Judicial
Un consumidor de drogas es el posible causante del incendio de gran magnitud en el Centro de San Salvador
El Juzgado 3° de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra Manuel de Jesús Panameño Cardoza, de 34 años de edad, acusado de incendio en perjuicio de la colectividad y de dos personas que denunciaron el hecho.
El incendio sucedió el lunes pasado a las 8:45 de la noche y se habría originado al interior de un mesón sin nombre ubicado en la Primera Calle Poniente Bis, entre 15 y 17 Avenida Norte en ésta capital. Agentes policiales que realizaban patrullaje acudieron al llamado de emergencia del Sistema 911, al llegar al lugar corroboraron que se trataba de un incendio de gran magnitud, coordinando con los bomberos y personas del lugar para la evacuación y evitar una mayor tragedia.
Según la acusación fiscal, las víctimas manifestaron que en el cuarto del fondo del mesón reside Manuel Panameño, quien consume drogas y que ese día lo había hecho. Ellos observaron que de ese cuarto resurgió humo e inmediatamente salió corriendo Panameño diciendo que su cuarto se estaba quemando.
Las victimas lo señalaron como el responsable de haber originado el incendio. Por el momento no se cuenta con el dato de los daños materiales ocasionados, será hasta la etapa de instrucción, en el Juzgado 3° de Instrucción, que el ministerio público presentaran el valúo económico de ello.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
