Judicial
Sujeto que le quitó la vida a su pareja, Alexa es condenado a 25 años preso
El Juzgado Segundo de Sentencia de Santa Tecla condenó a José Elías Morales Hernández a 25 años de prisión por el asesinato de su pareja, Gerardo Alexander Landaverde, conocido como Alexa, quien era miembro de la comunidad LGBTI.
Morales Hernández fue encontrado culpable de homicidio agravado. Además, el juzgado le impuso una responsabilidad civil de $2,000. En el juicio, el imputado confesó que él asesinó a su pareja.
El viernes 10 de diciembre del 2021, Morales Hernández y Alexa estuvieron dentro de un motel y después se dirigieron a la vivienda del imputado, ubicada en el municipio de Ciudad Arce, en La Libertad. Allí empezaron a tener una discusión que subió de intensidad hasta que se tornó violenta. Morales Hernández golpeó y asfixió a Alexa hasta causarle la muerte.
Posteriormente, el imputado ocultó el cadáver de la víctima en un barril. Morales Hernández condujo ese barril hacia un pozo que se encontraba en un predio baldío del cantón Zapotitán, de Ciudad Arce.
Al día siguiente, el sábado 11 de diciembre, en redes sociales se denunció la desaparición de Alexa. Fue hasta el 28 de enero de 2022 que las autoridades encontraron a la víctima, luego de recibir denuncias de los vecinos del cantón Zapotitán, quienes aseguraban que del pozo emanaban malos olores y que sospechaban que podría haber allí una persona fallecida.
Durante las investigaciones, las autoridades determinaron que fue Morales Hernández quien asesinó a Alexa, para lo que se sirvieron de las bitácoras de llamadas telefónicas, entre otras evidencias.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
