Judicial
Hombre seguirá detenido por alquilar la misma casa a siete personas en la Escalón

Julio César M., seguirá detenido ya que se le acusa de estafar a siete personas a quienes, supuestamente, alquiló la misma casa, en San Salvador.
De acuerdo con el reporte judicial, el sospechoso puso en alquiler dos casas: una en la colonia Escalón y otra en Metrópolis Sur, por medio de una página de clasificados en línea.
Como resultado del anuncio siete personas se pusieron en contacto con él y les pidió $350 en concepto de «adelanto» por el arrendamiento.
«Además, cobraba otros montos en concepto de depósito y mantenimiento, que por persona oscilan entre $700 y $1,000», detalla el reporte.
Las víctimas confiaban ya que el presunto estafador les dio un recibo firmado con el fin de dar certeza a la negociación. En este les decía la fecha de entrega de la casa.
Sin embargo, cuando llegaba el día acordado, el hombre ponía excusas, entre ellas: que aplazó las fechas o que los anteriores inquilinos todavía no habían desocupado la casa.
Posteriormente, las víctimas perdían el contacto con él y su dinero nunca era reembolsado. Las estafas ocurrieron entre el 2021 y 2022.
Uno de los denunciantes se presentó a corroborar la casa que había arrendado y pudo verificar que el lugar en ningún momento estuvo en alquiler y que el imputado no era el verdadero propietario.
El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador determinó en audiencia inicial la detención preventiva por el delito de estafa.
#JusticiaSV ⚖️ | Además, cobraba otros montos en concepto de depósito y mantenimiento, que por persona oscilan entre $700 y $1,000. A los afectados les entregó un recibo firmado, con el fin de dar certeza de la negociación. pic.twitter.com/YjTd8S9mK1
— Centros Judiciales El Salvador (@JuzgadosSV) March 2, 2023
Judicial
Exsecretario privado de Funes y su esposa condenados a devolver $3.87 millones por enriquecimiento ilícito

La Fiscalía General de la Republica (FGR) logró que el exfuncionario Francisco José Cáceres Zaldaña y su esposa, Reyna Guadalupe Flores de Cáceres sean declarados culpables de enriquecimiento ilícito y deberán restituir al Estado $3,872,095.46 dólares.
Como parte de la condena civil, la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla resolvió que Francisco Cáceres deberá devolver $3,539,407.87 dólares, asimismo, lo inhabilitó por 10 años para ejercer cualquier cargo público.
En cuanto a su esposa, Reina Guadalupe Flores de Cáceres debe reintegrar US$332,687.59.
Cáceres fue secretario privado de la presidencia, durante la gestión de Mauricio Funes, entre el 1 de junio 2009 al 31 de mayo del 2014.
La condena civil ha sido impuesta por la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla.
Judicial
Abusadores de menor reciben 32 y 20 años de cárcel; madre permitió los ataques

La Fiscalía General de la Republica (FGR) hizo justicia a favor de una menor logrando que Nelson Salmerón Rosales sea condenado a 32 años de prisión y Jaqueline Felicita Navarro Cruz a 20 años de cárcel.
Los abusos ocurrieron desde que la menor tenía 6 años hasta los 11. Salmerón se aprovechó de la confianza que tenía con la mamá de ella para agredirla sexualmente. La menor le contó a su madre, pero ella permitió que eso ocurriera y nunca hizo nada para evitarlo.
A raíz de la situación, la víctima tuvo cambios en su comportamiento, las autoridades del centro educativo lo notaron y ella les contó lo que sucedía. Los profesores alertaron a un familiar de la niña e inmediatamente interpusieron la denuncia.
Las condenas han sido impuestas por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
Judicial
Continúa juicio contra Muyshondt y otros exfuncionarios

Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.