Judicial
Juzgado autoriza procedimiento abreviado a exjuez
El Juzgado 2° de Instrucción de San Salvador en procedimiento abreviado acordado por la fiscalía y la defensa, condenó a un año de prisión al exjuez, Romeo Aurora Giammatei, por el delito de prevaricato, esto luego que confeso su participación en el hecho.
No obstante al exfuncionario judicial se le concedió el beneficio de la suspensión condicional de la pena con el cumplimiento de reglas de conducta durante un año y que su cumplimento será verificado por un Juzgado de Vigilancia Penitencia.
La jueza, además emitió una condena civil en abstracto, debido a que la querella estableció un monto en la audiencia pero sin precisar la cuantía, por lo tanto será en el área civil que deberá demostrar la cuantía del daño causado a la víctima y así resarcirlo, informo la fiscal del caso.
Al exjuez Giammatei se le acusó de tener vínculos con el empresario Enrique Rais y el exfiscal general Luis Martínez para afectar a la víctima Claudia Herrera, según la investigación fiscal.
Fue procesado por formar parte de una presunta red de corrupción que involucró a fiscales, a jueces y peritos que supuestamentente recibieron sobornos a cambio de fabricar pruebas falsas y acusar a la victima de amenazas, presuntamente para favorecer al empresario Enrique Rais.
Desde agosto del año 2016, Giammatei tuvo calidad de reo rebelde hasta que el 9 de noviembre se presentó voluntariamente a la sede judicial.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
