Judicial
Hombre abuso varias veces a su hijastra y la medicaba para que no quedara embarazada

El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a Noé N., a una pena de 26 años cuatro meses de cárcel, más el pago de $1000.00 en concepto de responsabilidad civil, por el delito de violación en menor o incapaz agravada en la modalidad continuada, en perjuicio de su hijastra.
Según la declaración de la víctima a través de cámara Gesell, su padrastro abusó sexualmente de ella por primera vez, en el mes de septiembre de 2015, en su casa de habitación donde abusó sexualmente, aprovechando que ella se encontraba solo con las hijas de él, y que después de agredirla le dijo, que, si le decía a su mamá lo sucedido, la iba a matar a ella y a su madre, y se retiró de la casa.
La segunda vez de que la violó fue el mes de abril de 2016, en esa ocasión ella se encontraba sola en la casa, cuando llegó su padrastro quien la obligo a que se quitara la ropa y se acostara en la cama, lo cual ella hizo por miedo a él, posteriormente a verla violado, volvió a decirle que no le dijera nada a su mamá, de lo contrario a las dos las mataría.
De esa misma manera, la violó a finales del mes de abril, dos veces en mayo del mismo año, en una oportunidad que ella se negó a tener relaciones sexuales la golpeo, y le dijo a su madre que se la llevaría a trabajar en la feria de San Salvador, cuando regresaron a la casa la violo nuevamente, diciéndole nuevamente que sí decía algo a su mamá, la iba a matar y que si le contaba a la policía les diría que ella lo buscaba y lo provocaba.
En el mes de junio de 2017, ya no le vino su menstruación y Noé N., le dio unas pastillas de color rojo, que debía tomara seis al día, dos por la mañana, dos por la tarde y dos por la noche; dándole un aproximado de treinta pastillas, así como también unas hojas para vomitar, y que ella se tomó la mayoría de pastillas, él le llamaba por teléfono para preguntarle si se había tomado las pastillas, que sentía y le recordaba que tenía que tomárselas para que le “bajara”.
Judicial
Condenan a mujer por tráfico de marihuana en Soyapango

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
Judicial
En juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, declararán 130 testigos

En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
Judicial
Condenan por enriquecimiento ilícito al exdiputado Rodolfo Parker y su familia

La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.