Judicial
FGR presenta requerimiento contra padres acusados de homicidio por asfixia de su hijo
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó este día el requerimiento contra los padres de un menor de edad que murió asfixiado el pasado 19 de mayo de este año, en Jiquilisco, Usulután Oeste.
Se trata de Wendy Saraí Gómez Zelaya y Víctor Geovanny Melgar Menjívar, quienes infringieron en el niño un ciclo de violencia que culminó con el fallecimiento de la víctima.
«Víctor Melgar asfixió al menor y al darse cuenta de lo ocurrido Wendy Gómez intentó reanimarlo. Luego, llevaron al niño a un hospital de la zona por un supuesto episodio de epilepsia. El personal de salud, al examinar el cuerpo, activaron el protocolo de muerte sospechosa», señaló la FGR en su cuenta de X.
De acuerdo con las autoridades, la mujer es acusada homicidio agravado bajo la modalidad de comisión por omisión y maltrato infantil con acto de tortura; mientras que Melgar Menjívar enfrenta el cargo de homicidio agravado y maltrato infantil con acto de tortura.
José Alfredo López fue condenado a 106 años y 8 meses de cárcel. por abusar de dos menores de edad. Las agresiones fueron cometidos desde el 2012 hasta el 2023.
José López era la pareja sentimental de la madre de las víctimas por lo que habitaba en la misma vivienda en el cantón Cuyagualo, distrito de Colón, La Libertad Oeste.
López comenzó a abusar de las menores en el 2012 -cuando una tenía 13 años y la otra 8-, las agresiones se cometían cuando la mamá dormía o salía a trabajar e iban incrementando hasta violarlas e incluso les mostraba contenido pornográfico; ambas víctimas eran maltratadas física y psicológicamente si se resistía. Estos abusos concluyeron cuando las víctima cumplieron 17 y 13 años.
El imputado había amenazado de muerte a las dos menores si contaban lo sucedido. Las víctimas decidieron contarle a su mamá sobre los abusos sufridos y ella interpuso la denuncia.
Gracias a la abundante prueba documental, pericial y testimonial que presentó la fiscal en el juicio, el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla impuso las penas de la siguiente manera: 26 años y 8 meses por violación en menor o incapaz agravada continuada (por cada víctima, 53 años con 4 meses); 26 años y 8 meses por agresión sexual en menor o incapaz agravada continuada (por cada una de las víctimas, 53 años y 4 meses).
La Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que se está gestando en el país una nueva estructura delincuencial denominada «La Raza», que tiene su propia jerga, señales con las manos, grafitis y jerarquías de mando.
En tal sentido, la Fiscalía acusó a un grupo de estudiantes del Inframen e INTI, de pertenecer a esta nueva pandilla. Se trata de un grupo de 20 jóvenes que fueron capturados el pasado 12 de septiembre tras protagonizar una riña callejera en los alrededores del redondel Don Rúa, en esta capital, que dejó varios lesionados.
«Las evidencias recolectadas hasta el momento han demostrado que todos pertenecen a una nueva estructura delincuencial auto denominada ‘La Raza’ y que tiene su propia jerga pandilleril, señales con las manos, grafitis y jerarquías de mando», afirmó la FGR.
Ante las acusaciones, la Fiscalía presentó el viernes 27 de septiembre ante el Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado, una solicitud de imposición de medidas en contra de los estudiantes, así como solicitó se mantengan en prisión provisional mientras continúan las investigaciones.
Todos serán procesados por agrupaciones ilícitas, confirmó el fiscal del caso.
A 14 de ellos también se les acusa por desórdenes públicos y a 7 se les suma el delito de lesiones y lesiones graves. La audiencia se programó para el próximo lunes 30 de septiembre.
Judicial
Según la FGR, en dos años, 108 personas han sido procesadas por el asesinato de sus familiares
Según las estadísticas de la Fiscalía General de la República (FGR), entre enero de 2022 y julio de 2024 se ha procesado a 726 personas acusadas por el delito de homicidio, de estas, un 15 % (108) son imputados que han asesinado a alguien de su familia.
Los datos brindados por el ministerio público detallan que en todo el 2022 un total de 31 casos, catalogados por la Fiscalía, como homicidios de intolerancia familiar fueron judicializados; mientras que en el 2023 la cifra de casos subió a 47, siendo agosto el mes en que más procesos judiciales (8) se ejecutaron contra personas que atentaron contra la vida de sus familiares.
Los reportes también dan cuenta que, entre enero y julio de este año, un total de 30 personas han sido procesadas por asesinar a sus padres, hermanos, tíos, primos o parejas. Entre estos, se incluyen 9 casos de padres y madres que han cometido el delito de homicidio en contra de sus propios hijos.
El último caso de padres que han atentado contra la vida de sus hijos fue el judicializado, el pasado 20 de septiembre, por el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, en La Libertad, en contra de Ada Steffany Mata Velis, quien fue enviada a juicio por el homicidio agravado de su hijo recién nacido.
Según las investigaciones, el crimen fue cometido en marzo de este año, en una residencial privada en la jurisdicción de Santa Tecla, donde la imputada trabajaba.
Tres días antes (17 de septiembre) que Mata Velis fuera enviada a juicio, el Juzgado de Paz de San Luis La Herradura, en La Paz, decretó que Esmeralda Elizabeth Pineda se mantenga en prisión mientras avanza la investigación en su contra por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su hijo de 8 meses.
Según la investigación, el 10 de septiembre del 2024, en el distrito de San Luis La Herradura, en el municipio de La Paz Centro, la imputada habría asfixiado al menor de edad hasta quitarle la vida, luego trató de eliminar la evidencia.
Pineda deambulaba por la zona cuando fue interceptada por agentes de la Fuerza Armada, quienes la interrogaron, posteriormente fue entregada a la Policía.
La imputada se mantendrá en prisión mientras el proceso judicial en su contra sigue en la fase de instrucción.
ASESINÓ A MADRE E HIJO
En prisión también se mantendrá Oscar Armando Aguirre Flores, quien es acusado de fraude procesal y del homicidio agravado de su expareja quien se encontraba en embarazada al momento del crimen.
La Fiscalía detalló que el crimen fue cometido en julio pasado. «Tras una discusión, el imputado atacó a la víctima con arma blanca hasta quitarle la vida; luego, Aguirre Flores se deshizo del cuerpo de la víctima y limpió la escena para eliminar toda evidencia», indicó el fiscal del caso.
Tras la audiencia inicial, celebrada el 13 de agosto, el ministerio público logró que el imputado se mantenga en la cárcel mientras el caso pasa a la siguiente etapa.
«Con estos resultados, la Fiscalía afirma su compromiso de combatir la impunidad y lucha contra los casos de violencia contra las mujeres en el país», señaló el fiscal.
35 AÑOS EN LA CÁRCEL POR ASESINAR A SU HIJA
El pasado 6 de mayo, el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador decretó una condena de 35 años de prisión para Ester Leonor Pineda de Orellana, quien fue declarada culpable del homicidio agravado en perjuicio de su hija de 9 años.
Según las investigaciones y pruebas presentadas en el juicio por la Fiscalía, la menor era víctima de constantes maltratos los cuales terminaron en asesinato el 10 de enero de 2023, en el distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
Tras cometer el crimen, la imputada huyó, pero fue capturada horas más tarde.
IMPUTADO QUE PROVOCÓ ABORTO DE SU HIJO PASARÁ 24 AÑOS PRESO
Marco Antonio Linares Menjívar fue sentenciado a 24 años de cárcel por intentar asesinar a una mujer embarazada y provocar la pérdida de su hijo.
«El imputado fue el responsable de haber golpeado a su pareja, una mujer embarazada (con ocho meses de gestación) y producto de la golpiza, le produjo un aborto», explicó la fiscal del caso.
El crimen fue cometido el 15 de enero del 2022, al interior de un apartamento ubicado en el Barrio San Esteban, en San Salvador.
La pena de 24 años en prisión fue impuesta por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para la Mujer de San Salvador, el 4 de enero, el imputado fue acusado por los delitos de aborto sin consentimiento y feminicidio agravado en grado de tentativa.
