Judicial
Fiscalía señala que los tres sospechosos de secuestrar un bus de la ruta 202, robar y violar a dos pasajeras son acusados únicamente por el delito de resistencia
La Fiscalía General de la República (FGR) aclaró que los tres capturados en El Congo, Santa Ana, sospechosos de secuestrar un bus de la ruta 202, para robar las pertenencias de los pasajeros y violar a dos mujeres únicamente son acusados por el delito de resistencia.
La cuenta oficial de Twitter de la FGR señala que Melvin Alexander Martínez Melara, de 23 años; Marco Antonio Flores (39) y Wilber Vladimir Vanegas Mazariego, de 19, no fueron detenidos, ni presentados ante la FGR como autores de las violaciones, ni de los autores de robos en el bus de la 202.
Según el ministerio público, los imputados fueron remitidos por la PNC por el delito de resistencia al arresto y que no hay elementos en el expediente fiscal que los vinculen al secuestro del bus que se reportó la semana pasada en el municipio del Congo, Santa Ana.
Dos de los detenidos, Melara y Mazariego ya enfrentaron la audiencia inicial por el delito de resistencia esta mañana en el Juzgado de Paz de El Congo, donde les decretaron instrucción formal con detención.
Los procesados fueron enviados al penal de Izalco en Sonsonate, donde deberán permanecer mientras continúa el procedo judicial en su contra.
En tanto que Flores enfrentará la audiencia el jueves 4 de julio a las 8:00 de la mañana en el Juzgado de Paz de Coatepeque.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
