Judicial
Vamos a recuperar el dinero donando por Taiwán, señaló el fiscal general Melara
El fiscal general, Raúl Melara, confirmó que el dinero donado por Taiwán al gobierno del expresidente, Francisco Flores Pérez, va a ser recuperado para luego ser ingresado a las arcas del Estado.
Las declaraciones de Melara surgen luego que la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador exonerara a los expresidentes Francisco Flores y Elías Antonio Saca, como también a los empresarios Juan Tennant Wrigth Castro y Gerardo Antonio Balzaretti Krite, acusados por el delito de lavado de dinero, por supuestamente estar implicados en el manejo de los 10 millones de dólares donados por Taiwán y que al final fueron a parar a las arcas del partido ARENA.
Al ser consultado si apelaran a la resolución de la Cámara, Raúl Melara expresó que recién están conociendo al respecto y que van a estudiar la sentencia.
“Al margen de lo que se diga en la sentencia y si recurrimos o no, hay un mensaje que tenemos que dejar muy claro, que vamos a recuperar ese dinero”, afirmó.
La resolución de la Cámara se centra a que en la fecha en que la Fiscalía General de la República (FGR) inició la persecución penal, ya se había cumplido el tiempo de prescripción de los 10 años, que están regulados en el Código Procesal Penal de 1998, es decir, del Código derogado.
Como consecuencia de los recursos presentados por la FGR, la Cámara emitió su contestación afirmando que la juez Segundo de Paz había decidido correctamente al aplicar los 15 años para el cálculo de la prescripción establecidos por el Código Procesal Penal vigente y que dicha normativa expone que en los procesos que se inician con posterioridad a su entrada en vigencia se aplicarán las reglas de ese código, sin importar la fecha en la que se cometió el delito.
La Cámara aclara, que la fecha en que la Fiscalía afirma que se consumó el delito de lavado de dinero y activos, fue el 30 de abril del 2004, pero que la fecha en la que inició la persecución penal fue el 1 de marzo del 2019, es decir, catorce años y once meses después de cometido el hecho, pese a que la FGR tenía conocimiento del supuesto delito desde el 21 de enero del 2014, con relación a la emisión del último cheque.
Por este motivo, la Cámara conoció del motivo relacionado anteriormente y consiente de la excepción de extinción de la acción por prescripción, por lo que resuelven el revocar la decisión del Juzgado Segundo de Paz, por lo que procedió al sobreseimiento definitivo de la responsabilidad penal a favor de los imputados Elías Antonio Saca González, Juan Tennant Wrigth Castro y Gerardo Antonio Balzaretti Krite.
La Cámara también advierte que la responsabilidad no es de la actual administración, sino de la que tuvo conocimiento en su debido momento. Sin embargo, la Fiscalía General de la República puede seguir un proceso civil.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
