Judicial
La pandilla MS obtenía hasta $25 mil mensuales a través de la venta de autos , taxis piratas y mototaxis en Santa Ana, según testigo criteriado «Noé»
El testigo criteriado “Noé” continúo este miércoles brindado más detalles de cómo la pandilla MS y sus diferentes estructuras incrementaron sus finanzas en el occidente del país.
“Noé”, durante el séptimo día de audiencia en contra de 400 pandilleros de la mencionada pandilla y en la sala del Juzgado Especializado de Sentencia informó que la MS llegó hasta recaudar al mes entre $17 mil y $25 mil al mes en el departamento de Santa Ana, y el municipio de Metapán, siempre en el occidente del país.
Según el testigo, la estructura poseía taxis piratas, mototaxis y hasta auto lotes (venta de carros), los cuales ponían al servicio y la venta de la población.
Los lugares donde operaban era el lago de Coatepeque así como un turicentro privado de Metapán.
Tras la importación de los vehículos importados con el dinero que obtenía estos vendían los automotores a autolotes del sector, cuyos dueños según “Noé” también eran colaboradores de la pandilla.
El mismo testigo aseguró que la cantidad de dinero que obtenía mensualmente también se le agregaba la extorsión y la venta de droga.
Reuniones con partidos políticos.
“Noé” informó además, que su persona participó en al menos dos reuniones con miembros de partidos políticos cuando él formó parte de la pandilla en el 2016.
Dijo que entre el 2014 y 2015 político de los partidos Arena y FMLN se reunión con líderes de pandillas para negociar votos durante las elecciones para presidentes y diputados y también beneficios penitenciarios como bonos de dinero que rondarían los $70 mil y $300 mil.
En esas reuniones con los políticos de los partidos en mención también se habló de crear negocios como zapaterías, almacenes, bazares y fábricas para toda la cliclas, comentó “Noé”.
Dichas reuniones se habrían hecho en una iglesia evangélica en San Marcos y otra en la colonia Miramonte. Además, hubo otras reuniones en una oficina de la colonia San Benito, en las sedes de los partidos políticos y en una en un rancho del lago de Ilopango aseguró el testigo en su declaración del pasado 11 de octubre en el Juzgado Especializado de Sentencia.
El Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional para Esteban Francisco González Cárcamo, alias Pato, quien es procesado por el delito de agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública.
Los señalamientos fiscales perfilan a González Cárcamo como homeboy de la Mara Salvatrucha, quien forma parte de la clica Herraduras Criminales Locos Salvatruchas que delinque principalmente en el distrito de San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), durante la audiencia de imposición de medidas, bastaron para que el juez del caso ordenara que alias Pato siga preso mientras el ministerio público continúa con las investigaciones.
«Entre las pruebas se encuentran el perfil delincuencial, informes de inteligencia policial, análisis de tatuajes y antecedentes penales por delitos como amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas. Dada la contundencia de estas evidencias, la autoridad judicial consideró mantener al imputado en detención provisional mientras el caso avanza en la etapa de Instrucción, detallaron fuentes judiciales.
El sospechoso fue arrestado por la Policía el pasado 5 de enero en el distrito de San Dionisio, jurisdicción de Usulután Este. Su historial delictivo data desde el 2007 por los delitos de: agrupaciones ilícitas, amenazas con agravación especial y amenazas.
Las autoridades informaron que este pandillero será enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) donde otros criminales cumplen sus condenas.
Judicial
Pareja que agarró a patadas a agentes de tránsito por una multa, deberá acudir a terapia sicológica
Josué Misael M. y Ana María B. M. fueron condenados a un año de suspensión condicional del proceso tras agredir física y verbalmente a agentes de tránsito el pasado domingo.
Los hechos ocurrieron cuando los agentes procedieron a multar a la pareja por obstruir el paso frente a un garaje. Al intentar retirar las placas del vehículo, los imputados reaccionaron de manera violenta, propinando patadas a los agentes e insultándolos.
Ante estos hechos, las autoridades procedieron a la detención de ambos. Posteriormente, el Juzgado Segundo de Paz de San Martín celebró una audiencia en la que los imputados aceptaron los cargos por el delito de resistencia.
Como parte de la sentencia, el juez impuso a la pareja reglas de conducta, entre ellas la obligación de asistir a terapia psicológica para el control de la ira y la prohibición de cambiar de domicilio.
Judicial
Tribunal condena a Erick Sánchez a 35 años de cárcel por homicidio agravado en San Salvador
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 35 años de prisión a Erick Daniel Sánchez Liévano por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Ana A. Asimismo, lo condenó al pago de la responsabilidad civil en abstracto.
El hecho ocurrió en San Salvador el 16 de febrero de 2019, en horas de la mañana. Uno de los testigos declaró haber recibido una llamada telefónica de su madre, quien le informó que la habían subido a un vehículo y luego la comunicación se cortó. Posteriormente, un sujeto llamó exigiéndole 10 mil dólares o, de lo contrario, matarían a su madre. El familiar llamó inmediatamente al Sistema de Emergencias 911 para denunciar el secuestro.
Ese mismo día, a las 4:30 de la tarde, el testigo recibió otra llamada donde le reiteraron que no se trataba de una broma. A la mañana siguiente, volvieron a llamar para comunicarles que el plazo había vencido.
Luego de localizar el cuerpo, la autopsia determinó que Ana falleció el 16 de febrero y que presentaba heridas por arma blanca en el cuello, tórax y abdomen.
Al momento de la captura de Sánchez, se le incautaron dos teléfonos celulares. Se demostró que uno de los números telefónicos estuvo en el lugar del hecho y que fue utilizado para realizar las llamadas a los familiares de la víctima, exigiendo el pago del rescate.
