Judicial
Juez gira orden de captura para Vanda Pignato y envía a prisión a «Mecafé» y a los implicados en Caso Funes
El fallo de la audiencia inicial desarrollada por el Juzgado 5° de Paz de San Salvador en contra de la secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, del empresario Miguel Menéndez, conocido como “Mecafé”, y todos 24 imputados en el caso de Saqueo Público fue enviar el caso a instrucción y detención para todos los acusados.
«Ha sido el juez quien sorpresivamente ha tomado la decisión sobre la detención de ella Pignato), pero por supuesto que haré uso de los medios recursivos que sean pertinentes», comentó la abogada defensora de la exprimera Dama de la República, Francis Varquero.
«La Fiscalía argumentó no solo es el tema del quebranto de salud, sino que ella se ha presentado cada vez que ha sido requerida por cualquier instancia. Hoy se presentaron las constancias médicas que le imposibilitaron presentarse a esta audiencia», añadió Varquero, quien dijo no comprender la decisión del juez.
El fiscal del caso se mostró satisfecho de la resolución del juez e informó que a todos los imputados se les ha decretado detención, tanto para los seis presentes, como a los ausentes. Informó que incluso se girará una petición a Interpol para que señale una difusión roja para los que se encuentren fuera del país.
El Ministerio Público había pedido medidas alternas a la detención para el caso de Vanda, por problemas de salud. Sin embargo, el juez decidió imponerle la detención.
Para Francis Varquero, abogada defensora de Pignato, la medida es «excesiva» y se mostró sorprendida por la decisión del juez.
En la audiencia, misma que finalizó en horas de la madrugada de este lunes, solo fueron presentados los seis detenidos, pero tres personas más fueron intimadas en centros penales del país: Francisco Rodríguez, Pablo Gómez y Jorge Alberto Hernández, tres exempleados de Casa Presidencial en el periodo de Antonio Saca y que han sido involucrados en ese otro caso.
Asimismo, se hicieron presentes los abogados defensores de 17 imputados que no estaban presentes, a quienes también se les decretó detención.
El juez aún no ha resuelto el futuro jurídico del expresidente Mauricio Funes, ni de su compañera de vida Ada Mitchel Guzmán y otros cuatro implicados, que no enviaron representante legal a la audiencia inicial.
La FGR giró una orden de captura en contra de 31 personas, a quienes les imputan una relación con Funes, quien habría tomado más de $351 millones provenientes de fondos del Estado, por lo que este será acusado por los delitos de peculado, lavado de dinero y activos.
Además, el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, indicó que han girado una orden de captura contra el expresidente y una para su compañera de vida, Ada Michelle Guzmán, dos de sus hijos y varios de sus hombres de confianza.
A cumplir una condena de 12 años de cárcel ha sido sentenciado José Alfredo Gómez Ramírez, quien fue declarado culpable por el delito de robo en perjuicio de una víctima, a quien despojó de sus objetos de valor.
El hecho ocurrió la tarde del 18 de enero de este año. La víctima transitaba sobre 12ª. calle poniente, entre la 1ª. avenida sur y la avenida Isidro Ménendez, en el centro de esta capital, cuando fue interceptada por Gómez Ramírez, quien la amenazó de muerte y de forma rápida la despojó de sus prendas de valor.
La víctima luego de entregar sus pertenencias huyó de la zona y buscó apoyo policial.
El sujeto fue ubicado y detenido por agentes de autoridad a los pocos minutos de la acción delincuencial. La Fiscalía presentó toda la prueba ante el Juzgado Noveno de Paz y al finalizar de la denominada audiencia de vista pública sumaria fue encontrado responsable penalmente por el mencionado delito.
Gómez Ramírez ya cumplió dos condenas carcelarias por igual número de robos que cometió en 2015 y 2020, respectivamente.
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), realizaron un operativo para capturar a Miguel Ángel Renderos Teo, quien será procesado por generar material de abuso sexual infantil.
La investigación contra el sujeto inició luego que la Fiscalía recibió un aviso en el que se alertaba que el hombre creaba material de abuso sexual de dos menores.
El registro se realizó en Soyapango, San Salvador Este y durante el procedimiento se logró la incautación de tres dispositivos celulares que ayudarán a robustecer las investigaciones en su contra.
Además se logró identificar a las víctimas, quienes fueron asistidas por el equipo multidisciplinario de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y Adolescencia (UAEMNA).
La FGR presentará al imputado en los próximos días ante las autoridades competentes.
Al hombre se le atribuyen los delitos de utilización de niñas/os, adolescentes o personas con discapacidad a través del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS), violación en menor e incapaz agravada y continuada, y agresión sexual en menor e incapaz agravada continuada.
Obed Abraham Ruiz Campos fue condenado a 23 años de prisión por los delitos de suicidio feminicida por inducción o ayuda y violación agravada en perjuicio de una mujer en La Libertad. La sentencia fue emitida por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron el 10 de diciembre de 2024 en una vivienda ubicada en Lourdes, Colón, La Libertad Oeste. El ministerio público estableció que la víctima y el imputado mantenían una relación de pareja marcada por episodios de violencia psicológica, emocional y física.
La investigación también determinó que, en reiteradas ocasiones, Ruiz Campos coaccionó a la víctima mediante amenazas cuando consumía bebidas alcohólicas, llegando incluso a utilizar un arma blanca para obligarla a ingerir alcohol.
Según la Fiscalía, el día de los hechos el condenado consumió bebidas alcohólicas y forzó a la mujer a beber hasta que perdió el conocimiento. Posteriormente, habría abusado sexualmente de ella.
Las investigaciones señalan que la víctima presentó convulsiones y sangrado en diferentes partes del cuerpo. La Fiscalía indicó que el imputado abandonó el lugar y dejó el cuerpo durante un día. Posteriormente, presuntamente intentó alterar la escena al cambiar y lavar la ropa de la víctima antes de informar a las autoridades que la había encontrado sin vida.
Al llegar al inmueble, las autoridades observaron indicios de limpieza reciente y encontraron el cuerpo con señales de violencia física.
Durante el juicio, un informe forense concluyó que la causa de muerte fue una intoxicación alcohólica aguda. Asimismo, otras pericias determinaron la existencia de lesiones genitales compatibles con abuso sexual.
La Fiscalía presentó pruebas relacionadas con el vínculo entre el imputado y la víctima, los antecedentes de violencia y el contexto de coacción constante al que, según la investigación, fue sometida la mujer. Con base en estos elementos, la jueza impuso una pena de siete años de prisión por suicidio feminicida por inducción o ayuda y 16 años por violación agravada.
