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Judicial

La Sala debe resolver en 15 días sobre el Decreto 661 de Ley de Emergencia

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Los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tienen 15 días para resolver sobre el Decreto Legislativo 661, que contiene una Ley de Emergencia y medidas económicas vetadas por el Presidente Nayib Bukele porque no defienden la vida, habilitan el transporte colectivo y respaldan otras disposiciones que afectan la lucha contra la pandemia.

En el último mes la Sala no se había pronunciado sobre este tema, pero ayer admitió la controversia. Esto, según el artículo 138 de la Constitución de la República, implica resolver en 15 días hábiles, por lo que es importante que los magistrados del máximo tribunal de la Corte Suprema de Justicia resuelvan para dar certeza jurídica a El Salvador en el marco de la pandemia de Covid-19.

Abogados aseguran que la Sala de lo Constitucional y la Asamblea Legislativa han cercenado las facultades legales del Gobierno del Presidente Nayib Bukele para enfrentar el nuevo coronavirus, debilitando al Código de Salud que da facultades muy endebles a las autoridades sanitarias y limita la búsqueda de casos, nexos epidemiológicos y no permite realizar una cuarentena estricta por 15 días, al menos.

Dijeron, que esta cuarentena estricta y según informes epidemiológicos, es la única medida para bajar la curva de contagio de COVID-19 y reducir el numero de fallecidos, algo que depende del Régimen de Excepción que está pendiente en la Asamblea Legislativa de aprobación y de la resolución de la Sala sobre la controversia.

Otros sectores de la sociedad han hecho un llamado a todos los órganos de Estado, a ponerse de acuerdo y a definir estrategias conjuntas para enfrentar el COVID-19, que de momento ha dejado un saldo 379 fallecidos y 13,792 casos confirmados en todo El Salvador.

Sin embargo, las autoridades del Ministerio de Salud siguen la pista a 13,988 personas como sospechosas de haber contraído el virus.

Las autoridades de Salud confirman que hasta este jueves se han realizado 221,820 pruebas de COVID-19, siendo El Salvador pionero en realizar ese tipo de pruebas en el Istmo.

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Prisión para esposos por tráfico ilícito de drogas en San Miguel

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La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.

De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.

En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.

La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.

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Judicial

PNC El Salvador captura a dos personas con marihuana en La Libertad Costa

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La Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador informó este sábado la captura de dos personas que transportaban droga en el bulevar Conchalío, en La Libertad Costa. Los detenidos fueron identificados como Valeria Saraí García Cornejo y Gerson Edgardo Medrano Ayala, quienes viajaban a bordo de un vehículo interceptado durante un operativo rutinario.
Tras la revisión del automóvil, las autoridades incautaron paquetes de marihuana, dinero en efectivo y el mismo vehículo utilizado para el traslado. Los capturados serán puestos a disposición de los tribunales por el delito de posesión y tenencia de drogas, según detalló la PNC en sus redes sociales.
La institución enfatizó su mensaje preventivo: “Los ilícitos solo te llevarán a la cárcel. Pensalo bien”, como parte de su estrategia de disuasión en la lucha contra el narcotráfico en zonas turísticas y costeras del país. Este tipo de operativos forman parte de los esfuerzos continuos por mantener la seguridad en las principales rutas del departamento de La Libertad.
Las imágenes difundidas muestran a los detenidos junto a los paquetes decomisados y el dinero, reforzando el compromiso de las autoridades en la erradicación del tráfico de drogas a pequeña escala.
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143 integrantes de la clica Cinco Cedros Locos Salvatruchos de la MS-13 fueron condenados hasta con 75 años de prisión

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La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 143 integrantes de la clica Cinco Cedros Locos Salvatruchos de la MS-13, del programa Libertad, fueran condenados a penas que van desde los 20 hasta los 75 años de prisión por su vinculación y pertenencia a la estructura criminal y por otros delitos.

Todos los pandilleros delinquían en el cantón Lourdes, del distrito de Colón, en en las colonias Cinco Cedros, San Mateo, El Chapernal, Bazzini, Las 600 y zonas aledañas del departamento de La Libertad y fueron sentenciados según el grado de participación o rango en la estructura criminal. Todos fueron capturados a partir de la implementación del régimen de excepción.

Entre las sentencias más altas está la 75 años de prisión impuesta a Cristian Dagoberto Alas García, alias Chory o Espía; al imputado se le condenó por los delitos de agrupaciones ilícitas, siembra y cultivo de marihuana y tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego. El imputado fue capturado en agosto de 2022, en una finca de Talnique, donde almacenaba dos armas de guerra y cultivaba plantas de marihuana.

67 años de prisión fue la condena impuesta a Miqueas Misael Hernández Rodríguez, alias Miqueas, por agrupaciones ilícitas, tenencia ilegal de armas, posesión de drogas con fines de tráfico y amenazas agravadas. Al momento de la captura el imputado amenazó verbalmente a elementos de la Fuerza Armada y se le incautaron sustancias ilícitas y un arma de fuego sin documentación legal.

El corredor de clica, Carlos Gerardo Escobar, alias Drupi, fue condenado a 66 años de prisión por agrupaciones ilícitas, tenencia ilegal de armas de fuego y posesión de drogas; el imputado fue detenido en noviembre de 2022 en San Juan Opico, cuando intentó ocultar un arma de fuego y huir de las autoridades.

Otro de los condenados es el corredor de clica Jonathan David Doradea, alias Bacha o Mafioso, a quien se le impusieron 51 años de prisión por agrupaciones ilícitas y posesión de drogas.

Los corredores de clica Fidel Antonio Ramos Flores, alias Viejo Tigre, y Nelson Enrique Larios Saget, alias Duende, recibieron 45 años de prisión por agrupaciones ilícitas.

A esa misma pena y por el mismo delito fueron condenados los homeboys: Juan Carlos López Serrano, alias «Chacal»; Edwin Alexander Monterroza Arévalo, alias «Sayco»; Víctor Manuel Miranda Rosales, alias «Wizar»,  Elvis Jovanny Henriquez Montes, alias Espiri; Óscar Alfredo Alas Corea, alias «Black» o «Kilo»; Pedro Antonio Urbano Menjívar, alias «Vago»; Marvin Joel Gómez Portillo, alias «Slow»; Jairo Adonay Molina Paz, alias «Sparky»; Samuel Enrique Nieto Flores, alias «Zombie»; Andrés Rivas Menéndez, alias «Timón»; Juan Antonio García Cortez, alias «Humilde» o «Juan»; Juan Ramón Hernández Estrada, alias «Little Boy»; Samuel Eduardo Martínez Salazar, alias «Dauner»; Roberto Antonio Bermúdez Santamaría, alias «Pulga»; Dagoberto de Jesús Quintanilla, alias «Shorty»; Nelson Edgardo Aguirre Martínez, alias «Sombra»; Pedro José Sánchez Leiva, alias «Zonte»; Dany Wilson Ávalos Abrego, alias «Vigion»; Marcos Salvador López Martínez, alias «Gato de la Belén»; Manfredy Marcos Vanegas Durán, alias «Flaco» o «Scrapy»; Luis Alonso Gómez de Paz, alias «Pega»; Edwin Osmín Ruiz Aguilar, alias «Maníaco»; Francisco López Hernández, alias «Sapo»; Hayser Antonio Madrid Argueta, alias «Hayser», Carlos Antonio Ramírez, alias «Mico» y  Elmer Shunico Shunico.

El resto de penas oscilan entre 36, 30 y 20 años de prisión. Según el fallo se condenó a 4 corredores de clica, 27 homeboys, 61 chequeos, 4 observaciones y 47 paro o colaboradores.

Estas condenas fueron impuestas en presencia de los imputados por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador, luego de valorar la abundante prueba documental, pericial y testimonial que presentó el ente fiscal durante la audiencia única.

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