Judicial
Ratifican estado de emergencia en Zacatraz, en el penal de San Vicente y en la granja penitenciaria
El Juez de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de San Vicente señaló que existen las condiciones necesarias para que el estado de emergencia se prorrogue por 15 días más en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, el de San Vicente y en la Granja Penitenciaria.
Según el juez, el órgano ejecutivo ha demostrado con prueba documental, testimonial y pericial que los privados de libertad en los referidos centros carcelarios siguen ordenando extorsiones y homicidios, entre otros delitos.
Asimismo ordenó a la Sección de Traslado de Reos que continúen transportando a los privados de libertad que los jueces soliciten a diario.
Mientras que a la Policía Nacional Civil (PNC) le ordenó que brinde la seguridad al personal que labora en el Centro Penal de Máxima Seguridad, según señaló el jefe de la Unidad de Comunicaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez, Ulises Marinero.
Desde el pasado 20 de junio, el presidente lanzó el Plan Control Territorial en el que decretó estado de emergencia donde se ha prohibido todo tipo de comunicación para evitar que los cabecillas de las pandillas sigan enviando órdenes a los pandilleros que se encuentran en libertad.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
