Judicial
Tribunal notifica demanda por difamación al exalcalde Will Salgado
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, notificó este lunes al exalcalde de San Miguel, José Wilfredo Salgado García, mejor conocido como Will Salgado, que en su contra hay un proceso penal por el delito de difamación, promovido por la Fundación Itexsal.
En la demanda presentada se ha pedido que el exfuncionario sea condenado también a pagar $3 millones, dinero que será utilizado para financiar becas para estudiantes.
Ante esa pretensión, Salgado sostuvo que «ellos pueden pedir 20 o 30 millones; lo que ellos quieran. La cosa es pedirlo y otra cosa es que ganen el juicio».
Los abogados de la Fundación Itexsal, cuando presentaron la demanda dijeron que la promoción del expediente tiene su origen en declaraciones publicadas por Salgado en rede sociales, donde aseguró que los fondos públicos que se entrega a la entidad educativa son utilizados para actividades políticas y no para las becas de estudiantes.
Los abogados demandantes cuando llevaron el caso solicitaron al tribunal reserva total, pero en declaraciones previas manifestaron que «La fundación Itexsal se ha fundamentado en todas las conversaciones que de forma irresponsable ha emitido (Salgado), alegando, aduciendo de manera irresponsable que el dinero o los fondos públicos que se le dan a la fundación es utilizado para situaciones que no son propias de la fundación, es decir para situaciones de política».
Los demandantes han dicho que van a aclarar que hay uso transparente de los fondos y que son invertidos en becas para estudiantes. El 5 de septiembre de 2024, cuando fue interpuesta la demanda, padres de familia junto a 270 becarios llegaron al centro Judicial Isidro Menéndez, para rechazar las supuestas declaraciones difamatorias de Salgado.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
