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PNC y VMT verifican cumplimiento de protocolos de bioseguridad en el transporte público
Esta mañana, funcionarios del Gobierno del Presidente Nayib Bukele verificaron operativos a nivel nacional para el estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad contra el Covid-19 en el transporte público.
Los controles de parte de agentes de tránsito de la Policía Nacional Civil y delegados del Viceministerio de Transporte se realizaron en diferentes puntos del país.
El viceministro de Salud, Carlos Alvarenga, la viceministra de Operaciones del Ministerio de Salud, Karla Díaz, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez y el viceministro de Transporte, Saúl Castelar cumplieron con la misión de verificar el proceso.
El ministro Rodríguez advirtió que el Gobierno aplicará sanciones a los transportistas que no acaten la ley. “Constantemente estamos monitoreando y a quienes no acaten la ley, ponemos una infracción de tránsito, y de continuar la falta, les quitaremos la compensación”, apuntó el funcionario.
Rodríguez detalló que el objetivo es proteger la salud de los usuarios y operarios de las unidades a través del cumplimiento de las medidas como el uso obligatorio de mascarilla, alcohol gel y distanciamiento social.
El Viceministro de Transporte, Saúl Castelar, dijo que los operativos también buscan evitar las aglomeraciones en las unidades.
Estas medidas forman parte del exitoso plan de salud del Gobierno del Presidente Nayib Bukele que ha logrado contener la pandemia, contrario a otros países que enfrentar hasta una tercera ola de contagios.
Estos operativos se han incrementado luego que la Asamblea Legislativa aprobó ayer un decreto de “Disposiciones Especiales de Suspensión de Concentraciones y Eventos Públicos y Privados”, propuesto por el Presidente Bukele, y que tendrá una vigencia de 90 días a partir del día de su publicación en el Diario Oficial.
Dicho decreto no contempla cierres comerciales ni de clases presenciales. Con esta iniciativa se suspenden los actos públicos o privados con alta concentración de personas como conciertos, mítines, eventos deportivos abiertos al público y festejos patronales.
El decreto también establece sancionados con 100 salarios mínimos e incluso procesos legales contra alcaldes que no cumplir con dicho decreto.
La ministra de Vivienda, Michelle Sol, informó que al cierre de marzo del presente año, la mora en los pagos de créditos hipotecarios es del 1.89 %.
«El índice de mora de una institución refleja si su cartera está sana o hay un nivel de riesgo alto por incumplimiento de pago, el Fondo Social para la Vivienda mantiene sus índices bajos, al cierre de marzo 2026 el índice reportado fue de 1.89 %», indicó la titular, a través de sus redes sociales.
En este sentido, la funcionaria resaltó la apuesta de la institución para facilitar oportunidades de créditos a personas de ingresos variables para que puedan acceder a una vivienda, sin afectar el nivel de incumplimiento de los pagos.
«El FSV también otorga créditos a personas de ingresos variables y estas cifras demuestran que la mayoría de las personas con un crédito cumplen mes a mes su compromiso de pago», añadió Sol.
La funcionaria es enfática en la apuesta del Gobierno del presidente Nayib Bukele para facilitar el acceso a vivienda para los salvadoreños, y detalló que entre enero y marzo de este año la institución ha aprobado $44.4 millones en créditos que facilitaron la compra de 1,338 viviendas.
De estos resultados, 722 créditos, equivalentes a $28.7 millones, fueron destinados a vivienda nueva; 544 créditos, que significan $14.4 millones a vivienda usada y otras líneas de créditos; y 72 créditos más, $1.17 millones a activos extraordinarios.
El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador, resolvió que Carlos Roberto Ramírez Navas y Cristian Edgardo González Damián, sigan en la cárcel por administración fraudulenta de $1,304,455.48, en perjuicio de una sociedad dedicada al transporte de carga.
El primero era ejecutivo de clientes y el otro imputado fungía como contador, según la investigación fiscal las irregularidades fueron detectadas en los montos reportados en planillas y los efectivos pagados a los empleados, identificándose excedentes de dinero.
Hubo múltiples transferencias de fondos a favor de personas que no correspondían a empleados o proveedores. Entre las transferencias realizadas a favor de Carlos Ramírez se identificó un monto de $364,599.08 en el 2023, mientras que a favor de Cristian González fueron $82,779.69 en 2025.
Manuel de Jesús Paredes Rivera fue condenado a 50 años de cárcel por asesinar a una mujer en el barrio El Calvario, de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán.
La condena se la impuso el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador al calificar el hecho como un feminicidio agravado.
El crimen ocurrió en febrero de 2025, cuando el cuerpo de la víctima fue encontrado con múltiples lesiones, un día antes testigos informaron a las autoridades que el imputado había agredido a la mujer.
Mencionaron que había forcejeado con ella cuando llegó a ingerir bebidas alcohólicas, tras el altercado se fueron del lugar y no volvieron. La autopsia determinó que había sido asfixiada y que además tenía un golpe en la cabeza.
El informe forense detalló que el cuerpo de la víctima tenía lesiones al intentar defenderse, en una mano descubrieron ADN que coincidía con el de Paredes Rivera. Hubo además testigos quienes declararon sobre lo ocurrido.
