Judicial
Hombre seguirá detenido por alquilar la misma casa a siete personas en la Escalón
Julio César M., seguirá detenido ya que se le acusa de estafar a siete personas a quienes, supuestamente, alquiló la misma casa, en San Salvador.
De acuerdo con el reporte judicial, el sospechoso puso en alquiler dos casas: una en la colonia Escalón y otra en Metrópolis Sur, por medio de una página de clasificados en línea.
Como resultado del anuncio siete personas se pusieron en contacto con él y les pidió $350 en concepto de «adelanto» por el arrendamiento.
«Además, cobraba otros montos en concepto de depósito y mantenimiento, que por persona oscilan entre $700 y $1,000», detalla el reporte.
Las víctimas confiaban ya que el presunto estafador les dio un recibo firmado con el fin de dar certeza a la negociación. En este les decía la fecha de entrega de la casa.
Sin embargo, cuando llegaba el día acordado, el hombre ponía excusas, entre ellas: que aplazó las fechas o que los anteriores inquilinos todavía no habían desocupado la casa.
Posteriormente, las víctimas perdían el contacto con él y su dinero nunca era reembolsado. Las estafas ocurrieron entre el 2021 y 2022.
Uno de los denunciantes se presentó a corroborar la casa que había arrendado y pudo verificar que el lugar en ningún momento estuvo en alquiler y que el imputado no era el verdadero propietario.
El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador determinó en audiencia inicial la detención preventiva por el delito de estafa.
#JusticiaSV ⚖️ | Además, cobraba otros montos en concepto de depósito y mantenimiento, que por persona oscilan entre $700 y $1,000. A los afectados les entregó un recibo firmado, con el fin de dar certeza de la negociación. pic.twitter.com/YjTd8S9mK1
— Centros Judiciales El Salvador (@JuzgadosSV) March 2, 2023
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
