Judicial
“¡Llamen al 911. Soy policía, soy policía!”: hombres montan una falsa venta de auto para robarle a policía pero todo termina en balacera
Un agente policial nunca imaginó que intentar aprovechar la ganga de un carro en venta lo iba a llevar a estar al borde de la muerte en una balacera iniciada por dos falsos vendedores que querían robarle su dinero.
El 13 de febrero del 2016, Javier (nombre modificado por seguridad) y su esposa salieron rumbo al Seguro Social para que ella pasara consulta. Mientas estaban en el lugar, al agente recibió una llamada del personal del banco quienes le notificaron que su crédito había sido aprobado y que podía pasar a retirarlo.
Luego de varias semanas esperando la aprobación del préstamo, el agente policial se contactó con un sujeto que había anunciado las intenciones de vender su carro, el precio era una ganga que el agente quería aprovechar.
Luego de la cita médica, la pareja se dirigió a una agencia bancaria de Soyapango para obtener el efectivo que el hombre guardo junto a su arma en una pequeña cangurera que llevaba amarrada en la cintura.
Según el expediente judicial, al salir del banco la víctima realizó una llamada a los supuestos vendedores del carro, sin conocerse pactaron encontrarse en las cercanías del ISSS de Soyapango en la colonia Prados de Venecia 3.
Al llegar al punto de encuentro, Javier vio a dos sujetos frente al carro que quería, al mismo tiempo, decidió tomar fuertemente de la mano a su pareja a quien le pidió caminar rápido por que la situación le parecía sospechosa.
El enfrentamiento
El instinto policial no le falló a Javier, en cuestión de segundos perdió el interés en el vehículo e intentó pasar de largo ante los sujetos quienes comenzaron a perseguirlo para despojarlo del dinero.
“Párate ahí”, le dije uno de los sujetos al agente quien hizo caso omiso de la advertencia, algo que provocó que uno de los sospechosos comenzara a disparar en contra de la pareja en medio de gritos despavoridos de otros testigos.
El agente decidió separarse de su esposa quien se refugió en una tienda de la zona, mientras tanto, Javier corrió en dirección del edificio del ISSS buscando ser auxiliado por elementos de seguridad.
El intento de la víctima casi se vio frustrado por una bala que logró alcanzarlo, pero el impulso que llevaba le permitió llegar a uno de los portones del centro asistencial en el que con voz despavorida se identificó.
.“¡Llamen al 911. Soy policía, soy policía!”, insistía Javer quien fue auxiliado por los guardias del nosocomio quienes abrieron la puerta para que el agente lograra ingresar, pero el temor del agente aumentó al no saber de su pareja.
Preocupada por su esposo, la mujer decidió salir del punto en el que se resguardaba pero para su mala suerte se topó con uno de los delincuentes quien sacó provecho del estado que ella tenía para quitarle la cartera.
El delincuente salió corriendo sin percatarse que en la cartera que había robado se encontraba sin dinero, ya que el único papel que portaba la mujer eran las órdenes para retirar los medicamentos que necesitaba para mejorar su salud.
Las investigaciones policiales permitieron la identificación de los asaltantes quienes responden a los nombres de: Jimmy Orland Lara, alias “Bob Esponja”, de 31 años quien es motorista de la ruta 29 y César Emilio Zabala, alias “El César”, de 33.
Ambos están proceso por homicidio agravado en grado de tentativa, será el tribunal Sexto de Sentencia quien declare la responsabilidad penal en una fecha que está por conocerse.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, juez tres, condenó a 52 años de prisión a Diego Alejandro Romero de Paz, alias Little Happy, por los delitos de privación de libertad, limitación ilegal a la libertad de circulación y organizaciones terroristas en perjuicio de la seguridad del Estado.
De acuerdo con la resolución judicial, alias Little Happy tenía el rango de segundo palabrero dentro de la hengla Tiny Locos Sureños de la pandilla 18 Sureños, que operaba en la urbanización Jardines de Sel Sutt.
La juzgadora estableció que alias Little Happy participó en la privación de libertad de una menor de edad, a quien obligaban a sostener una relación sentimental con un pandillero que se encontraba detenido. Asimismo, amenazó de muerte a dos personas para que no denunciaran la desaparición de la víctima, por lo que ambas huyeron de sus hogares.
Junto a él, también fueron condenados José Dimas Romero Torres, alias Dimas, y José Alberto Martínez García, alias Chepe, a diez años de prisión por el delito de organizaciones terroristas, mientras que Hugo Adonay Miranda Romero, alias Black, fue condenado a ocho años de prisión por el mismo delito.
Los hechos ocurrieron entre 2015 y 2017.
