Judicial
Se vestían como policías para montar retenes falsos y despojar de las pertenencias de valor a sus víctimas
A los detenidos les decomisaron un vehículo, armas de juguetes y un revólver real.
Un albañil, un publicista y un pintor se encuentran a la espera que se celebre el juicio en su contra luego de ser encontrados vestidos con ropa similar a la de policías y protagonizar una persecución en la colonia Popotlán 4 del municipio de Apopa.
Jorge M., el albañil de 44 años de edad; Carlos R., publicista de 26; y René B., un pintor de 21, se reunieron una noche para montar un punto de asalto en un predio oscuro en el que apagaron las luces del carro en el que se transportaban para esperar a sus víctimas.
La noche del 21 de marzo de 2018, los delincuentes habían preparado la ropa oscura y sus armas de fuego para tratar de obtener el mejor botín sin contar con que a los pocos minutos aparecería un carro patrulla que provocó que el grupo entrara en alerta.
Cuando la patrulla se estaba por estacionar, los imputados corrieron al interior del vehículo al que Carlos apretó el acelerador mientras sus compinches lo alentaban para escapar de la ley.
Los agentes comenzaron a exigirles por una bocina que se detuvieran, orden que fue desatendida por los sujetos a quienes persiguieron por varios minutos hasta lograr interceptarlos para revisar lo que ocultaban.
La revisión y las excusas
Según el requerimiento fiscal, los tres hombres que fueron intervenidos estaban vestidos con ropa que simulaba uniformes policiales. El primero en ser revisado fue Jorge quien portaba un revolver que cargaba en un cinturón, cuando se le cuestionó sobre la documentación del arma señaló que no tenía registrada el arma.
René fue el segundo en la fila, vestía con un pantalón y camisa azul oscura, botas militares y en su cintura se había colgado un pistola que resultó ser de juguete. Por último Carlos quien era el único que no vestía como sus dos compañeros.
Dentro del vehículo se encontró un maletín, un pantalón policial, un par de botas militares, guantes negros, tres gorros navarone, una lámpara metálica y un cono vehícular anaranjado. Posterior a la requisa, los tres amigos fueron llevados a las bartolinas a la espera del inicio de su proceso judicial.
Jorge solicitó al tribunal de Instrucción que se interpusiera medidas sustitutivas para no permanecer en la cárcel, petición que fue concedida mientras que sus otros compañeros siguen en prisión. Los tres fueron acusados de los delitos de tenencia y uso indebido de trajes oficiales, portación ilegal de fuego y organizaciones terroristas.
Se presume que los hombres se vestían como policías para simular falsos retenes en las carreteras y robar a sus víctimas. Un oficial de la zona explicó que hay indicios que los uniformes son auténticos, ya que tienen el código que les asigna la PNC.
“Andábamos robando, nada más; simplemente nos los compramos ahí en el centro, en el Sagrado Corazón», confesó uno de los detenidos al ser cuestionado sobre la procedencia de la vestimenta. Otro detenido aseguró que no sabía que portar uniformes policiales es delito.
El 18 de diciembre donde se espera que los imputados se presentan la vista pública para que el juez del tribunal Primero de Sentencia de San Salvador de una resolución a partir de las pruebas presentadas por las partes.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
