Nacionales
PNC y VMT verifican cumplimiento de protocolos de bioseguridad en el transporte público
Esta mañana, funcionarios del Gobierno del Presidente Nayib Bukele verificaron operativos a nivel nacional para el estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad contra el Covid-19 en el transporte público.
Los controles de parte de agentes de tránsito de la Policía Nacional Civil y delegados del Viceministerio de Transporte se realizaron en diferentes puntos del país.
El viceministro de Salud, Carlos Alvarenga, la viceministra de Operaciones del Ministerio de Salud, Karla Díaz, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez y el viceministro de Transporte, Saúl Castelar cumplieron con la misión de verificar el proceso.
El ministro Rodríguez advirtió que el Gobierno aplicará sanciones a los transportistas que no acaten la ley. “Constantemente estamos monitoreando y a quienes no acaten la ley, ponemos una infracción de tránsito, y de continuar la falta, les quitaremos la compensación”, apuntó el funcionario.
Rodríguez detalló que el objetivo es proteger la salud de los usuarios y operarios de las unidades a través del cumplimiento de las medidas como el uso obligatorio de mascarilla, alcohol gel y distanciamiento social.
El Viceministro de Transporte, Saúl Castelar, dijo que los operativos también buscan evitar las aglomeraciones en las unidades.
Estas medidas forman parte del exitoso plan de salud del Gobierno del Presidente Nayib Bukele que ha logrado contener la pandemia, contrario a otros países que enfrentar hasta una tercera ola de contagios.
Estos operativos se han incrementado luego que la Asamblea Legislativa aprobó ayer un decreto de “Disposiciones Especiales de Suspensión de Concentraciones y Eventos Públicos y Privados”, propuesto por el Presidente Bukele, y que tendrá una vigencia de 90 días a partir del día de su publicación en el Diario Oficial.
Dicho decreto no contempla cierres comerciales ni de clases presenciales. Con esta iniciativa se suspenden los actos públicos o privados con alta concentración de personas como conciertos, mítines, eventos deportivos abiertos al público y festejos patronales.
El decreto también establece sancionados con 100 salarios mínimos e incluso procesos legales contra alcaldes que no cumplir con dicho decreto.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
