Judicial
MISTERIO: Policía y Fiscalía se contradicen por muerte de investigador policial en La Unión
«No tenemos todavía la certeza si fue un suicidio u homicidio, hay líneas de investigación, captura de evidencia, escena del delito; entonces hasta que se agoten esos medios vamos a determinar cual fue la muerte del compañero. Estamos en proceso y agotando todas las líneas de investigación», expresó el vocero policial.
La Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR) se contradicen por la muerte de un investigador policial ocurrida el lunes en horas de la mañana en el cantón Amapalita de La Unión.
Durante una conferencia de prensa brindada a las 2:30 de la tarde en el Cuartel Central de la PNC, en donde el vocero oficial de la corporación policial, Elvis Cisneros, sostuvo que por el momento no se podía dar una postura oficial si fue un suicidio u homicidio porque se están agotando las diferentes líneas de investigación sobre el caso.
«Hay unas aseveraciones que se han dado en éstos últimos días, en donde se dice que fue un homicidio. Las líneas de investigación todas están abiertas y cualquiera puede tomarse para tomar la final y determinar qué fue lo que sucedió con nuestro compañero», dijo Cisneros.
Sostuvo que el caso fue retomado por la División Central de Investigaciones (DCI) y por la complejidad del hecho, no se descarta ninguna de las hipótesis que se están investigando.
Sin embargo La Fiscalía, colocó en su cuenta de Twitter el lunes por la tarde, que la FGR de La Unión iniciaba la investigación de muerte violenta de un investigador de la PNC de dicha cabecera departamental.
Esta información surgió por el hecho de que el fiscal al llegar al lugar de la escena, encontró indicios que dudaban que el hecho fuera un suicidio.
«No tenemos todavía la certeza si fue un suicidio u homicidio, hay líneas de investigación, captura de evidencia, escena del delito; entonces hasta que se agoten esos medios vamos a determinar cual fue la muerte del compañero. Estamos en proceso y agotando todas las líneas de investigación», expresó el vocero policial.
El investigador policial Carlos Antonio Vásquez Hernández, de 32 años de edad, fue encontrado muerto el lunes en horas de la mañana en su casa.
Nota tomada de El Salvador Times
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 40 años de prisión a Klaus Fernando Orantes Ramírez por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su madre, Eneyda Ramírez, crimen cometido en febrero de 2021.
El homicidio ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia Escalón, en San Salvador. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y el imputado regresaban de un viaje a la playa y, bajo los efectos del alcohol, Orantes Ramírez la asfixió utilizando una cadena metálica.
Tras cometer el crimen, el condenado se infligió varios golpes y desordenó la vivienda para simular un robo e intentar despistar a las autoridades.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones determinaron que Klaus Fernando Orantes Ramírez planificó el homicidio junto con su primo, Pedro Antonio Gálvez, quien fue detenido anteriormente. Según la acusación, ambos pretendían vender un inmueble y apropiarse del dinero de la venta, así como de los recursos obtenidos por la administración de los demás inmuebles propiedad de la víctima.
«Los imputados, para desvirtuar su participación, simularon que personas desconocidas se metieron a su casa a robar, y se golpearon entre sí para despistar que ellos cometieron el homicidio», detalló la Fiscalía.
En este caso también fue capturada Fernanda Nicole Orantes Ramírez. Sin embargo, en enero de 2023, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador resolvió que continuara el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención, tras pagar una fianza de $5,000.
En esa ocasión, el juzgador señaló que la decisión obedecía a que la violencia psicológica que recibió Fernanda Orantes Ramírez no le permitía ser considerada cómplice, sino víctima. Hasta la fecha, se desconoce el estado actual de su proceso judicial.
Crimen planificado
Al momento de las capturas, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que los imputados planearon el asesinato de Eneyda Ramírez, a quien acusaban de «ser tacaña y no darles dinero», pese a que poseía varias viviendas en alquiler.
Según la corporación policial, con el pretexto de celebrar el Día de San Valentín, llevaron a la víctima a la playa, donde le suministraron abundantes bebidas alcohólicas. Al regresar a su vivienda en la colonia Escalón, continuaron dándole alcohol hasta dejarla inconsciente y posteriormente la asfixiaron con una cadena metálica.
La PNC agregó que, para evitar ser descubiertos, los dos hermanos y el primo simularon haber sido víctimas de un robo. «Los 2 hermanos y el primo se dieron varios golpes entre ellos, fingiendo que los supuestos ladrones los habían atacado y desordenaron toda la casa para hacer creíble su historia», detalló la institución.
