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Judicial

Sección de Investigación Judicial de la CSJ admite denuncia contra juez 8° de Instrucción por varios delitos contra empresario Rais

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La Dirección de Investigación Judicial de la Corte Suprema Justicia (CSJ) admitió una denuncia contra el Juez 8º de Instrucción, Mario Osmín Mira Montes, por una serie de delitos contra el empresario Enrique Rais.

El abogado Rafael Hernán Cortez Saravia acusó al juez Mario Mira Montes de admitir prueba “nula e ilegal” ya que la Fiscalía General de la República (FGR) nunca contó con la autorización para intervenir los teléfonos cuya propiedad se atribuía a su representando.

Dicha ilegalidad fue incluso reconocida por la fiscal del caso que en un escrito ante la Cámara 1° de lo Penal cuando admitió: “Disculpe señor juez, fue un error de la técnico Ena Maricela Granados Ponce, efectivamente el número (intervenido) no era de enrique rais, era de otra persona”.

Entre las diligencias de investigación contra el juez Mira Montes, se ha solicitado una constancia a la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar que el juez tiene investigación abierta en dicha institución. Además, se pide un expediente administrativo al Consejo Nacional de la Judicatura en el que conste auditorias realizadas a dicho juez, afecto de determinar que este ha resulto los otros procesos de forma distinta al tramitado actualmente contra el empresario Enrique Rais.

Los apoderados legales del empresario, han denunciado que se está llevando una persecución contra su definido, así como una serie de irregularidades en el caso, entre ellas la sostiene que el juez Mira Montes fue traído desde el Juzgado de Paz de Soyapango para que conociera este caso en específico.

De acuerdo a la denuncia admitida por la Sección de Investigación Judicial de la CSJ, el juez 8° de Instrucción de San Salvador admitió pruebas contaminadas porque la FGR rompió la cadena de custodia, y desarrolla un juicio que tiene como origen anular al señor Enrique Rais para arrebatarle su empresa MIDES y para sacarlo del negocio de la disposición final de la basura.

En la denuncia admitida por la Sección de Investigación Judicial se solicitó que se separe del caso al juez Mario Mira Montes por su sesgo a favor de la representación del ministerio público.     

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Condenan a 15 años de prisión a hombre por extorsionar a un comerciante en Apopa

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El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.

De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.

Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.

Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.

La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.

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Judicial

44 años de prisión para agresores y asaltantes de mujeres

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Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.

La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.

Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.

Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.

Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.

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Prisión para sujeto que asesinó a su madre para apoderarse de sus bienes

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El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 40 años de prisión a Klaus Fernando Orantes Ramírez por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su madre, Eneyda Ramírez, crimen cometido en febrero de 2021.

El homicidio ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia Escalón, en San Salvador. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y el imputado regresaban de un viaje a la playa y, bajo los efectos del alcohol, Orantes Ramírez la asfixió utilizando una cadena metálica.

Tras cometer el crimen, el condenado se infligió varios golpes y desordenó la vivienda para simular un robo e intentar despistar a las autoridades.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones determinaron que Klaus Fernando Orantes Ramírez planificó el homicidio junto con su primo, Pedro Antonio Gálvez, quien fue detenido anteriormente. Según la acusación, ambos pretendían vender un inmueble y apropiarse del dinero de la venta, así como de los recursos obtenidos por la administración de los demás inmuebles propiedad de la víctima.

«Los imputados, para desvirtuar su participación, simularon que personas desconocidas se metieron a su casa a robar, y se golpearon entre sí para despistar que ellos cometieron el homicidio», detalló la Fiscalía.

En este caso también fue capturada Fernanda Nicole Orantes Ramírez. Sin embargo, en enero de 2023, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador resolvió que continuara el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención, tras pagar una fianza de $5,000.

En esa ocasión, el juzgador señaló que la decisión obedecía a que la violencia psicológica que recibió Fernanda Orantes Ramírez no le permitía ser considerada cómplice, sino víctima. Hasta la fecha, se desconoce el estado actual de su proceso judicial.

Crimen planificado

Al momento de las capturas, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que los imputados planearon el asesinato de Eneyda Ramírez, a quien acusaban de «ser tacaña y no darles dinero», pese a que poseía varias viviendas en alquiler.

Según la corporación policial, con el pretexto de celebrar el Día de San Valentín, llevaron a la víctima a la playa, donde le suministraron abundantes bebidas alcohólicas. Al regresar a su vivienda en la colonia Escalón, continuaron dándole alcohol hasta dejarla inconsciente y posteriormente la asfixiaron con una cadena metálica.

La PNC agregó que, para evitar ser descubiertos, los dos hermanos y el primo simularon haber sido víctimas de un robo. «Los 2 hermanos y el primo se dieron varios golpes entre ellos, fingiendo que los supuestos ladrones los habían atacado y desordenaron toda la casa para hacer creíble su historia», detalló la institución.

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