Judicial
Fiscalía logra que menor de edad sea condenado a 50 años por el homicidio de dos repartidores de comida rápida
El Tribunal Segundo de Menores de la ciudad de Santa Tecla dio validez hoy a las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) y estableció que las mismas son suficientes para considerar la participación delincuencial de un menor de edad vinculado a la desaparición y posterior asesinato de dos repartidores de comida rápida, hecho que ocurrió en el mes de noviembre de 2020 en Lourdes, Colón, La Libertad, imponiéndole una pena carcelaria de 50 años.
Según las investigaciones llevadas a cabo por Fiscales de la Unidad de Vida de esa oficina fiscal, en la fecha antes mencionada los jóvenes Diego Sibrián y de Wilmer Escalante, de 22 y 24 años, respectivamente, fueron privados de libertad y posteriormente sus cuerpos fueron encontrados en una fosa clandestina ubicada en el Cantón El Limón, Urbanización Nuevo Lourdes, jurisdicción de Colón.
Luego de tener conocimiento de la desaparición de los jóvenes, la Fiscalía Junto a la Policía Nacional Civil (PNC) iniciaron un trabajo arduo para establecer los móviles y presuntos actores de ese hecho, que en su momento causó indignación en la población al tratarse de dos jóvenes trabajadores a quienes de la noche a la mañana se les truncó su futuro quitándoles la vida.
Por este caso están siendo procesadas actualmente unas 12 personas, dentro de las que se incluye al menor condenado este lunes, y otras más cuyos procesos judiciales están pendientes en los tribunales de Santa Tecla, la mayoría por los delitos de Desaparecimiento de Personas y Homicidio Agravado.
En el caso del menor, la pena impuesta es de 50 años de prisión, 10 por la desaparición de cada una de las víctimas y 15 por cada uno de los homicidios agravados consumados. No obstante, el artículo 17 de la Ley Penal Juvenil establece la pena máxima de 15 años de internamiento para el cumplimiento en este tipo de casos.
Gracias a la Fiscalía General de la República (FGR), José Héctor Larín Díaz (rebelde) fue condenado a 10 años de cárcel por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
Larín Díaz fue capturado el 11 de febrero de 2025, en el barrio Concepción, del distrito de El Tránsito, en San Miguel.
Al momento de la detención, el sujeto portaba un revolver y al realizarle una prueba toxicológica se le detectaron 66 grados de alcohol en la sangre.
Inicialmente el Juzgado de Paz de El Tránsito, San Miguel, absolvió al procesado y tras una apelación realizada por la FGR otro juez del mismo juzgado condenó a Larín Díaz a 10 años de cárcel.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
