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Judicial

Llevan a juzgados a militares de alto rango, un policía y un exfiscal acusados de privación de libertad y tortura

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Tres militares de alto rango, cuatro abogados y exfiscal serán acusados por los delitos de privación de libertad y tortura en el Juzgado Especializado de Instrucción “B”, en San Salvador. Los procesados están involucrados con otros 8 militares que fueron acusados por el mismo delito después de secuestrar a dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, el año pasado en el municipio de Apaneca, en Ahuachapán.

Ayer la Fiscalía General de la República (FGR), a través de un comunicado, informó sobre la orden captura que gira en torno a los militares de alto rango. La disposición de la Fiscalía alcanzó a funcionarios judiciales, un policía y un médico.

Los implicados son acusados por al menos seis delitos y serán llevados mañana al Juzgado Especializado de Instrucción “B”, en San Salvador, donde se celebrará la audiencia de imposición de medidas.

Los militares capturados son: el Coronel Héctor Solano, agregado militar en la embajada de El Salvador en Honduras, el Coronel David Iglesias destacado en el Estado Mayor y el Teniente Coronel, Leonel Ascencio.

A los ocho militares se les condenó el año pasado a 14 años de prisión por varios delitos entre ellos tortura, privación de libertad y allanamiento de morada.

Según los militares condenados, esta acción se derivó porque los dos jóvenes eran responsables de un supuesto robo de un arma de fuego de un coronel. En este sentido, los militares, tomaron la justicia por sus manos pasando por alto una acusación formal y el debido proceso penal.

Judicial

Cámara Ambiental condena a Orestes Ortez por permitir daño ambiental durante gestión del FMLN

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La Cámara Ambiental de Segunda Instancia encontró culpable al exministro de Agricultura y Ganadería, Orestes Ortez, por permitir daños al medio ambiente durante su gestión al frente de la institución de gobierno.

Ortez estuvo a la cabeza del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) durante la gestiones de Mauricio Funes y Sánchez Cerén.

Junto a Ortez fue procesada, también, la exministra de Medio Ambiente, Lina Pohl, por permitir daños ambientales en el cerro El Aguila de Ahuachapán,

“El proceso fue absolutorio para la licencia Lina Pohl y condenatorio para el licenciado Orestes Ortez (…) dos de los tres magistrados consideran que quien tiene más especificas las obligaciones de cuidado de la zona forestal es el MAG y no el MARN”, señaló el abogado de Pohl.

El abogado de Ortez indicó que ingresarán un recurso, ya que según él el daño ambiental fue realizado en una área privada y no del estado.

La Asociación Ecológica para Acción y Protección del Medio Ambiente “Tierra Verde” (Aeproterra), interpuso la demanda civil por la tala indiscriminada de árboles.

Según la demanda de la ONG, el área afectada es un aproximado de 14 manzanas, que se encuentran entre el límite de los municipios de Juayúa, Sonsonate y Chalchuapa.

El cerro El Águila, tiene diversas propiedades privadas y asentamientos humanos, asimismo una parte de este fue declarado en el año 2005 como Área Natural Protegida (publicado en el Diario Oficial tomo 366 año 2005).

Según Aeproterra, el potencial de la zona natural son los mantos acuíferos, asimismo, habitaban 27 especies de mamíferos, como el zorrillo espalda blanca y el tepezcuintle, dos especies protegidas y fueron afectadas 71 clases de aves, varias de estas en peligro de extinción.

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Extorsionista condenado a 10 años de cárcel en San Miguel

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Una sentencia condenatoria con la imposición de 10 años de cárcel recibió Jonathan Alfredo Chicas Colato por el delito de extorsión agravada, al aceptar voluntariamente en juicio que recibió $200.00 exigido con amenazas a muerte.

La fiscal del caso de la Unidad Antiextorsiones de la oficina de San Miguel explicó que la víctima identificada con la clave “4486”, fue objeto de chantajes desde el mes de agosto del año 2019 de forma personal, en las que la obligaron a comunicarse a un número de celular.

En las llamadas acordaron una entrega de dinero para el 27 de agosto del 2019.

Al lugar acordado llegó Chicas Colato que fue detenido en flagrancia en un procedimiento policial.

La Vista Pública se desarrolló en el Juzgado Segundo de Sentencia de San Miguel.

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FGR solicita ser parte de caso de malversación de fondos por parte Ernesto Muyshondt

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Ernesto Muyshondt y su consejo municipal de la alcaldía San Salvador, han sido declarado como rebeldes por la Camara Primera de Primera Instancia, tras incumplir con los pagos de transferencia por los desechos sólidos al MIDES.

 Fernando Heriberto Portillo Linares, es el tesorero de la comuna quien cayó en impago de estos servicios y que la Fiscalía General de la República (FGR) exige a Muyshondt que obligue a Portillo a cumplir las funciones y cancelar las deudas pendientes.

En una auditoría realizada por la Corte de Cuentas de la República, se evaluaron 32 facturas que la alcaldía debe a la empresa de Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES) por un monto total de $725,612.62, en el periodo del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2018, mismo periodo en el que la comuna percibió un total de $16,468,648.72 en concepto de tasa de desechos sólidos que los capitalinos cancelan, por lo que acusan al alcalde de malversación de fondos.

El alcalde, el tesorero y el síndico municipal fueron declarados rebeldes por hacer caso omiso a la resolución que exigía un plazo de 15 días a partir del 11 de enero del 2021 para ejercer su derecho de defensa, a lo que hicieron caso omiso.

Según una concejal de ARENA, Muyshondt habría designado al subgerente de la alcaldía la respuesta inmediata a la carta emitida a la cámara, sin embargo fue rechazada.

“Le escribí a la síndico municipal (Gloria Calderón) en la mañana haciéndole saber si ya le habían notificado. Si me decía ella que el documento expresa que el poder que nosotros le habíamos otorgado como concejo municipal, exceptuando al concejal German Muñoz, no lo había dado por aceptado la corte. Por lo cual, al ella contestar en nombre del concejo, porque no era algo en colegiado [aclara Rivas], sino personal, no era válido y se nos ha declarado en rebeldía. Dado estas circunstancias del hecho que no se ha llevado bien el proceso, yo voy a hacer un escrito haciendo mi defensa propia y no en común, porque en ningún momento se nos mostró la respuesta que iban a mandar y el poder que el alcalde firmó por todos”, señaló la concejala.

“En mi caso, yo presente un documento a la Corte de Cuentas en el cual yo me exoneraba de la responsabilidad porque no tengo facultades más de las que la ley me da. En mi caso no soy pagador, no tengo responsabilidades administrativas”, añadió el concejal Germán Muñoz.

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