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Nacionales

Las fuerzas de seguridad del Gobierno han desmantelado 182 campamentos de pandilleros en el régimen de excepción 

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Un total de 182 campamentos clandestinos, donde se escondían pandilleros terroristas, han sido desmontados por las fuerzas de seguridad del Gobierno del Presidente Nayib Bukele en seis meses que lleva en vigor el régimen de excepción.

Las guaridas de los terroristas fueron localizadas, en su mayoría, en el área rural, las autoridades capturaron a cabecillas, sicarios y otros colaboradores que se escondían, asimismo se ha decomisado armas de fuego de diversos calibres, munición, teléfonos celulares y otros pertrechos.

La efectividad de los operativos policiales y militares en las áreas urbanas en contra de las pandillas obliga a los terroristas ha desplazarse hacia las zonas rurales en donde improvisan los campamentos para pernoctar y planificar delitos.

Ante la presencia de las fuerzas de seguridad cerca de los campamentos, los pandilleros abren fuego contra las patrullas combinadas, pero son rápidamente neutralizados.

“El Plan Control Territorial permitió mejorar, mes a mes, el clima de seguridad. Por su parte, con el régimen de excepción se ha brindado resultados extremadamente contundentes en el combate de la criminalidad”, afirmó el ministro de la Defensa Nacional, René Monroy.

Desde el 27 de marzo, pasado, que entró en vigor el régimen de excepción se lleva capturado a 53,066 pandilleros, se han decomisado $1.16 millones en efectivo, 69,000 porciones de droga, 1,500 armas de fuego, 1,793 vehículos y 12,905 teléfonos celulares, muchos de estos son analizados por investigadores para extraer información de los grupos criminales.

De todos los pandilleros aprehendidos, 772 son considerados cabecillas; más de 48,000 han pasado a la siguiente etapa procesal y el sistema judicial les ha decretado detención provisional en la cárcel.

La sólida estrategia de seguridad del Gobierno contabiliza 199 días sin homicidios en lo que va de la administración. Más del 95 % de los salvadoreños respalda los planes de seguridad que tiene en desarrollo el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, según los resultados de las encuestas ejecutadas por firmas nacionales y extranjeras, incluso, las pagadas por la oposición política.

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Economia

Comisión de Hacienda emite dictamen favorable a nueva amnistía fiscal vigente hasta el 11 de diciembre de 2026

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La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable a la Ley Especial y Transitoria que Otorga Facilidades para el Cumplimiento Voluntario de Obligaciones Tributarias, Aduaneras, de Tránsito y Otras Multas. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Hacienda, busca facilitar a los contribuyentes el pago de impuestos y multas adeudadas, con vigencia hasta el 11 de diciembre de 2026.

El director general de Impuestos Internos, Marvin Sorto, explicó que la medida pretende dar oportunidades a quienes cumplen con sus pagos, pero que por alguna razón no han podido solventar sus compromisos con el fisco. “El Estado tiene claro que la economía no se incrementa por multas o intereses, sino que el impacto mayor corresponde a los impuestos propios”, afirmó. La amnistía permitirá regularizar deudas ante Impuestos Internos, Aduanas y el Tribunal de Apelaciones sin pagar intereses, recargos ni multas por mora, aunque los impuestos originales sí deberán cancelarse.

El beneficio también alcanzará a personas con procesos en la Fiscalía General de la República, cobros judiciales y recargos sobre multas de tránsito o de otras instituciones públicas (excepto municipalidades). Los contribuyentes podrán optar por un plan de pagos con una primera cuota del 10 % de la deuda y ocho cuotas mensuales sucesivas. En caso de incumplimiento, se perderán los beneficios y se reactivarán los recargos originales.

La última amnistía, aprobada el 15 de octubre de 2025, benefició a 56,195 contribuyentes. De la recaudación obtenida, el 71 % correspondió a pequeños contribuyentes, el 15 % a medianos y el 14 % a grandes. La iniciativa aún debe ser aprobada por el pleno legislativo para convertirse en ley.

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Judicial

Procesarán en libertad a conductor y propietario de volqueta por tragedia en el redondel Integración que dejó dos muertos

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El Juzgado de Paz de Apopa ordenó que Rudis Joel R. H., de 31 años, y Marvin Alexis H. R., de 27, continúen el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención por el accidente de tránsito ocurrido el 30 de septiembre en las inmediaciones del redondel Integración, en el distrito de Apopa. El siniestro dejó dos personas fallecidas y diez lesionadas.

Según la investigación fiscal, el conductor circulaba a 86.4 kilómetros por hora en una volqueta que excedía en 11.3 toneladas el límite de carga y presentaba deficiencias en el sistema de frenos. En esas condiciones, la unidad impactó contra varios vehículos que esperaban ingresar al redondel, provocando una cadena de colisiones. El juez sobreseyó definitivamente al conductor por el delito de conducción peligrosa, pero mantuvo el proceso por homicidio culposo y lesiones culposas.

Marvin Alexis H. R., propietario de la empresa dueña de la volqueta, es procesado por comisión por omisión en los mismos delitos. Se le atribuye no haber mantenido la unidad en condiciones adecuadas y haber registrado el vehículo de forma irregular, sin las autorizaciones correspondientes. Ambos imputados deberán pagar cauciones económicas: 5,000 dólares el conductor y 60,000 dólares el propietario.

Además de las fianzas, se les impuso restricción migratoria, la obligación de presentarse cada 15 días ante el juzgado y la prohibición de comunicarse con las víctimas y sus familiares. El caso continúa en etapa de instrucción.

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Judicial

Condenan hasta 45 años de prisión a 74 pandilleros del Barrio 18 que operaban en La Libertad

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La Fiscalía General de la República (FGR) logró condenas de entre 25 y 45 años de prisión contra 74 integrantes de la pandilla Barrio 18. Los sentenciados operaban en los distritos de Lourdes y Santa Tecla, en el departamento de La Libertad, y fueron capturados durante el régimen de excepción.

Las penas fueron impuestas por el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Salvador, tras presentar pruebas que demostraron su pertenencia a la estructura criminal y su participación en diferentes hechos delictivos. Durante el juicio se establecieron las vinculaciones de los acusados con la organización.

Los ahora condenados todavía deberán enfrentar otros procesos judiciales por delitos adicionales, por los cuales podrían recibir nuevas condenas. Esta resolución se suma a una serie de fallos recientes contra estructuras del Barrio 18 en distintas zonas del país.

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