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Los trabajos de reconstrucción del Parque Recreativo Los Chorros llevan un 80 % de avance
Para diciembre próximo está prevista la reapertura del histórico Parque Recreativo Los Chorros, ubicado en el departamento de La Libertad. El Gobierno del Presidente Nayib Bukele tiene en vigor un plan de reparación y modernización de las instalaciones para ofrecer una opción a visitar en las festividades de Año Nuevo.
El parque fue cerrado al público el año pasado a raíz de los daños causados por el paso de las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal.
“Es importante mencionar la eficiencia de la gestión porque si recordamos en los terremotos de 2001 se tuvo que cerrar el parque durante siete años y solo fue un daño en infraestructura. No hicieron nada inmediatamente para poderlo abrir”, expresó la presidenta del Instituto Salvadoreño de Turismo, Eny Aguiñada.
El Gobierno del Presidente Bukele logrará recuperar el parque en menos de un año y medio, los trabajos de reconstrucción y modernización llevan un 80 % de avance y la meta es ofrecerlo a los salvadoreños y extranjeros como una alternativa a visitar durante esta temporada de fin de año.
“En nuestro caso, debido a las tormentas Amanda y Cristóbal que soterraron prácticamente el parque, hemos visto que en un año y medio lo hemos podido recuperar. Ya estamos teniendo nuevamente el cauce de agua y esperamos estar haciendo el remozamiento de las piscinas en estos días para estar listos en diciembre”, dijo la funcionaria.
Además, a través del programa Rescate Animal se está trabajando con los animales de compañía que se encuentran en estado de abandono y que se refugian en todos los parques recreativos del ISTU. Es por ello, que el Parque Recreativo Los Chorros contará con el primer santuario felino del país, para darle una mejor vida a los gatos que habitan en el lugar. El santuario ya tiene un 90% de avance.
La recuperación eficiente de este parque ha sido gracias al trabajo articulado logrado entre las instituciones del Gobierno del Presidente Nayib Bukele. Tanto la colaboración del Ministerio de Obras Públicas (MOP) como la de los reos en fase de confianza que forman parte del Plan Cero Ocio han sido claves para hacer posible que los salvadoreños puedan volver a disfrutar de este espacio natural que ofrecerá un sano esparcimiento.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
