Judicial
«Nueva Doble Persecución de Fiscalía contra Enrique Rais: NEBIS IN IDEM»
Enrique Rais ha presentado un » Amparo » , ante la Corte Suprema de Justicia , por esta nueva doble persecución , el caso se está ventilando por casi 2 años en el Juzgado 8 de Instrucción a cargo del Juez Mario Osmín Miramóntes , Juez que fue traído desde el Juzgado de Paz de Soyapango para que conociera este caso en específico .
La Ley exige que una vez terminado el plazo de instrucción el cual venció el 30 de septiembre del 2017, la fiscalía debe presentar el dictamen de acusación a mas tardar 5 días posteriores a la finalización de la instrucción, el cual venció el dia 5 de de octubre 2017.
Lo ilegal y grave para el Juez Miramontes, es que han transcurrido 299 días sin poder conocer hasta esta fecha de que se me acusa. Hay una persona detenida y los otros estamos a la espera de poder demostrar nuestra inocencia , sin tener la oportunidad de saber realmente de que se nos acusa ,el dictamen de acusación es de ley y esto bajo ninguna excusa o pretexto y sin más trámites, se tiene que intimar a las partes a más tardar, según Art. 357 Pr. Pn :»El Juez dentro de las 24 horas, pondrá a disposición de todas las partes las actuaciones y las evidencias, para que puedan consultarlas en el plazo común de 5 dias «.
Hasta esta fecha han transcurrido 299 días sin que se conozca de que se nos acusa formalmente.
Razon por la cual y por muchas otras ilegalidades que violan los precepto constitucionales, se han presentado 2 denuncias por Prevaricato contra el Juez Mario Osmin Miramontes , la primera en fecha 3 de abril 2017 y la segunda denuncia el 23 de noviembre de 2017 sin que a la fecha como es habitual del Fiscal General Douglas Melendez, se hayan realizado ninguna investigacion.
Hace omisión a las investigaciones que le perjudican.
Esta nueva persecusión tiene la referencia 28-UIF-2016 diligenciada esta vez por el Lic Jorge Orlando Cortez Díaz, mismo fiscal que lleva el caso Toni Saca.
Adicional al Amparo , llevaremos el caso ante las Cortes de Los estados Unidos de America, en vista que tiene implicaciones en la lista y la carta de los Congresistas Norteamericanos, la cual forma parte integral de la persecusión que lleva a cabo El Fiscal General y según nuevas informaciones, tiene relación directa la participación del exfiscal adjunto Aquiles Parada.
Próximamente daremos a conocer mas informacion.
He pedido a mis abogados Norteamericanos mi deseo de someterme a lo mas profundo de las investigaciones,ante el Congreso y ante cuanta autoridad requiera información, pues al hacerlo demostraremos mi inocencia y quienes están detrás de toda esta trama, adicional a Héctor Silva y al Señor Salume pues ahora se tiene clarísimo que los actores principales son ellos, junto a mi antiguo abogado Mario Calderón Castillo y Matteo Pasquale a quien ahora el lo representa, utilizando también instituciones del Estado para apropiarse de los contratos por $ 480 millones de dolares para la renovación de la basura contrato con las alcaldias del COAMSS , el primer y claro ejemplo es el caso de los despidos de los casi 200 trabajadores de Santa Tecla, entendemos que ya firmaron contrato con el Señor Salume y su botadero ilegal , pues este botadero no tiene los permisos legales de funcionamiento en La libertad propiedad del señor Salume.
La trama, la fabricación de este falso caso penal esta plenamente demostrada .
Enrique Rais
Por medio de su Apoderado Judicial
Rafael Hernán Cortez Saravia
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La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
