrió el 16 de octubre del año 2017, cuando éste se encontraba como invitado en un programa televisivo y durante el desarrollo del mismo expresó que Chicas Martínez habría participado en la comisión del delito de violación en perjuicio de una menor de edad.
La acusación particular, en el orden penal y civil, fue interpuesta en octubre del año 2017 por la apoderada de Chicas Martínez, Carmen Martínez Avilés; y fue admitida en marzo del 2018, luego de que el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla le hiciera diferentes prevenciones. Posterior a esto, el Tribunal ordenó diversos auxilios judiciales requeridos por la parte acusadora para completar su acusación.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
