Judicial
Sección de Investigación Judicial de la CSJ admite denuncia contra juez 8° de Instrucción por varios delitos contra empresario Rais
La Dirección de Investigación Judicial de la Corte Suprema Justicia (CSJ) admitió una denuncia contra el Juez 8º de Instrucción, Mario Osmín Mira Montes, por una serie de delitos contra el empresario Enrique Rais.
El abogado Rafael Hernán Cortez Saravia acusó al juez Mario Mira Montes de admitir prueba “nula e ilegal” ya que la Fiscalía General de la República (FGR) nunca contó con la autorización para intervenir los teléfonos cuya propiedad se atribuía a su representando.
Dicha ilegalidad fue incluso reconocida por la fiscal del caso que en un escrito ante la Cámara 1° de lo Penal cuando admitió: “Disculpe señor juez, fue un error de la técnico Ena Maricela Granados Ponce, efectivamente el número (intervenido) no era de enrique rais, era de otra persona”.
Entre las diligencias de investigación contra el juez Mira Montes, se ha solicitado una constancia a la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar que el juez tiene investigación abierta en dicha institución. Además, se pide un expediente administrativo al Consejo Nacional de la Judicatura en el que conste auditorias realizadas a dicho juez, afecto de determinar que este ha resulto los otros procesos de forma distinta al tramitado actualmente contra el empresario Enrique Rais.
Los apoderados legales del empresario, han denunciado que se está llevando una persecución contra su definido, así como una serie de irregularidades en el caso, entre ellas la sostiene que el juez Mira Montes fue traído desde el Juzgado de Paz de Soyapango para que conociera este caso en específico.
De acuerdo a la denuncia admitida por la Sección de Investigación Judicial de la CSJ, el juez 8° de Instrucción de San Salvador admitió pruebas contaminadas porque la FGR rompió la cadena de custodia, y desarrolla un juicio que tiene como origen anular al señor Enrique Rais para arrebatarle su empresa MIDES y para sacarlo del negocio de la disposición final de la basura.
En la denuncia admitida por la Sección de Investigación Judicial se solicitó que se separe del caso al juez Mario Mira Montes por su sesgo a favor de la representación del ministerio público.
Judicial
Condenan a 32 mareros a penas de hasta 310 años de prisión por 17 homicidios y otros delitos
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que 32 pandilleros de la MS-13 fueron condenados a penas de hasta 310 años de prisión, tras ser declarados culpables de 17 homicidios y otros delitos.
De acuerdo con el Ministerio Público, el caso más representativo es el de William Antonio García, identificado como homeboy de la estructura criminal, quien recibió una condena de 310 años de cárcel por cometer 10 homicidios agravados. Además, fue declarado culpable del delito de proposición y conspiración para cometer homicidio.
La FGR indicó que también fueron sentenciados pandilleros con rangos de chequeos, observadores y colaboradores. Las condenas fueron impuestas por el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana y oscilan entre los 35 y 134 años de prisión.
Según la institución fiscal, una de las víctimas de estos hechos fue un elemento destacado de la Fuerza Naval, quien fue interceptado por los pandilleros en la zona del cantón El Sincuyo, en Ahuachapán Centro. La víctima recibió múltiples disparos y, tras causarle la muerte, los responsables le provocaron varias heridas con arma blanca.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
