Durante la vista pública contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, y otros cuatro imputados, varios testigos presentados por la Fiscalía General de la República han respaldado la acusación por delitos de corrupción cometidos durante su gestión.

En casi un mes de juicio, interrumpido en diversas ocasiones y con jornadas parciales, han comparecido empleados municipales que denunciaron afectaciones por el impago de salarios durante periodos de hasta tres meses, así como la retención de cuotas laborales. Esta última situación les impidió recibir atención médica en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

Con estos testimonios, el Ministerio Público busca demostrar los delitos de apropiación o retención de cuotas laborales e infracción de las condiciones laborales o de seguridad social.

También declaró una perito que elaboró un informe técnico confirmando que, aunque se descontaron las cuotas laborales a los empleados, los fondos no fueron trasladados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). El peritaje establece un perjuicio a la administración pública por más de $387,042.71.

Otro experto técnico relató que, mediante un análisis forense digital, extrajo información de los dispositivos electrónicos incautados a los imputados —entre ellos teléfonos celulares—, hallando datos que vinculan a los procesados con actividades ilícitas.

Además, una auditoría financiera reveló que durante la gestión de Montano, la alcaldía pagó $1.2 millones en comisiones a una empresa por recuperación de mora, cifra superior a los $867,499 realmente recuperados. Según el informe, no se realizó un estudio previo para definir el porcentaje de comisión, y la empresa representada por el imputado Ricardo Arturo Roque Baires cobró un 9.97% más que otras contratadas en administraciones anteriores.

Con este conjunto de pruebas, la Fiscalía busca sustentar las acusaciones de malversación e incumplimiento de deberes contra los exfuncionarios municipales.

El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ha programado para este viernes la audiencia inicial en contra de 12 empresarios del transporte público, quienes fueron capturados entre el 5 y el 7 de mayo de 2025 por presuntamente haber suspendido de forma irregular el servicio, a pesar de ser un servicio público subsidiado por el Estado.

Las detenciones fueron ordenadas luego de que los transportistas no operaran con normalidad sus unidades, lo cual, según las autoridades, constituye una falta grave al tratarse de un servicio esencial para la ciudadanía y financiado parcialmente con fondos públicos.

El pasado lunes, la Fiscalía General de la República presentó el requerimiento ante el juzgado, solicitando que el caso avance a la etapa de instrucción formal. Además, pidió que se otorguen medidas alternas a la detención provisional, lo que permitiría que los imputados continúen el proceso judicial en libertad.

A los acusados se les atribuyen los delitos de peculado e incumplimiento de deberes, según consta en el expediente promovido por el Ministerio Público.

Lo que debía ser una fiesta deportiva terminó en tragedia el 20 de mayo de 2023, durante el partido de vuelta de los cuartos de final entre Alianza F.C. y Club Deportivo FAS, en el estadio Cuscatlán.

Según los reportes preliminares, una multitud de aficionados intentó ingresar de forma masiva por el sector de sol general, donde un grupo de seguidores aliancistas habría derribado un portón. El caos derivó en una estampida humana que dejó como saldo 12 personas fallecidas y más de un centenar de heridos.

La desesperación y el pánico se apoderaron de los asistentes, muchos de los cuales buscaron resguardo en el terreno de juego, obligando a la suspensión inmediata del encuentro. Entre los lesionados se encontraban mujeres y niños, quienes fueron trasladados de emergencia a distintos centros hospitalarios.

Cuerpos de socorro, unidades policiales y equipos de primeros auxilios se movilizaron rápidamente al lugar para brindar asistencia.

Posteriormente, la Policía Nacional Civil (PNC) realizó las investigaciones en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), para llegar hasta los últimos detalles sobre la venta de boletos y accesos al estadio Cuscatlán.