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Presidente Bukele se reúne con gabinete de seguridad para evaluar implementación del régimen de excepción
El presidente de la República, Nayib Bukele, sostuvo una reunión con el gabinete de seguridad en horas de la noche del pasado domingo y la madrugada de este lunes, para evaluar las primeras horas de la implementación del régimen de excepción solicitado por el mandatario y aprobado por la Asamblea Legislativa para contener el alza en la criminalidad que se registró el pasado sábado en el país.
Junto al ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro; el fiscal general, Rodolfo Delgado; el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas; el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy y el director de Centros Penales, Osiris Luna, el presidente evaluó las acciones ejecutadas en el primer día del régimen de excepción en el país.
Previo a esa reunión, el presidente Bukele destacó las más de 600 capturas de miembros de grupos de pandillas logradas gracias a los operativos implementados en todo el país, como parte de las acciones ejecutadas por el gabinete de seguridad.
Además, la PNC remarcó en las últimas horas del pasado domingo una drástica reducción de homicidios en el país, contabilizando un total de 11 en todo el día de ayer, una cifra mucho menor a los 62 que se registraron durante el sábado 26 de marzo, hecho que motivó al presidente Bukele a solicitar al Legislativo la aprobación del régimen de excepción.
El decreto aprobado en la madrugada del domingo permite la suspensión de las garantías constitucionales que establece el artículo 7, el 12 inciso 2, el 13 inciso 2 y el 24, en relación al artículo 131 ordinal 27 y al artículo 29.
Sin embargo, el presidente Bukele ha señalado que la vida cotidiana de los salvadoreños no se verá afectada, ya que el derecho a la libre circulación y el derecho a asociación con fines laborales, religiosos, culturales y deportivos, así como las demás libertades constitucionales no se verán alterados por este régimen de excepción.
Autoridades del Cuerpo de Bomberos El Salvador (CBES) confirmó que el voraz incendio originado un incendio estructural registrado en una bodega de electrodomésticos ubicada sobre la calle Rubén Darío, en el centro de San Salvador, la tarde del jueves, no dejó a ninguna persona lesionada.Show aéreo
Fue el subteniente del CBES, Amir Osorio, quien confirmó que el siniestro no dejó víctimas.
“Se realizó una extinción de incendio estructural, nivel dos. Recibimos la llamada a eso de las 3:35 p. m., llegamos al lugar y brindamos una respuesta eficaz. Pudimos controlar el incendio cerca de cinco minutos después haber llegado a la escena y posteriormente nos hemos quedado realizando maniobras de ventilación, remoción de escombros y liberando el edificio de todo el calor que se había acumulado”, agregó el subteniente Osorio.
Osorio añadió que, tras controlar por completo las llamas, trabajarían en el lugar para indagar qué originó el fuego.
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Ulloa participó en el XI Congreso Internacional, sobre los derechos habilitantes y nuevas fronteras jurídicas
El vicepresidente Félix Ulloa participó en el XI Congreso Internacional, sobre los derechos habilitantes y nuevas fronteras jurídicas del derecho del trabajo ante la inteligencia artificial, organizado por la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social “Guillermo Cabanellas” en la República Dominicana.
En su intervención, el Vicepresidente Ulloa reflexionó sobre la evolución tecnológica de la humanidad, desde las revoluciones industriales hasta la actual revolución algorítmica, señalando que, a diferencia de los procesos anteriores, hoy los algoritmos comienzan a sustituir funciones cognitivas propias del ser humano. Este escenario, plantea un desafío central para el derecho laboral contemporáneo: cómo garantizar la dignidad humana.
Asimismo, enfatizó la necesidad de fortalecer las instituciones laborales, modernizar la administración del trabajo frente a nuevas formas de empleo y capacitar a jueces, abogados y operadores jurídicos ante los desafíos tecnológicos emergentes. “La justicia laboral continúa siendo el último resguardo de la dignidad humana frente a los abusos dentro del entorno económico, corporativo o tecnológico”, señaló.
El Vicemandatario, también hizo un llamado a avanzar hacia una gobernanza latinoamericana del trabajo digital, mediante la construcción de estándares regionales compatibles que permitan garantizar condiciones de protección equivalentes para los trabajadores en toda la región. Finalmente, reiteró el compromiso de El Salvador con una visión de la tecnología al servicio del desarrollo y la protección de derechos, promoviendo políticas públicas que integren innovación y justicia social en el ámbito laboral.
Durante la jornada, el Vicepresidente Ulloa, fue distinguido con una medalla de reconocimiento por su trayectoria y aportes al fortalecimiento del derecho laboral y la institucionalidad democrática en la región.
El evento, desarrollado en la Universidad Federico Henríquez y Carvajal, reunió a destacadas personalidades, entre ellas el Rector de la Universidad UFHEC, Sr. Alberto Ramírez Cabral; la Presidenta de la Asociación de Abogados Laboralistas de La Romana y Vicepresidenta de la Asociación Iberoamericana del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Sra. Cleopatra González Almonte; el Ministro de Trabajo de la República Dominicana, Sr. Eddy Olivares Ortega, entre otras figuras del ámbito académico y jurídico.
La Superintendencia de Competencia (SC) recibió oficialmente la Certificación de Sistema de Gestión Antisoborno bajo la Norma ISO 37001:2016, un reconocimiento que valida la implementación de mecanismos diseñados para prevenir, detectar y enfrentar riesgos de soborno en el ejercicio de sus funciones.
El certificado fue entregado por el Organismo Salvadoreño de Normalización (OSN), representado por su directora, Yanira Colindres, junto a la jefa de Normalización, Mónica Ulloa. Durante el acto, se destacó que la acreditación es resultado de un proceso de auditoría externa que verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en el estándar internacional.
La Norma ISO 37001:2016 es un estándar global que establece lineamientos para que las organizaciones implementen sistemas de gestión antisoborno basados en controles internos, políticas claras, evaluación de riesgos, monitoreo permanente y revisión continua. Su objetivo es promover una cultura organizacional orientada a la integridad, la transparencia y el cumplimiento normativo.
Desde el OSN señalaron que la certificación confirma que la Superintendencia ha establecido y mantenido un sistema estructurado para reducir riesgos legales y reputacionales asociados a prácticas indebidas. Asimismo, subrayan la relevancia de que instituciones encargadas de la regulación de mercados adopten estándares internacionales que fortalezcan la confianza pública.
Durante su intervención, el superintendente de Competencia, Gerardo Henríquez, indicó que uno de los objetivos prioritarios de su gestión fue incorporarse a un sistema certificado internacionalmente que permitiera reforzar los controles institucionales. «Agradezco al equipo de la SC y su compromiso; este es un resultado de todos, y a la OSN por su admirable labor en guiar a nuestra institución a culminar este proceso», afirmó.
El alcance del Sistema de Gestión Antisoborno abarca los servicios y procesos sustantivos de la institución, lo que implica que sus actuaciones técnicas, administrativas y regulatorias quedan comprendidas dentro del marco de controles establecidos por la norma. Esto incluye la identificación de riesgos, la aplicación de medidas preventivas, la capacitación del personal y la adopción de mecanismos de denuncia y supervisión.
La certificación ISO 37001 no sustituye las obligaciones legales existentes, pero sí complementa el marco normativo al introducir estándares internacionales de buenas prácticas. En el caso de la Superintendencia, la acreditación se presenta como un instrumento adicional para fortalecer su rol como autoridad encargada de velar por la competencia en los mercados salvadoreños.
Con esta certificación, la institución busca consolidar un entorno de mayor confianza para los agentes económicos y la ciudadanía, al respaldar sus actuaciones bajo un sistema formal de gestión que promueve la ética y la transparencia en cada uno de sus procesos.
