Judicial
Imponen medidas a sujeto que acosaba a su ex mujer: “Yo sé que todavía me querés”
Julio C., un hombre de 31 años, fue denunciado por su ex compañera de vida quien asegura que este la acosaba intensamente y se aprovechaba porque tienen un hijo juntos.
La víctima manifestó conocer al imputado ya que con él inicio una relación de noviazgo en abril de 2014; duraron dos años aproximadamente, tiempo en el que sostuvieron relaciones con el consentimiento de ambos.
De dicha relación salió embarazada en agosto del 2015, pero el acusado no se hizo cargo del bebé ya que aseguraba no tenía trabajo y que todavía dependía de sus padres.
Julio llegaba a ver al bebé y estuvo pendiente de algunos gastos; aprovechándose de esa situación le decía a ella que debían estar juntos como pareja, pero a ella se negaba porque el inculpado consume droga y eso lo vuelve violento.
Fue así entonces que la mujer se negó rotundamente y le dejó claro que la relación entre ellos, ya había terminado.
Sin embargo, en junio de 2019 llegó a visitar al hijo, ese día aprovecho para decirle “Yo sé que todavía me querés”, pero como ella le dijo que no era cierto se molestó, la tomó del brazo, la acercó a él y puso la mano de ella sobre su parte genital encima del pantalón.
Según la mujer, desde entonces el sujeto aprovechaba cada vez que llegaba a ver al niño para tocarla a la fuerza en sus partes.
Por esos hechos, El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana realizó la audiencia inicial en contra de Julio C., de 31 años, acusado por el delito de acoso en perjuicio de su excompañera de vida.
Al finalizar la audiencia se le resolvió la continuación del proceso penal con la imposición de medidas alternas a la detención provisional por medio de vigilancia electrónica (brazalete), no cambiar de domicilio, no salir del país, no acercarse a la víctima y presentarse a firmar al Juzgado Primero de Instrucción de Santa Ana.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
