Judicial
La pandilla MS obtenía hasta $25 mil mensuales a través de la venta de autos , taxis piratas y mototaxis en Santa Ana, según testigo criteriado «Noé»
El testigo criteriado “Noé” continúo este miércoles brindado más detalles de cómo la pandilla MS y sus diferentes estructuras incrementaron sus finanzas en el occidente del país.
“Noé”, durante el séptimo día de audiencia en contra de 400 pandilleros de la mencionada pandilla y en la sala del Juzgado Especializado de Sentencia informó que la MS llegó hasta recaudar al mes entre $17 mil y $25 mil al mes en el departamento de Santa Ana, y el municipio de Metapán, siempre en el occidente del país.
Según el testigo, la estructura poseía taxis piratas, mototaxis y hasta auto lotes (venta de carros), los cuales ponían al servicio y la venta de la población.
Los lugares donde operaban era el lago de Coatepeque así como un turicentro privado de Metapán.
Tras la importación de los vehículos importados con el dinero que obtenía estos vendían los automotores a autolotes del sector, cuyos dueños según “Noé” también eran colaboradores de la pandilla.
El mismo testigo aseguró que la cantidad de dinero que obtenía mensualmente también se le agregaba la extorsión y la venta de droga.
Reuniones con partidos políticos.
“Noé” informó además, que su persona participó en al menos dos reuniones con miembros de partidos políticos cuando él formó parte de la pandilla en el 2016.
Dijo que entre el 2014 y 2015 político de los partidos Arena y FMLN se reunión con líderes de pandillas para negociar votos durante las elecciones para presidentes y diputados y también beneficios penitenciarios como bonos de dinero que rondarían los $70 mil y $300 mil.
En esas reuniones con los políticos de los partidos en mención también se habló de crear negocios como zapaterías, almacenes, bazares y fábricas para toda la cliclas, comentó “Noé”.
Dichas reuniones se habrían hecho en una iglesia evangélica en San Marcos y otra en la colonia Miramonte. Además, hubo otras reuniones en una oficina de la colonia San Benito, en las sedes de los partidos políticos y en una en un rancho del lago de Ilopango aseguró el testigo en su declaración del pasado 11 de octubre en el Juzgado Especializado de Sentencia.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
