Judicial
FGR logra que pandilleros sean condenados hasta por 130 años de prisión por homicidio y agrupaciones ilícitas
Fiscales de la Unidad de Vida de la oficina de Usulután demostraron que una estructura de 55 miembros de la MS, conformada por tres clicas, son responsables de 17 Homicidios Agravados y Agrupaciones Ilícitas cometidos entre los años del 2012 al 2015 en los municipios de Usulután, Santa Elena y Ozatlán.
Entre los homicidios en los que se ha hecho justicia está un doble crimen cometido en contra los acompañantes de un entierro el 19 de julio del año 2015, en la colonia Altamira del cantón La Peña, de Usulután.
En el ataque cometido con armas de fuego fallecieron José Agustín Gaitán y José Gilberto Machado Argueta.
Varios de los imputados también se han condenado por el asesinato realizado el 18 de noviembre del año 2013 en la colonia Usuluteca de Usulután, en contra de Juan Carlos Batres Martínez, cuya orden fue emitida desde el penal de Ciudad Barrios de San Miguel.
Otros responsables de atacar con disparos de arma de fuego a una patrulla policial con dos agentes a bordo, el 1 de diciembre del año 2013 en el cantón Peña de Ciudad Barrios, también han sido condenados por Homicidio Agravado Tentado.
Uno de los terroristas con una pena de cárcel de 130 años, es Álvaro Misael Soriano Granados por su participación en 6 Homicidios Agravados y 2 Homicidios Agravados Tentados.
También José de la Cruz Villalta Sigarán recibió una sentencia de 129 años de prisión por 6 Homicidios Agravados.
Otros recibieron condenas de prisión entre los 20, 23 24, 43, 53, 63, 60, 70, 74 94 años de cárcel.
La sentencia condenatoria fue emitida por el Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
