Judicial
La pandilla MS obtenía hasta $25 mil mensuales a través de la venta de autos , taxis piratas y mototaxis en Santa Ana, según testigo criteriado «Noé»
El testigo criteriado “Noé” continúo este miércoles brindado más detalles de cómo la pandilla MS y sus diferentes estructuras incrementaron sus finanzas en el occidente del país.
“Noé”, durante el séptimo día de audiencia en contra de 400 pandilleros de la mencionada pandilla y en la sala del Juzgado Especializado de Sentencia informó que la MS llegó hasta recaudar al mes entre $17 mil y $25 mil al mes en el departamento de Santa Ana, y el municipio de Metapán, siempre en el occidente del país.
Según el testigo, la estructura poseía taxis piratas, mototaxis y hasta auto lotes (venta de carros), los cuales ponían al servicio y la venta de la población.
Los lugares donde operaban era el lago de Coatepeque así como un turicentro privado de Metapán.
Tras la importación de los vehículos importados con el dinero que obtenía estos vendían los automotores a autolotes del sector, cuyos dueños según “Noé” también eran colaboradores de la pandilla.
El mismo testigo aseguró que la cantidad de dinero que obtenía mensualmente también se le agregaba la extorsión y la venta de droga.
Reuniones con partidos políticos.
“Noé” informó además, que su persona participó en al menos dos reuniones con miembros de partidos políticos cuando él formó parte de la pandilla en el 2016.
Dijo que entre el 2014 y 2015 político de los partidos Arena y FMLN se reunión con líderes de pandillas para negociar votos durante las elecciones para presidentes y diputados y también beneficios penitenciarios como bonos de dinero que rondarían los $70 mil y $300 mil.
En esas reuniones con los políticos de los partidos en mención también se habló de crear negocios como zapaterías, almacenes, bazares y fábricas para toda la cliclas, comentó “Noé”.
Dichas reuniones se habrían hecho en una iglesia evangélica en San Marcos y otra en la colonia Miramonte. Además, hubo otras reuniones en una oficina de la colonia San Benito, en las sedes de los partidos políticos y en una en un rancho del lago de Ilopango aseguró el testigo en su declaración del pasado 11 de octubre en el Juzgado Especializado de Sentencia.
El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador abrió el proceso penal contra 48 estudiantes y exestudiantes de institutos nacionales, entre ellos 14 menores de edad, acusados de integrar “La Raza”, una nueva estructura delictiva surgida en centros educativos del país.
El caso, llevado con reserva total, incluye imputaciones por delitos relacionados con crimen organizado como agrupaciones ilícitas, lavado de dinero, proposición y conspiración para homicidio, falsificación de moneda, agresión sexual y amenazas.
La audiencia contó con la presencia exclusiva de fiscales, defensores y padres de los menores, quienes fueron trasladados a la sala sin ser expuestos ante los medios. Los adultos enfrentaron la audiencia de forma virtual para la imposición de medidas.
Las capturas se ejecutaron el 24 de junio de 2025, ordenadas por la Fiscalía General de la República, y tuvieron lugar en los institutos General Francisco Menéndez (INFRAMEN), Nacional Técnico Industrial (INTI), Albert Camus y Acción Cívica Militar, tras investigaciones que duraron varios meses.
Las autoridades recibieron información sobre actividades delictivas vinculadas a esta agrupación en los centros escolares y zonas aledañas. Según el gabinete de Seguridad, “La Raza” tenía como objetivos a profesores y agentes policiales, contra quienes dirigía sus acciones criminales.
Los abogados defensores señalaron que no existen pruebas contundentes que demuestren la vinculación de sus clientes con la estructura delictiva, y negaron que los acusados formen parte de “La Raza”. El proceso continúa en desarrollo.
Judicial
Prisión para pandilleros que asesinaron a una mujer tras saber que vivía en una zona controlada por otra estructura
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que tres miembros de la pandilla 18 Sureños fueran condenados a 25 años de prisión por el homicidio de una mujer ocurrido en el departamento de La Libertad.
Los condenados fueron identificados como Giovanni Stanley Santamaría Flores, alias Skipi; Giovanni Stanley Castillo Monjes, alias Saiper; y Alex Edgardo Guillén Zacatares, conocido como Orejón. Las investigaciones determinaron que los tres pertenecen a estructuras terroristas activas en la zona.
Según la FGR, el crimen ocurrió luego de que los pandilleros se encontraran con la víctima en un bar, donde uno de ellos entabló conversación y le ofreció una bebida alcohólica. Posteriormente, le propuso llevarla a su casa, pero al enterarse de que vivía en una zona dominada por una pandilla rival, cambiaron el destino.
La mujer subió al vehículo en el que viajaban los tres agresores y, al llegar al sitio acordado, fue atacada a balazos. Los delincuentes la abandonaron creyendo que había muerto.
Minutos después, agentes policiales la encontraron con vida, la auxiliaron y la trasladaron a un centro asistencial, donde falleció a causa de las graves heridas.
La FGR confirmó que los tres implicados ya guardan prisión y enfrentan además otro proceso penal por el delito de agrupaciones ilícitas.
Tres integrantes de la MS, vinculados a la clica Brentwood, fueron sentenciados a penas de 18 y 20 años de prisión por el asesinato de un hombre durante un torneo navideño en Concepción de Oriente, La Unión.
El Tribunal de Sentencia de La Unión confirmó la culpabilidad de los acusados tras validar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), que demostraron la participación directa de cada imputado en el crimen ocurrido el 20 de noviembre de 2019.
Según las investigaciones, la víctima fue atacada a tiros mientras se desarrollaba un torneo en la cancha de fútbol del caserío Ojo de Agua, cantón Gueripe, un hecho que causó conmoción entre los asistentes.
La Fiscalía determinó que Selvin Abundino Umanzor Euceda y Luis Adonay Velásquez se encargaron de localizar y seguir a la víctima, mientras que Walter Geovanny Alvarado García, junto a un menor de edad, ejecutaron el ataque.
El crimen fue ordenado por la estructura criminal debido a la presunta afiliación de la víctima a la pandilla Barrio 18.
Alvarado García y Umanzor Euceda fueron condenados a 18 años de prisión cada uno, mientras que Velásquez, prófugo de la justicia, fue sentenciado en ausencia a 20 años de cárcel.
