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Pandillero que colaboraba con FGR fue vendido por su novia a la Mara Salvatrucha por $5 mil
Durante varias semanas, un delincuente de la Mara Salvatrucha (MS) identificado con el alias de «Buda» se convirtió en aliado de la Fiscalía General de la República (FGR) para dar con la captura de seis peligrosos criminales de esa estructura que opera en una colonia de San Salvador.
Con detalle, fue revelando a las autoridades la forma de operar, delitos cometidos, ubicación y actividades de sus compinches; el trato era que él recibiría una pena menor por su participación en otros delitos. Gracias a su colaboración, fueron cayendo uno a uno seis miembros de la estructura.
Con lo que «el Buda» no contaba era con que la corrupción en el sistema de justicia le jugaría una mala pasada. Un fiscal de la Unidad Antipandillas de la FGR le informó al abogado Alejandro Amaya, quien actuaba como defensor de los pandilleros detenidos, la identidad del «soplón».
Fue la sentencia para «el Buda».
El fiscal, a quien en el proceso solo se le señala con el nombre de Israel, habría llegado a la casa del abogado para entregarle un folder que contenía la documentación del testigo criteriado; esta información no tardó en llegar a las manos de los pandilleros, que sabían que, como ley de la estructura terrorista, el costo de la traición era una sola: la muerte.
La emboscada
Tras la captura de los compinches del «Buda», este salió huyendo de su casa ubicada en una colonia de Ciudad Delgado, pero en algún momento regresó buscando a Katy, una joven con la cual sostenía una relación sentimental.
Katy le contó a los miembros de la pandilla que este la estaba buscando, supuestamente para no tener revanchismos y porque para ella, la relación ya había terminado.
A los días, la mujer recibió una llamada de «Leo», uno de los cabecillas de la estructura quien estaba recluido en las bartolinas de Ilopango, y le dijo que a cambio de la información, recibiría una «recompensa» de $5,000. Desde entonces, Katy cambió su actitud con su antiguo novio pandillero.
Según la Fiscalía, los pandilleros le daban $100 por cada cita que tenía con «el Buda». La mujer incluso utilizó parte del dinero en pagarle a un brujo para que le ayudara a reconquistar al delincuente.
Finalmente, logró que este la llevara a su casa, en una colonia de Santa Tecla, y con esto consiguió la información que tanto había esperado.
Lo demás fue cuestión de tiempo. Los delincuentes contactaron con una estructura de Santa Tecla para que asumiera «el encargo» de deshacerse del soplón a cambio de un pago de $200.
El plan incluía que Katy citara al «Buda» en la Plaza Merliot con la excusa que quería celebrar la Navidad con él.
Soborno a la policía
El asesinato del pandillero se frustró en un primer intento luego de que elementos de la Policía Nacional Civil intervinieran a los dos sicarios cuando se encontraban en una pupusería esperando el aviso de Katy.
Entre los encargados de la ejecución se encontraba el “Snaiper”, quien fue detenido por tener otras órdenes pendientes por delitos de homicidio tentado y amenazas.
Según la información judicial, el «Snaiper» tenía en su billetera $270, además de tres teléfonos celulares y una cadena de oro, las cuales le valieron al delincuente para sobornar a los agentes y no ser trasladados a una bartolina.
Tras ese primer intento, Katy volvió a citar al «Buda» y en esa ocasión, el plan se consumó. Uno, dos, tres disparos en el pecho terminaron con la vida del testigo.
Por el crimen del sujeto actualmente son procesados René Leonidas Quijano, alias «Leo»; William Erenesto Rodríguez, alias «Corrupto», y Kevin Orlando Alvarenga, alias «Maligno». En total, los sujetos son procesados por 29 casos diferentes.
La audiencia de vista pública que se desarrolla en el juzgado especializado de Sentencia “A” se encuentra en la fase de alegatos finales, los cuales se tiene previsto que finalicen en los próximos días.
Por : Warner Velásquez/ El Salvador Times
En lo que parece ser un nuevo episodio de maniobras legales para ganar más tiempo en los tribunales, el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador se vio obligado a reprogramar diligencias clave en el proceso penal contra una estructura acusada de administración fraudulenta conformadas por los imputados Juan Ignacio Berger Jiménez, Marisabel Umaña Velásquez y Carol Odette Echeverria Cabrera.
Los señalados están implicados en el desfalcos contras las empresas Maintenance and Services S.A. de C.V. y Tierras Nacionales, LTDA DE C.V. Un proceso donde Jorge Alberto Gaitán Castro es uno de los principales procesados en calidad de autor directo del delito.
Este proceso está caso conectado a la disputa internacional entre Terra Towers y la estadounidense TPG Pepertree por el control de Continental Towers, y a un expediente criminal abierto en otro tribunal salvadoreño en el cual se la ha decretado orden de detención a tres ejecutivos estadounidenses de la empresa de ese país: Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri
Este último movimiento de la defensa hizo que ganaran por lo menos tres semanas. La decisión surge tras un cambio repentino en el equipo de defensa de cuatro de los principales procesados, una táctica que, aunque legal, suele ser señalada como una herramienta típica para dilatar el avance de la justicia.
El pasado 14 de abril, la sede judicial recibió un escrito donde nuevos abogados solicitaron ser nombrados como defensores particulares en sustitución de cualquier abogado nombrado anteriormente. Esta movida dejó fuera del tablero a siete abogados que ya venían ejerciendo la representación técnica de los imputados.
Bajo el argumento de «desconocer el proceso penal» y haber recibido el poder apenas el 8 de abril en la Ciudad de Guatemala, la nueva defensa pidió suspender la audiencia especial programada originalmente para el 16 y 17 de abril.
Audiencias al congelador.
La jueza a cargo, tras valorar el derecho irrenunciable a la defensa técnica, cedió ante las peticiones, provocando un retraso en el calendario judicial:
• Audiencia de Revisión de Medidas: Estaba prevista para el 17 de abril de 2026. Ahora, los imputados ganaron tres semanas, pues la cita se movió al 7 de mayo.
• Juramentación de Peritos: Esta etapa crucial, donde se entregan los puntos de pericia para analizar el posible fraude, fue movida de inicios de mayo hasta los días 8 y 9 de junio de 2026.
Un caso de millones y empresas
El proceso, que se instruye bajo la referencia 166-2025-11/AC, gira en torno al delito de administración fraudulenta tipificado en el Art. 218 del Código Penal. Las víctimas son las sociedades Maintenance and Services S.A. de C.V. y Tierras Nacionales, LTDA DE C.V.
Entre los procesados figuran Jorge Alberto Gaitán Castro, señalado como autor directo, junto a otros cómplices necesarios que ahora cuentan con nuevos defensores y más tiempo para preparar su estrategia antes de enfrentar al juez.
Mientras la defensa técnica argumenta la necesidad de un «plazo prudencial» para revisar los folios del expediente, el sistema de justicia salvadoreño vuelve a enfrentar el reto de balancear las garantías procesales con la celeridad que exigen las víctimas de delitos financieros. Por ahora, los informes al Ministerio de Hacienda y la entrega de copias del expediente son los únicos pasos que avanzan con firmeza en esta causa.
No es la primera vez que se reprograma una audiencia en este caso en beneficios de los sospechosos.
Durante la sesión plenaria 106, la Asamblea ratificó ayer —con 56 votos— la suscripción de un préstamo por $501.2 millones entre el Ejecutivo y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para financiar el Programa Acelerar el Aprendizaje en El Salvador con Innovación Digital.
Este proyecto lo ejecutará el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt), y se fundamenta en el uso eficiente de la innovación educativa mediante plataformas digitales y herramientas emergentes basadas en la inteligencia artificial, para optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje al integrar tecnología y el acompañamiento de los docentes.
La petición del Ejecutivo a la Asamblea detalla que el programa será financiado con la modalidad de resultados específicos y medibles, es decir, los desembolsos que se efectúen dependerán de los avances en el aprendizaje, uso responsable y efectivo de la tecnología y el fortalecimiento institucional.
«En el programa se han identificado tres áreas de resultados que en un período de cinco años el BIRF estará monitoreando mediante un equipo de expertos», explicó en la comisión esta semana Marlon Herrera, director de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda.
La primera área de resultados a las que se refirió el funcionario se relaciona con mejorar el aprendizaje en los salones de clases, especialmente en la lectura y el desarrollo de matemáticas a través de una enseñanza estructurada, el empleo de recursos digitales y programas de refuerzo para estudiantes desde segundo grado hasta segundo año de bachillerato.
En este apartado se ha integrado a los directores de los centros educativos para fortalecer su rol en el acompañamiento a los maestros.
La segunda área comprende fortalecer el sistema educativo mediante evaluaciones de aprendizaje, así como un mejor monitoreo y toma de decisiones, apoyadas por sistemas de información más robustos.
Mientras que la tercera promueve el uso de la tecnología, garantiza la conectividad, la entrega de dispositivos y plataformas digitales que apoyen el aprendizaje y el desarrollo de habilidades relevantes para la vida laboral.
«Para el logro de estos indicadores se requiere de insumos tecnológicos, materiales y recurso humano que el banco va a reconocer dentro del financiamiento», afirmó Herrera.
El Vicepresidente Félix Ulloa, sostuvo un acercamiento con el Vicepresidente de la Cámara de Diputados de la República Italiana, Sr. Giorgio Mulé, en el marco de una agenda orientada al fortalecimiento de los lazos de cooperación y diálogo político entre El Salvador e Italia.
Durante el encuentro, el Vicepresidente Ulloa expuso el proceso de transformación que impulsa El Salvador bajo el liderazgo del Presidente Nayib Bukele, haciendo referencia al contexto de crisis en materia de seguridad, economía y control territorial que enfrentó el país, así como a la implementación de una estrategia integral conformada por siete etapas, que ha permitido recuperar el orden, fortalecer la presencia del Estado en los territorios y avanzar en procesos de reinserción social en las comunidades.
Asimismo, destacó que las reformas adoptadas en materia penal y procesal penal han sido herramientas necesarias para fortalecer la capacidad de investigación de las instituciones y salvaguardar el bienestar de la población, en estricto apego al respeto de los derechos humanos. El Vicemandatario, extendió una invitación a Italia para participar como observador en los comicios electorales de 2027.
Por su parte, el Vicepresidente Giorgio Mulé expresó su interés en conocer con mayor profundidad las reformas impulsadas en El Salvador, particularmente en lo relativo a la legislación penal juvenil y al Código Penal, reconociendo además la transformación que el país ha experimentado en materia de seguridad y su impacto en la estabilidad del entorno regional.
En un ambiente de cordialidad y apertura, ambas autoridades coincidieron en la importancia de continuar promoviendo espacios de intercambio de experiencias y cooperación entre ambas naciones.
