Nacionales
PNC y VMT verifican cumplimiento de protocolos de bioseguridad en el transporte público
Esta mañana, funcionarios del Gobierno del Presidente Nayib Bukele verificaron operativos a nivel nacional para el estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad contra el Covid-19 en el transporte público.
Los controles de parte de agentes de tránsito de la Policía Nacional Civil y delegados del Viceministerio de Transporte se realizaron en diferentes puntos del país.
El viceministro de Salud, Carlos Alvarenga, la viceministra de Operaciones del Ministerio de Salud, Karla Díaz, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez y el viceministro de Transporte, Saúl Castelar cumplieron con la misión de verificar el proceso.
El ministro Rodríguez advirtió que el Gobierno aplicará sanciones a los transportistas que no acaten la ley. “Constantemente estamos monitoreando y a quienes no acaten la ley, ponemos una infracción de tránsito, y de continuar la falta, les quitaremos la compensación”, apuntó el funcionario.
Rodríguez detalló que el objetivo es proteger la salud de los usuarios y operarios de las unidades a través del cumplimiento de las medidas como el uso obligatorio de mascarilla, alcohol gel y distanciamiento social.
El Viceministro de Transporte, Saúl Castelar, dijo que los operativos también buscan evitar las aglomeraciones en las unidades.
Estas medidas forman parte del exitoso plan de salud del Gobierno del Presidente Nayib Bukele que ha logrado contener la pandemia, contrario a otros países que enfrentar hasta una tercera ola de contagios.
Estos operativos se han incrementado luego que la Asamblea Legislativa aprobó ayer un decreto de “Disposiciones Especiales de Suspensión de Concentraciones y Eventos Públicos y Privados”, propuesto por el Presidente Bukele, y que tendrá una vigencia de 90 días a partir del día de su publicación en el Diario Oficial.
Dicho decreto no contempla cierres comerciales ni de clases presenciales. Con esta iniciativa se suspenden los actos públicos o privados con alta concentración de personas como conciertos, mítines, eventos deportivos abiertos al público y festejos patronales.
El decreto también establece sancionados con 100 salarios mínimos e incluso procesos legales contra alcaldes que no cumplir con dicho decreto.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
