Judicial
La Sala debe resolver en 15 días sobre el Decreto 661 de Ley de Emergencia
Los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tienen 15 días para resolver sobre el Decreto Legislativo 661, que contiene una Ley de Emergencia y medidas económicas vetadas por el Presidente Nayib Bukele porque no defienden la vida, habilitan el transporte colectivo y respaldan otras disposiciones que afectan la lucha contra la pandemia.
En el último mes la Sala no se había pronunciado sobre este tema, pero ayer admitió la controversia. Esto, según el artículo 138 de la Constitución de la República, implica resolver en 15 días hábiles, por lo que es importante que los magistrados del máximo tribunal de la Corte Suprema de Justicia resuelvan para dar certeza jurídica a El Salvador en el marco de la pandemia de Covid-19.
Abogados aseguran que la Sala de lo Constitucional y la Asamblea Legislativa han cercenado las facultades legales del Gobierno del Presidente Nayib Bukele para enfrentar el nuevo coronavirus, debilitando al Código de Salud que da facultades muy endebles a las autoridades sanitarias y limita la búsqueda de casos, nexos epidemiológicos y no permite realizar una cuarentena estricta por 15 días, al menos.
Dijeron, que esta cuarentena estricta y según informes epidemiológicos, es la única medida para bajar la curva de contagio de COVID-19 y reducir el numero de fallecidos, algo que depende del Régimen de Excepción que está pendiente en la Asamblea Legislativa de aprobación y de la resolución de la Sala sobre la controversia.
Otros sectores de la sociedad han hecho un llamado a todos los órganos de Estado, a ponerse de acuerdo y a definir estrategias conjuntas para enfrentar el COVID-19, que de momento ha dejado un saldo 379 fallecidos y 13,792 casos confirmados en todo El Salvador.
Sin embargo, las autoridades del Ministerio de Salud siguen la pista a 13,988 personas como sospechosas de haber contraído el virus.
Las autoridades de Salud confirman que hasta este jueves se han realizado 221,820 pruebas de COVID-19, siendo El Salvador pionero en realizar ese tipo de pruebas en el Istmo.
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
