Judicial
Miembros de la banda “Los Profesionales” cancelan $20 mil de fianza por continuar el proceso en libertad
El juzgado Especializado de Santa Ana liberó a los miembros de la banda denominada “profesionales”, acusados de estafar a personas en el departamento de Sonsonate.
Los abogados, notarios, contadores y hasta un empleado de la Procuradoría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), integraban un grupo que se dedicaba a hacer traspaso de viviendas, vehículos y diferentes inmuebles de forma ilegal.
Los abogados pagaron $20 mil dólares de fianza para poder continuar el proceso en su contra el libertad. Mientras que el empleado de la PDDH pagó $10 mil dólares.
Francisco Javier Vásquez y Reina Patricia Zelaya Pérez, ambos abogados y los abogados penalistas responden a los nombres de Israel Eduardo Orellana, de 64 años, Daniel Alexander Gómez, de 39 y Víctor Alexander Villegas Gaitán, de 39.
Así como Juan Antonio Hernández Ibarra, empleado de la PDDH,, el contador Francisco Javier Vásquez Cortez y José Alfonso Recinos Cárcamo, de 45 años de edad, quien trabajaba como taxista; a quienes se les decretó instrucción formal con detención provisional.
Todos fueron arrestados el pasado 30 de octubre en diferentes puntos de Sonsonate y San Salvador por ser parte de la estructura que se dedicaba a estafar creando documentos falsos.
El Tribunal de Sentencia de Cojutepeque condenó a Nefthaly Adonay Muñoz Pérez y Fredy Antonio Hidalgo Azucena a 20 años de cárcel por el delito de extorsión agravada contra un comerciante en el departamento de Cuscatlán.
Según informó la Fiscalía General de la República, los imputados amenazaban de muerte a la víctima para obligarla a entregar dinero de forma mensual, además de mercadería que comercializaba. “La coacción en la entrega de dinero y productos, así como la falta de utilidades en su negocio, obligaron a la víctima a cerrar su única fuente de ingresos”, explicó el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Santa Cruz Michapa entre diciembre de 2022 y 2023. Las investigaciones establecieron que ambos sujetos exigían pagos regulares como parte de su actividad delictiva.
Esta es la segunda condena por extorsión que enfrentan los acusados. En febrero de este mismo año, ya habían sido sentenciados a 15 años de prisión por extorsionar a otra víctima.
Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas documentales, testimoniales y periciales que permitieron al tribunal declarar culpables a los dos acusados.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
