Judicial
Norman Quijano continúa negando su vínculo con pandillas al salir del citatorio
“Esta es una investigación en curso que me ha permitido ratificar que soy inocente, que nunca me he reunido con pandilleros para ninguna naturaleza, ni para pedir votos, ni para ofrecer dinero, ni nada”, dijo Quijano a su salida de la oficina fiscal ubicada en la colonia Escalón donde permaneció todo el día.
A su salida del interrogatorio en la oficina de la Unidad Antipandillas de la Fiscalía, el diputado y expresidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, insistió ante los medios que no tiene nada que ver con acercamientos con pandilleros, como lo ha señalado el testigo “Noé” y por lo cual fue llamado a declarar a la sede fiscal este viernes ocho de noviembre.
Quijano fue acompañado por familiares, e insistió públicamente sobre su inocencia.
“Le digo a los salvadoreños y les ratifico que no tengo nada que esconder, he hablado con toda claridad, tuvimos un receso de casi dos tres horas; a mediodía que preferí quedarme aquí con miembros de mi familia para poder terminar esto de una vez”, mencionó.
Rechazó todas las acusaciones hechas por “Noé”, éste último dijo durante la audiencia en tribunales de San Salvador donde son procesados más de 400 pandilleros, que hubo políticos que tuvieron reuniones los delincuentes para negociar apoyo electoral.
“De eso hemos hablado ahora y he ratificado mi inocencia en esta materia, lo he dicho siempre, estoy con mi conciencia tranquila ante Dios; no me puedo amilanar (atemorizar) ante nada porque lo primero es la robustez moral de la persona que está enfrentando esta situación”, declaró Quijano.
No brindó más detalles de su intervención en la Fiscalía porque dicha institución le pidió que se abstenga de hacer comentario alguno debido a que existe una investigación en curso.
Nota de: El Salvador Times
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado ordenó que siete limpiaparabrisas y cobradores informales de parqueo permanezcan en prisión preventiva, tras ser acusados de los delitos de coacción y agrupaciones ilícitas.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados operaban en distintos semáforos de la capital, donde presuntamente intimidaban a conductores mediante señas alusivas a estructuras criminales. La FGR señaló que exigían dinero u objetos de valor a cambio de no causar daños a los vehículos o atentar contra sus ocupantes.
Los sospechosos fueron capturados entre el 8 y el 10 de mayo en las inmediaciones de la 25ª Avenida Norte y la Alameda Juan Pablo II, en San Salvador. Las autoridades explicaron que la investigación se desarrolló con técnicas especializadas y el apoyo de inteligencia policial.
Los detenidos fueron identificados como Julio César Aldana, Luis Alonso Ramos Molina, Maycol Javier Haslan Pavón, Kevin Alexander Navarro Méndez, José Miguel Arteaga Melgar, Ariel Francisco Montes Hernández y Héctor René Renderos Navarro.
Un informe de análisis criminal elaborado por la Policía Nacional Civil (PNC) reveló el modo de operar del grupo, cuya estructura —según las autoridades— buscaba evadir la detección policial mientras cometía los delitos.
Durante la audiencia, la jueza consideró que existen suficientes elementos indiciarios para mantener detenidos a los imputados mientras continúa la investigación.
La FGR dispone ahora de un plazo de cuatro meses para ampliar el proceso y presentar pruebas adicionales que serán evaluadas en la audiencia preliminar.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró 23 años de prisión para José Remberto Ávalos por violación en menor o incapaz continuada y privación de libertad de una niña de 11 años.
De acuerdo a las investigaciones de la FGR, Ávalos cometió los abusos, el 2 de septiembre de 2020 en el cantón El Matazano, del distrito de Comasagua, en La Libertad Sur.
El sujeto, mediante engaños, persuadió a la niña para que llegara a su vivienda con la intención de recuperar el teléfono perdido de su abuela.
Al llegar al lugar, el procesado la privó de libertad y la obligó a entrar a casa donde la violó varias veces.
Posteriormente, la víctima fue amenazada por el imputado para que no escapara; sin embargo logró huir y le contó a su familia sobre los abusos sufridos.
Los familiares al enterarse interpusieron la denuncia en contra del sujeto, quien fue detenido por orden fiscal.
Gracias a los elementos de prueba, documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla se logró establecer la participación del imputado en los abusos.
Además de la condena de cárcel, el sujeto deberá pagar $400 en concepto de responsabilidad civil.
