Nacionales
Nueva prórroga del régimen de excepción por 30 días permitirá continuar el combate a las pandillas
La Asamblea Legislativa aprobó anoche la décima prórroga del régimen de excepción, la medida constitucional que llevó, junto con los planes de seguridad que impulsa el Gobierno del presidente Nayib Bukele, a que 2022 fuera el año más seguro en la historia de El Salvador como república.
Los resultados, negados por la oposición política, son irrefutables. El año pasado, las autoridades registraron 495 homicidios a escala nacional, con un promedio diario de 1.4.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, tras presentar la solicitud de extensión, reafirmó: «Gracias al régimen de excepción, 2022 fue el año menos violento de la historia del país. No solo hemos salido de la lista negra, sino que somos una de las naciones más seguras de América Latina».
La solicitud de prórroga fue recibida por el presidente del congreso, Ernesto Castro y fue aprobada con 67 votos de los diputados de los partidos Nuevas Ideas, GANA, PCN, PDC y los diputados Carlos Reyes, Jorge Rosales y Donato Vaquerano.
Los del FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo votaron en contra. La bancada de ARENA se abstuvo.
«Con todas las medidas de seguridad tomadas hemos tenido una reducción en la cifra de homicidios. La oposición quiere que dejemos de aplicar el régimen de excepción, pero continuaremos», dijo por su parte el ministro de la Defensa, René Merino Monroy, y destacó que la tasa de asesinatos ha descendido drásticamente (cerró el año anterior en 7.8), pero se busca que sea menor a dos por cada 100,000 habitantes.
Castro reiteró que el nuevo parlamento continuará apoyando los planes de seguridad pública del Ejecutivo, que hacen que ahora «la verdadera paz se esté viviendo en El Salvador», aludiendo con ello al derramamiento de sangre dejado por el conflicto armado y los años de violencia generada por las pandillas, sin que los gobiernos de ARENA y el FMLN los detuvieran.
La nueva Asamblea Legislativa ha respaldado el estado de excepción desde el 27 de marzo pasado, tras una ola de asesinatos cometidos en la víspera por terroristas en 12 de los 14 departamentos del país.
La décima prórroga iniciará el próximo martes y finalizará, según el decreto aprobado anoche, el 15 de febrero.
Datos oficiales revelan que el año pasado se registraron 169 días sin homicidios, de los que 162 fueron durante el régimen de excepción.
Los homicidios en El Salvador han venido a menos desde la llegada al poder del presidente Bukele, el 1.º de junio de 2019, año en que ocurrieron 2,398 asesinatos y en el que finalizó su gestión el efemelenista Salvador Sánchez Cerén.
En los siguientes dos años, 2020 y 2021, se registraron 1,341 y 1,147, respectivamente, ya con la aplicación del Plan Control Territorial (PCT), que también ha permitido la recuperación de zonas en poder de pandillas y ha golpeado al crimen organizado y común.
Al cierre del año pasado, con el régimen de excepción vigente, el cual apoyan nueve de cada 10 salvadoreños, El Salvador quedó fuera de la lista de los 15 países de Latinoamérica con mayor tasa de violencia homicida, por primera vez en su historia, y se encamina a tener el índice más bajo de homicidios en el continente.
Durante la discusión de la iniciativa para prorrogar la medida constitucional, el jefe de la bancada efemelenista, Jaime Guevara, volvió anoche a criticar el trabajo que realiza el Ejecutivo para combatir a los grupos criminales.
Por su parte, la diputada Marcela Pineda, de Nuevas Ideas, recordó en el pleno que con el Plan El Salvador Seguro, el FMLN no resolvió el problema de la criminalidad, resultando más bien en un incremento de homicidios y otros delitos, a pesar de haber destinado millones de dólares de los recursos públicos en diversas acciones.
Con el propósito de oficializar diferentes iniciativas de cooperación para el fortalecimiento institucional, el Vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, sostuvo una reunión con el Presidente Ejecutivo de certalatam,Pablo Scotellaro.
En el encuentro, el Vicepresidente Ulloa, en su calidad de Rector de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), destacó el compromiso de la institución con la profesionalización de la función pública, la mejora continua de los servicios estatales y la construcción de una administración más eficiente, innovadora y orientada al bienestar de la población.
Por su parte, el Presidente Ejecutivo de CERTAL resaltó la transformación que vive el país y señaló que el modelo salvadoreño resulta de especial interés para América Latina, al integrar componentes como la tecnología, el turismo, la innovación, la educación con valores esenciales como la ética y la fe. “Queremos que El Salvador sea un aliado principal de CERTAL, para mostrar Latinoamérica al mundo”, afirmó.
Asimismo, habló sobre los siguientes pasos para establecer un centro de formación de alta tecnología, una iniciativa que permitirá abrir nuevos espacios de colaboración, fortalecer los lazos de hermandad entre Uruguay y El Salvador, y proyectar de forma integral los avances alcanzados en la región.
El Director Ejecutivo del Centro Nacional de Registros, Sr. Camilo Trigueros destacó los avances del CNR como referente de modernización institucional, gracias a una nueva estructura orientada a agilizar trámites, reducir costos y facilitar procesos en beneficio de la ciudadanía. En ese sentido, aclaró que El Salvador ya cuenta con herramientas como la firma electrónica, la factura electrónica y el sello electrónico, fortaleciendo así la transformación digital del Estado. Destacó también la reciente participación en el Encuentro Ministerial organizado por CERTAL junto a la Secretaría de la Presidencia en Montevideo, Uruguay, en donde tuvo la oportunidad de presentar los avances de modernización del CNR, así como los proyectos de formación impulsados desde la ESIAP, los cuales fueron presentados en el mencionado evento por la Directora Ejecutiva de la institución, Sra. @ClaudiadeLarin.
CERTAL es una organización que impulsa espacios de diálogo y articulación entre los sectores público y privado, especialmente en los ámbitos de las telecomunicaciones, mediante cumbres, simposios, encuentros de alto nivel, conferencias y jornadas de capacitación; razón por la cual, se ha comenzado a trabajar en diferentes iniciativas en el marco del acuerdo interinstitucional entre la ESIAP y el CNR para el fortalecimiento de la administración pública en la región.
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— Diario Digital Cronio (@croniosv) May 26, 2026
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Juez solicita certificaciones de condenas por crímenes que ordenaron 486 cabecillas de la MS
El juicio contra 486 cabecillas de la Mara Salvatrucha procesados en audiencia única abierta, permanecerá en receso hasta que diversos tribunales envíen unas 20 certificaciones de condenas impuestas a la Mara Salvatrucha, por crímenes que ordenó la ranfla histórica y demás jefes de esa estructura señalados de 47,427 delitos.
A mediados de la segunda semana de mayo cuando la Fiscalía General de la República informó al juez de la causa que estaban listos para exponer extensos alegatos finales, el funcionario judicial informó que iban entrar en una pausa indefinida porque, pese a las solitudes enviadas a varios tribunales de todo el país para que entregaran las certificaciones de juicios que terminaron en condenas en contra de la MS, no se había recibido respuesta.
La última información que se sabe, es que el juez ya volvió a requerir a los tribunales esas certificaciones, que son parte de la prueba documental que el ministerio público ha ofrecido para fortalecer la acusación por múltiples crímenes consumados con el aval de los 486 cabecillas enjuiciados.
Hasta que el tribunal tenga en su sede esa documentación, se reanudará la audiencia única, esas certificaciones de condenas son hechos que la Mara Salvatrucha perpetró entre el 2012 y 2022, período mediante el cual cometieron de 444 casos de homicidios con un total de 29,000 víctimas.
Esos hechos fueron ejecutados por la organización terrorista conformada por 32 programas [estructura jerárquica superior] distribuidos en 230 clicas [células territoriales].
A mediados de mayo lo último que la Fiscalía presentó fue la prueba documental y pericial mediante la lectura para que sea valorada por el juez.
Las agrupaciones ilícitas es el delito principal acusado por el hecho de ser miembros de la Mara Salvatrucha, se incluyen también extorsión, tráfico de armas, tráfico de droga, trata de personas y homicidio.
El ministerio público ha informado que cuando se reinicie con la audiencia van a exponer alegatos finales extensos con varias jornadas en las cuales aclararán al juez la participación de los terroristas en cada uno de los ilícitos atribuidos y que se les condene por cada una de las imputaciones.
Con audios y videos se ha establecido el nivel jerárquico en la MS, para consumar los delitos entre el 2012 y 2022 y acreditar la autoría mediata en los aparatos organizados de poder y no ver a los cabecillas como simples cómplices o inductores, sino como los hombres de atrás, quienes en su calidad de máximos jefes de estructuras ordenaron crímenes a cientos de pandilleros.
Jueces del Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador comenzaron este lunes a enjuiciar en audiencia única abierta a 134 terroristas de dos estructuras de la Mara Salvatrucha.
Son dos expedientes únicos diligenciados por separado en esa sede judicial, el primero es en contra de 43 pandilleros de la clica Dalmacia Locos Salvatruchos que por años estuvieron delinquiendo en el distrito de San Marcos, al sur de San Salvador,
Al iniciar la audiencia, la Fiscalía General de la República planteó al tribunal que con la abundante prueba recopilada acreditará que los mareros incurrieron en delitos de crimen organizado.
La principal acusación es por agrupaciones ilícitas y entre los enjuiciados hay dos cabecillas, uno de ellos es el fundador y el otro tiene el rango de corredor de clica.
Para ambos el ministerio público pretende que se les condene a la pena máxima de 60 años de prisión, la reformas que la Asamblea Legislativa aprobó a la Ley contra el Crimen Organizado ordena que fundadores y cabecillas de pandillas deben ser condenados de 45 a 60 años de prisión y en este caso los representantes de la Fiscalía se proponen lograr una condena con la pena máxima.
Además, los terroristas también enfrentan los delitos de tenencia ilegal de armas de fuego, así como posesión y tenencia con fines de tráfico.
En el segundo expediente, son procesados 91 terroristas que durante décadas estuvieron delinquiendo en barrios, colonias, caseríos y cantones de cinco distritos de departamento de Cabañas.
Los imputados enfrentan agrupaciones ilícitas como delito común, pero también son señalados de tráfico ilícito de drogas y organizaciones terroristas cometidos durante su accionar en Sensuntepeque, Ilobasco, Tejutepeque, Jutiapa y Cinquera.
Estos pandilleros fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada, a través de las incursiones realizadas en el marco del régimen de excepción, esas acciones realizadas les permitieron ingresar a peligrosas colonias.
En Sensuntepeque, detuvieron a los mareros que delinquían en las colonias Los Llanitos, Quinteros y El Moidán, territorios que estaban bajo el dominio de estos terroristas.
En Sensuntepeque, los miembros de estas estructuras estuvieron extorsionando y asesinando personas por varios años.
Los hechos fueron cometidos en el 2012. «Entre los enjuiciados hay un corredor de programa, 3 corredores de clica, 3 corredores de base y varios homeboys que cumplían también con el rol de cabecillas. Además, hay nueve imputados con el rango de chequeo, seis observadores y 44 colaboradores de la pandilla», informó la Fiscalía.
