Sucesos
Salvadoreño salió de centro de cuarentena para ir a visitar a su novia
El ministerio de Salud tiene información de salvadoreños que recién salidos de los centros de contención irrespetaron acuerdos firmados de quedarse en casa y fueron a visitar a sus amigos o a sus parejas con lo cual fueron “irresponsables”. Y mencionó un caso de un compatriota que a salir, lo primero que hizo fue ir a visitar a la novia.
Como parte de los protocolos, los compatriotas que han regresado del extranjero van a centros de contención por 30 días, cumplido el tiempo firman un documento en el que se comprometen a seguir por 15 días más aislados en casa.
El problema, relató el titular de Salud, Francisco Alabí, es que algunos no están acatando las medidas dictadas y están poniendo en peligro a sus conocidos y familia.
“Me han pasado información, me han dicho con evidencia de nombres el caso de pacientes que recién han sido liberados de sus cuarentenas, han firmado las cartas de compromiso, donde van a sus hogares a mantenerse en cuarentena y lo primero que hacen es salir, ir a la casa del amigo, de la novia y eso es irresponsable, debemos de tratar esto con la seriedad del caso”, indicó Alabí.
El funcionario insistió a la población que va saliendo de los centros de contención que cumplan con las medidas que se han acordado para la seguridad de todos.
“Debemos estar totalmente seguros que si a un paciente vamos a dar el alta va a ser con la tranquilidad que está bien, que se vaya a su hogar y cumplir con la recomendación y con la carta que firman donde se comprometen a seguir 15 días, con las medidas de barrera para evitar exponer en alguna medida”, dijo.
Recordó que todo El Salvador está en cuarentena y que solo se debe salir en busca de alimentos, medicinas o en casos de emergencia porque podría contraer el virus y llevarlo a su casa.
“Solo (para) lo indispensable se debe salir, no porque no queremos que salgan a las calles, sino que es por la seguridad”, agregó.
Pide paciencia a los que cumplieron los 30 días
El ministro pidió paciencia a la población que ya cumplió los 30 días en los centros de cuarentena, ya que se deben realizar varios procedimientos antes de darles el alta.
De hecho, algunos han denunciado que llevan hasta 35 días y que no se les permite salir e irse a sus casas.
Dijo que las autorizaciones dependen de las evaluaciones médicas y de los epidemiólogos asignados a cada uno de los centros.
“Si un paciente estuvo en contacto con una persona al final de sus 15 primeros días puede ser que se prolongue, puede ser que estén pendientes de prueba, nosotros no solo llevamos el tiempo como factor. Tenemos, algunas veces, las pruebas pendientes”, explicó.
Continuó, “pido paciencia a los salvadoreños, no queremos tenerlos en los centros de contención, eso nos genera mayor logística porque se está trasladando personal que podemos distribuir en zonas donde se atiende directamente la enfermedad, pero pedimos paciencia”.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
El Juzgado de Instrucción de Soyapango resolvió que Flor Marina Romero Orellana, acusada del delito de hurto en perjuicio de una empresa financiera, enfrente vista pública.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía General de la República, la mujer, quien fungía en la empresa como jefa de la agencia del distrito de Soyapango, municipio de San Salvador Este, se aprovechó de su cargo para sustraer una alta cantidad de dinero.
«Aprovechándose de su cargo, el 10 de octubre de 2025 la mujer sustrajo al menos $29,030 de la caja fuerte de la sociedad. Además, la imputada contrató un servicio de transporte, por medio de aplicación móvil, para mandarle una parte del dinero a otra persona, quién se presume es cómplice; el resto del monto total lo depositó en una cuenta de criptomonedas», mencionó el ministerio público.
La imputada fue detenida en flagrancia, luego de la denuncia de las autoridades de la empresa financiera. Posteriormente, este caso fue judicializado por el ministerio público en 2025.
