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Pandilleros acusan falsamente a un hombre de colaborar con la PNC, intentan matarlo y le queman su negocio y carro
Los primeros días de abril de 2016, un grupo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron un patrullaje en el barrio San Jacinto, al Sur de San Salvador. Haber presenciado este hecho y estar en el lugar y a la hora equivocada le valió a un comerciante para perderlo todo.
Durante esa actividad, uno de los miembros de la institución de seguridad pública logró detener a un pandillero de la MS, quien se identificó como Óscar Armando Serrano, alias “Telule”.
Esto lo logró observar el dueño de un negocio de electrodomésticos y muebles, ahora denominado como “Job” debido a que se encuentra bajo el régimen de protección de víctimas y testigos, según consta en el expediente judicial por este caso.
“Job” escuchó el nombre del sujeto, pues la detención ocurrió frente a su sitio de comercio. Seis meses después, precisamente a las 2:25 de la tarde del 11 de octubre de ese 2016, “Telule” llegó al negocio.
Minutos antes, la víctima había visto en la zona al pandillero, junto a otros tres más: Óscar Castellanos, un sujeto de 21 años de edad conocido como “Gorila”; Walter Mendoza Beltrán, de 21 años y con el alias “Baysi”; y Daniel Alexander Rodríguez, de 19 años de edad y conocido como “Moronguita”.
“Esto es lo que le sucede a los que son informantes de la Policía”, dijo “Telule” al comerciante, mientras desenfundaba un arma de fuego que portaba en la cintura.
El sujeto le apuntó a la víctima y al ver esa acción esta tomó un envase de gaseosa para golpear al pandillero.
Tras recibir el impacto con el objeto de vidrio, “Telule” presionó el gatillo del arma, pero esta no se disparó. Nuevamente, el atacante intentó cargar la pistola, pero estaba encasquillada. Ante esto, el hombre ingresó al local para golpear al comerciante con la cacha. Lo hizo en varias ocasiones hasta que el perro de “Job” le ladró y se le abalanzó para morderlo.
El pandillero huyó, los vecinos llamaron a la Policía y auxiliaron al afectado. Por las lesiones graves que recibió, “Job” fue trasladado hacia un centro asistencial, por lo que este retornó a su vivienda, situada en un condominio de San Jacinto, en horas de la madrugada del 12 de octubre.
El incendio que acabó con su negocio
La tarde del 12 de octubre, “Job” reposaba en su departamento para curar las lesiones. Se encontraba analizando lo que le había ocurrido el día anterior cuando escuchó una detonación y sintió un olor a gasolina.
Al salir de su vivienda observó que su negocio se encontraba en llamas, así como su vehículo. El fuego había sido provocado por una menor de edad a la que identificaron como “La Sicaria”, por “Telule” y por el pandillero conocido como “Gorila”.
Las pérdidas fueron valoradas en un total de $16,920, pues todo lo que “Job” comercializaba fue consumido por el incendio.
Tras el percance y rodeado por el temor, la víctima decidió marcharse del condominio por tres días, por lo que retornó a eso de las 4:00 de la tarde del día 15 de octubre. Para su sorpresa, encontró un papel que había sido metido por debajo de la puerta.
“Nosotros, los pandilleros de la MS que controlamos el barrio San Jacinto, no queremos que ninguna persona que habita en estos condominios ande hablando con la Policía, así que necesitamos que se retiren”, fue la amenaza que recibió.
Pero las palabras que le recordó la pérdida de su negocio fueron: “Nosotros somos fuego y si juegan con fuego se van a quemar”.
Debido al temor, varias familias estaban desalojando los condominios y esto le dio más valor a “Job” para interponer la denuncia en la policía. El proceso jurídico inició en el Juzgado 11° de Paz.
Los pandilleros antes mencionados fueron detenidos, pero el caso fue individualizado por lo que el Tribunal 3° de Sentencia procesa a “Telule” por el delito de homicidio agravado tentado. El próximo 19 de septiembre se realizará la audiencia de vista pública en su contra, luego de que fuera aplazada en el mes de julio.
Con una inversión de 3 millones de dólares, 82 familias que habitaban en zonas de alto riesgo recibieron las llaves de su nuevo hogar gracias al Programa de Reasentamiento que lidera el Ministerio de Vivienda.
«Este proyecto ha costado $3 millones, los fondos incluyen urbanización, materiales para viviendas y todo para que la comunidad tenga condiciones dignas y seguras», dijo la ministra de Vivienda, Michelle Sol.
Las casas forman parte del Proyecto Habitacional 10 de Mayo, ubicado en la comunidad 10 de Mayo, en el cantón Llano de La Laguna, distrito de Ahuachapán, Ahuachapán Centro.
El proyecto incluye obras de urbanización, así como los servicios básicos. Las viviendas cuentan con dos dormitorios, comedor, cocina, sala y baño.
«Este proyecto es parte del Programa de Reasentamiento, con el que buscamos proteger a miles de salvadoreños que, históricamente, han vivido en zonas de alto riesgo. Con esta iniciativa, a escala nacional, se han invertido y ejecutado $56 millones», añadió Sol.
Las familias beneficiadas formaron parte del proceso de construcción bajo la modalidad de ayuda mutua.
«Damos gracias a Dios por esta oportunidad y por recibir nuestras llaves. Son muchos sentimientos encontrados porque es el patrimonio de nuestros hijos. Fuimos trabajando todos de la mano; soy madre soltera, estoy muy feliz y agradecida con el presidente Nayib Bukele», expresó Ruth Serrano, beneficiada con el proyecto habitacional.
Recientemente, el Gobierno de El Salvador, mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores, realizó el acto de certificación de electricistas de 4. ° categoría de 25 salvadoreños retornados.
El evento fue presidido por la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Patricia Nathaly Godínez, quien remarcó que con este tipo de apuestas generan oportunidades de fortalecimiento de capacidades e inclusión, enfocadas en la reintegración económica y social de las personas migrantes retornadas.
La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Patricia Nathaly Godínez, entrega su certificado a uno de los salvadoreños retornados beneficiados con dicho programa. Foto: Cancillería de El Salvador
Este tipo de proyecto se encuentra enmarcado en el Plan Nacional de Reintegración para Personas Retornadas, que impulsa el Gobierno del presidente Nayib Bukele, informó Cancillería en su sitio web.
«Desde el “Proyecto para la protección a población en movilidad”, impulsado por la Cancillería, se cuenta con una visión centrada en los derechos humanos, la inclusión y el desarrollo sostenible. Por ello, la reintegración económica de las personas retornadas requiere trabajo articulado entre instituciones públicas, cooperación internacional, academia y gobiernos locales», aseguró Godínez.
Parte de los capacitados en electricidad. Foto: Cancillería de El Salvador
Asimismo, subrayó que, además de las competencias técnicas, se fortalecieron habilidades blandas en cada uno de los participantes (como el desarrollo integral, la confianza y la resiliencia).
En tanto, la jefa de misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en El Salvador, Ana Medeiros, recordó que la reintegración no ocurre de manera inmediata ni depende de una sola institución, sino que requiere articulación interinstitucional, acompañamiento continuo y oportunidades que permitan a las personas fortalecer sus capacidades y construir nuevas perspectivas para su desarrollo laboral.
La jefa de misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en El Salvador, Ana Medeiros. Foto: Cancillería de El Salvador
A su vez, Medeiros, señaló que los participantes fueron beneficiados con jornadas de atención psicosocial, con las que se pretende reforzar capacidades profesionales, sociales y personales.
La Universidad Don Bosco estuvo a cargo de capacitar y certificar a los participantes, aseguró la cancillería.
América Latina y el Caribe encadenaron en 2025 desastres climáticos y olas de calor sofocaron a sus poblaciones, pero la región es incapaz de contabilizar las muertes causadas por esas temperaturas extremas, alertó un informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
El documento «El estado del clima en América Latina y el Caribe 2025», presentado este lunes en Brasilia, registra un año de récords en casi todos los frentes.
Lluvias torrenciales, con inundaciones y deslizamientos de tierra, golpearon varios países como Perú, Ecuador, Brasil, Colombia y Venezuela.
El huracán Melissa devastó Jamaica, con pérdidas de más del 40 % de su PIB.
El 85 % del territorio mexicano fue golpeado por una sequía, mientras los glaciares andinos, de cuya agua dependen unas 90 millones de personas, aceleraron su deshielo.
El informe destaca las recurrentes e intensas olas de calor que asolaron gran parte de América del Norte, Central y del Sur, con temperaturas por encima de los 45 ºC en varios puntos.
El documento apunta que el calor extremo implica «una carga creciente para la salud pública».
Pero la mayoría de los países no publica de forma sistemática datos sobre los fallecimientos por calor, y los impactos suelen deducirse a partir del análisis del exceso de mortalidad.
El organismo calcula que en América Latina mueren alrededor de 13,000 personas al año por causas atribuibles al calor, según un promedio de 17 países entre 2012 y 2021. Pero advierte que esa cifra es, casi con certeza, una subestimación.
«A medida que se intensifiquen los episodios de calor extremo, la mortalidad evitable solo se podrá reducir si se redobla la cooperación entre las esferas del clima y la salud», alerta la OMM.
Existe «una necesidad imperiosa de integrar las alertas meteorológicas tempranas con los sistemas de activación de la salud pública», señala la OMM en un comunicado.
Brasil ilustra tanto la magnitud del problema como sus límites. El Instituto Nacional de Meteorología del país registró siete olas de calor a lo largo de 2025.
En febrero, Rio de Janeiro alcanzó 44 ºC y Sao Paulo batió en diciembre su récord histórico con 37.2 ºC en 64 años de mediciones.
Las escuelas retrasaron su regreso a clases, hubo gente que buscó alivio en playas y en los «refugios climáticos» habilitados por las autoridades municipales.
Pero las muertes directamente atribuidas al calor en ese período siguen siendo, en gran parte, invisibles en las estadísticas oficiales.
La secretaria general de la OMM, la argentina Celeste Saulo, dijo que el informe «es un llamado a la acción».
«Nos insta a fortalecer las observaciones, invertir en servicios, subsanar las deficiencias en los sistemas de alerta temprana y garantizar que la información climática llegue a quienes más la necesitan», afirmó la funcionaria en un comunicado.
El Plan de Acción en Salud de Belém, aprobado en la COP30 de la ONU en noviembre, establece una hoja de ruta para adaptar los sistemas de salud a la crisis climática, recuerda la OMM, que llama en su informe a aplicarla.
