Judicial
Vendía celulares por Facebook y dos de sus “clientes” le robaron todo
Instrucción formal con detención provisional fue lo que el Juzgado 6° de Paz de San Salvador le decretó a José Ángel Flores Cruz, de 26 años, y a Josué Alexander Maradiaga Chacón, de 20, por estar acusados de robarle a un vendedor de celulares que habían contactado por Facebook.
Los acusados están presos desde el 29 de septiembre ya que fueron arrestados por otros delitos.
En el requerimiento de la Fiscalía General de la República (FGR) se establece que el 24 de agosto un ciudadano publicó en el Marketplace de Facebook que vendía unos celulares, donde fue contactado por un interesado.
La víctima y uno de los ahora arrestados acordaron de verse al día siguiente en el centro comercial Plaza San Jacinto, lugar al que el vendedor llevó los tres móviles que le habían interesado al hombre.
Ya en el lugar el cliente le envió un mensaje para pedirle de favor que se los llevara a su casa, él aceptó y le mandó la dirección, Colonia Santa Carlota, en el Barrio San Jacinto, lugar al que llegó contactado con un Uber.
Ya en el lugar el vendedor fue a la casa que el “cliente” le indicó, tocó la puerta y uno de los residentes le dijo que ellos no habían pedido nada. Al voltear la cabeza observó a dos hombres viendo desde un pasaje cercano.
Los dos sujetos se acercaron al carro donde estaba el vendedor, uno de ellos le dijo que él había pedido los aparatos y que quería verlos, acto seguido entró al vehículo por el asiento de atrás y sacó un arma de fuego. Mientras esto sucedía el otro hombre también entró por el lado del copiloto, pero para amenazar al conductor.
Flores Cruz y Maradiaga Chacón le quitaron una mochila a la víctima donde llevaba nueve celulares nuevos, un teléfono personal y otros $70 que llevaba en efectivo. Antes de huir le tomaron una fotografía al vendedor para amenazarlo con que no denunciara.
A pesar de las amenazas, la víctima denunció a los sujetos y el 29 de septiembre le notificó la Policía que fuera a identificar a dos hombres que habían capturado y que coincidían con la descripción que él dio.
A Flores Cruz y Maradiaga Chacón los habían arrestado por otros delitos y fueron reconocidos como los autores del robo de los celulares, por lo que se les añadió robo agravado.
El Juzgado 6° de Paz de San Salvador decidió que ambos acusados debían continuar el proceso en prisión provisional y los mandó a la etapa de Instrucción.
Con información: El Salvador Times
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
