Judicial
Víctima de extorsión se armó de valor y denunció el hecho a la policía antes que asesinaran a sus empleados
Por temor a que pandilleros asesinaran a sus empleados, un comerciante se armó de valor y denunció a los delincuentes para preservar la vida de sus colaboradores.
Según fuentes judiciales, la víctima interpuso la denuncia en marzo de este año; alegó que mareros le estaban exigiendo $200 mensuales a cambio de no atentar contra la vida de sus empleados.
Las investigaciones indican que los delincuentes enviaron un celular a la víctima para que recibiera las indicaciones de lo que debía hacer, para tal fin le dieron un plazo de 72 horas para que se comunicara con ellos, de lo contrario cumplirían las amenazas.
Una vez la denuncia fue retomada por la PNC y la Fiscalía, se realizaron varias entregas de dinero controladas para que los investigadores comenzaran a individualizar a cada uno de los extorsionistas.
Al tener identificados a los responsables se giraron las órdenes de captura por parte del Ministerio Público.
Por este caso son procesados: Juan Carlos Ortiz López, de 31 años; María del Carmen Sánchez Ramírez (46); Daniel Alejandro Pérez Martínez (20); Erika Yamileth Henríquez Herrera (28); Josué Rubén Lemus Miranda (39); y Carlos Humberto Martínez Ramos (27).
Todos fueron enviados a prisión preventiva por el delito de extorsión agravada; la decisión fue tomada por el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
