Judicial
“¡Llamen al 911. Soy policía, soy policía!”: hombres montan una falsa venta de auto para robarle a policía pero todo termina en balacera
Un agente policial nunca imaginó que intentar aprovechar la ganga de un carro en venta lo iba a llevar a estar al borde de la muerte en una balacera iniciada por dos falsos vendedores que querían robarle su dinero.
El 13 de febrero del 2016, Javier (nombre modificado por seguridad) y su esposa salieron rumbo al Seguro Social para que ella pasara consulta. Mientas estaban en el lugar, al agente recibió una llamada del personal del banco quienes le notificaron que su crédito había sido aprobado y que podía pasar a retirarlo.
Luego de varias semanas esperando la aprobación del préstamo, el agente policial se contactó con un sujeto que había anunciado las intenciones de vender su carro, el precio era una ganga que el agente quería aprovechar.
Luego de la cita médica, la pareja se dirigió a una agencia bancaria de Soyapango para obtener el efectivo que el hombre guardo junto a su arma en una pequeña cangurera que llevaba amarrada en la cintura.
Según el expediente judicial, al salir del banco la víctima realizó una llamada a los supuestos vendedores del carro, sin conocerse pactaron encontrarse en las cercanías del ISSS de Soyapango en la colonia Prados de Venecia 3.
Al llegar al punto de encuentro, Javier vio a dos sujetos frente al carro que quería, al mismo tiempo, decidió tomar fuertemente de la mano a su pareja a quien le pidió caminar rápido por que la situación le parecía sospechosa.
El enfrentamiento
El instinto policial no le falló a Javier, en cuestión de segundos perdió el interés en el vehículo e intentó pasar de largo ante los sujetos quienes comenzaron a perseguirlo para despojarlo del dinero.
“Párate ahí”, le dije uno de los sujetos al agente quien hizo caso omiso de la advertencia, algo que provocó que uno de los sospechosos comenzara a disparar en contra de la pareja en medio de gritos despavoridos de otros testigos.
El agente decidió separarse de su esposa quien se refugió en una tienda de la zona, mientras tanto, Javier corrió en dirección del edificio del ISSS buscando ser auxiliado por elementos de seguridad.
El intento de la víctima casi se vio frustrado por una bala que logró alcanzarlo, pero el impulso que llevaba le permitió llegar a uno de los portones del centro asistencial en el que con voz despavorida se identificó.
.“¡Llamen al 911. Soy policía, soy policía!”, insistía Javer quien fue auxiliado por los guardias del nosocomio quienes abrieron la puerta para que el agente lograra ingresar, pero el temor del agente aumentó al no saber de su pareja.
Preocupada por su esposo, la mujer decidió salir del punto en el que se resguardaba pero para su mala suerte se topó con uno de los delincuentes quien sacó provecho del estado que ella tenía para quitarle la cartera.
El delincuente salió corriendo sin percatarse que en la cartera que había robado se encontraba sin dinero, ya que el único papel que portaba la mujer eran las órdenes para retirar los medicamentos que necesitaba para mejorar su salud.
Las investigaciones policiales permitieron la identificación de los asaltantes quienes responden a los nombres de: Jimmy Orland Lara, alias “Bob Esponja”, de 31 años quien es motorista de la ruta 29 y César Emilio Zabala, alias “El César”, de 33.
Ambos están proceso por homicidio agravado en grado de tentativa, será el tribunal Sexto de Sentencia quien declare la responsabilidad penal en una fecha que está por conocerse.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
