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MOP propone endurecer las sanciones para los conductores peligrosos
El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, informó que trabaja con la Asamblea Legislativa para consolidar una normativa con sanciones más duras para los conductores ebrios.
El funcionario dijo que se busca evitar la reincidencia en los conductores que manejan bajo los efectos de alcohol o drogas, y que representan riesgos para los demás usuarios de la vía.
«Ahorita estamos trabajando con la Asamblea Legislativa para tener leyes más fuertes. No es posible que tengamos conductores que pasan dos o tres veces que los detectamos en estado de ebriedad y están conduciendo un vehículo, eso no puede seguir sucediendo», planteó Rodríguez.
Entre los avances que estos trabajos han dejado se encuentra un pliego de reformas aprobadas por los diputados en 2023. En dichas reformas se plantea que aumentarían a $50 las multas leves, a $100 las multas graves, y a $150 las muy graves.
Además, se propone la licencia por puntos, que implica que cada conductor recibirá puntos por cada multa impuesta, y al llegar a un número establecido, perderá la licencia por unos años.
La conducción peligrosa, al ser una falta muy grave, recibiría varios puntos por cada sanción. Las autoridades han reiterado que se busca crear un cambio de cultura vial basada en el respeto a los demás conductores y a los peatones, ya que solo en 2023 en El Salvador hubo ocho veces más muertes por siniestros viales que por hechos violentos.
Según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi), entre el 1.º de enero y el 31 de diciembre de 2023, 1,256 personas fallecieron en los 18,463 siniestros viales que se registraron a escala nacional.
Además, según los datos brindados por el Gabinete de Seguridad, 154 personas fallecieron en diversos hechos violentos el año pasado, de los cuales solo el 6 % fue cometido por pandillas.
Por lo tanto, las autoridades han incrementado los controles antidopaje para detectar a conductores peligrosos y sacarlos de circulación.
En lo que va de 2024, el porcentaje de conductores peligrosos detenidos ha incrementado un 49 %, y muestra de ello es que solo en el fin de semana del 13 y 14 de enero se detuvieron a 43 conductores peligrosos.
También se ha implementado la exitosa estrategia de los cercos antidopaje.
«Usualmente teníamos controles antidopaje, pero no había calles cerradas, el conductor podía evadirlo y tomar una ruta alterna. Con el cerco antidopaje hay un perímetro controlado y todo el que ingresa deberá hacerse una prueba de alcoholemia», informó ayer el director de Tránsito del Viceministerio de Transporte, Alfredo Alvayero.
Una rastra se vio involucrada en un accidente de tránsito la mañana de este viernes sobre la calle El Ángel, en la carretera antigua a Nejapa, en el departamento de San Salvador.
De acuerdo con información preliminar, el conductor habría perdido el control del vehículo pesado tras quedarse dormido al volante, lo que provocó que la unidad se saliera de la vía y terminara precipitándose a una quebrada ubicada a un costado de la carretera.
Las circunstancias del percance continúan bajo verificación, mientras las autoridades correspondientes realizan las diligencias necesarias en la zona.
Varias personas resultaron lesionadas tras un accidente de tránsito registrado este viernes sobre la carretera Panamericana, a la altura del kilómetro 20, donde varios vehículos se vieron involucrados en una colisión.
De acuerdo con información preliminar, el percance habría ocurrido cuando uno de los conductores no respetó el derecho de paso al incorporarse desde un retorno, lo que provocó el impacto y una reacción en cadena entre los automotores que circulaban por la zona.
Las autoridades y cuerpos de socorro atendieron la emergencia, mientras se desarrollaban las labores correspondientes en el sector afectado.
Las autoridades de seguridad informaron que han capturado a los implicados en los 28 homicidios registrados entre el 1 de enero y el 3 de junio de este año. Según datos del Gabinete de Seguridad, los detenidos ya enfrentan procesos judiciales por los delitos de homicidio y feminicidio.
De acuerdo con las autoridades, las labores de inteligencia y las investigaciones desarrolladas por la Policía Nacional Civil (PNC) permitieron esclarecer cada uno de los casos y ubicar a los responsables.
Entre los detenidos figura Fernando Javier Rivera Moreno, de 28 años, señalado como responsable de un homicidio ocurrido el 9 de mayo en Tamanique, La Libertad Costa. Según la investigación, el hecho se habría originado por una disputa relacionada con dinero procedente de la venta de droga. La víctima falleció a causa de lesiones provocadas con arma blanca, mientras que el imputado es procesado por homicidio.
Otro de los casos reportados corresponde a Sigfredo Antonio Mena Vásquez, de 35 años, capturado el 8 de mayo por un homicidio cometido un día antes en Coatepeque, Santa Ana. Según las investigaciones, el crimen ocurrió tras una discusión derivada de conflictos previos entre el imputado y la víctima.
Asimismo, las autoridades informaron sobre la captura de Maynor Humberto García Flores, acusado de homicidio agravado en perjuicio de una mujer. El hecho ocurrió el 30 de abril en Candelaria de la Frontera, Santa Ana Oeste.
Entre los casos destacados también se encuentra la detención de Diego Antonio Santos Villanueva, quien fue arrestado cuando presuntamente intentaba huir hacia Guatemala tras el asesinato de Isabela Hernández, de 28 años, en Santa Ana.
Las autoridades también reportaron la captura de José Ricardo Romero Chávez y Cecilia Elizabeth Palacios por su presunta participación en el homicidio de una mujer de 35 años. La víctima desapareció el 23 de febrero luego de realizar trámites personales en Usulután. Posteriormente, durante las investigaciones, la Policía localizó pertenencias de la mujer en un predio del caserío San Mauricio, en Tecapán. Según el reporte oficial, Cecilia Elizabeth Palacios confesó la participación de ambos en el crimen.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, ha reiterado en diversas ocasiones que las autoridades mantienen una política de persecución penal contra quienes cometan delitos contra la vida, con el objetivo de evitar la impunidad en estos casos.
