Judicial
FOTOS: Carros, ranchos y un millón de dólares le son incautados a sujetos vinculados a la pandilla MS
En $1,782,479.13 están valorados los bienes y dinero en efectivo que la Fiscalía General de la República (FGR) incauta a un grupo de sujetos que están siendo procesados judicialmente.
Se trata de una serie de vehículos y otras pertenencias ubicadas en diferentes partes del país, sobre todo en la zona de San Miguel y La Libertad, indican las autoridades.
Estos estarían a nombre de las 14 personas capturadas en la Operación Cuscatlán a mediados del mes de febrero del presente año.
Unidad Especializada Extinción de Dominio informa que hoy ha continuado materializando bienes, en este caso vehículos, de las personas que fueron capturadas en Operación Cuscatlán. Este jueves el personal fiscal se ha desplazado al Parqueo de Hacienda Santa Rita, La Libertad. 1 pic.twitter.com/jrWPWnKft0
— Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) 13 de diciembre de 2018
Entre los afectados, se encuentra un reconocido distribuidor de San Miguel y sus familiares, quienes colaboraban con las estructuras delincuenciales, según las acusaciones.
En el referido operativo, se ejecutaron ordenes de captura en seis departamentos, dejando 520 personas a la orden de la justicia y con lo que se logró “impactar nuevamente a las estructuras financieras de la “Mara Salvatrucha”, principalmente en el Oriente de la República”, detalla la FGR.
A estas personas, “por la vía judicial, se les quitará todos los bienes que obtuvieron de manera ilícita” agrega la fuente.
Personal fiscal ha materializado con medidas cautelares un total de 26 vehículos, valorados en $623,863.76. A esto se suma 41 inmuebles valorados en $762,314.80 que ayer se materializaron en diferentes partes del país y principalmente el Oriente. 2 pic.twitter.com/7eIuF8k5jA
— Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) 13 de diciembre de 2018
Un informe fiscal señala que entre ayer y hoy se han materializado las medidas cautelares contra 41 inmuebles ubicados en San Miguel, Usulután, La Unión, Cuscatlán y San Salvador, los cuales han sido valorados en $762,314.80.
“Son 14 personas las afectadas en este proceso y contra quienes se ha presentado la correspondiente solicitud ante el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con el objetivo de que todos los bienes que poseían sean transferidos a favor del Estado”, explicó el fiscal del caso.
También se ha incluido el despojo de 26 vehículos cuyo valor está determinado en $623,863.76. Además, hay un monto de $324,723.43 los cuales fueron decomisados en efectivo y en cuentas bancarias; y también se ha fijado un total de $71,577.14 descubiertos en acciones de todo tipo.
De todos los bienes descritos anteriormente, la FGR ha obtenido el monto de $1,782,479.13.
Entres los procesados a quienes se les ha incautado bienes se encuentra el comerciante mayoritario de Buenaventura Gómez Hernández, alias “Tomatero” y 3 miembros de su familia, quienes mantenían estrecha colaboración con la MS de San Miguel.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
