El juzgado Especializado de Santa Ana liberó a los miembros de la banda denominada “profesionales”, acusados de estafar a personas en el departamento  de Sonsonate.

Los abogados, notarios, contadores y hasta un empleado de la Procuradoría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), integraban un grupo que se dedicaba a hacer traspaso de viviendas, vehículos y diferentes inmuebles de forma ilegal.

Los abogados pagaron $20 mil dólares de fianza para poder continuar el proceso en su contra el libertad. Mientras que el empleado de la PDDH pagó $10 mil dólares.

Francisco Javier Vásquez y Reina Patricia Zelaya Pérez, ambos abogados y los abogados penalistas responden a los nombres de Israel Eduardo Orellana, de 64 años, Daniel Alexander Gómez, de 39 y Víctor Alexander Villegas Gaitán, de 39.

Así como Juan Antonio Hernández Ibarra, empleado de la PDDH,, el contador Francisco Javier Vásquez Cortez y José Alfonso Recinos Cárcamo, de 45 años de edad, quien trabajaba como taxista; a quienes se les decretó instrucción formal con detención provisional.

Todos fueron arrestados el pasado 30 de octubre en diferentes puntos de Sonsonate y San Salvador por ser parte de la estructura que se dedicaba a estafar creando documentos falsos.