Judicial
Jovencita es condenada a 30 años de prisión por homicidio de su recién nacida en San Miguel

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Con diferentes pruebas periciales, documentales y testimoniales, Fiscales de la Unidad de Vida de la oficina de San Miguel, establecieron que Dalia Esmely González Hernández, de 28 años, le quitó la vida a su hija después de dar a luz.
El crimen se cometió en la madrugada del 23 de octubre del año 2019 en la casa de habitación de la imputada, en el cantón Zaragoza del municipio de Nueva Guadalupe.

En el juicio en el Juzgado Primero de Sentencia de San Miguel, la Fiscal del caso demostró que la incriminada tuvo un parto extrahospitalario y posteriormente buscó ayuda médica en el hospital de Nueva Guadalupe, por una hemorragia.
Al ser interrogada por los médicos de la posible causa, la mujer aseguró desconocer, sin embargo, tras examinarla, determinaron evidencia de un parto, porque encontraron la placenta dentro.
Al dar el aviso correspondiente a las autoridades, se coordinó junto a la Fiscalía General, el Instituto de Medicina Legal y la Policía Nacional Civil, una inspección en la casa de la fémina.
Como pruebas se encontró en la cama de la imputada, evidencias, como coágulos de sangre en las sábanas y otras, de que en ese lugar se dio el alumbramiento.
Además, en una fosa séptica en desuso, estaba el cuerpo sin vida de una recién nacida, cubierta con una camiseta rosada, y tenía alrededor de su cuello un trozo de sábana con un nudo. También se le observaron varias lesiones en su cuerpo que, según el perito forense, fueron causados con una tijera.
De acuerdo a la autopsia la causa directa de la muerte de la bebé fue asfixia mecánica por estrangulamiento.
Con base a las diferentes evidencias de cargo vertidas, el Juez emitió una sentencia condenatoria por el delito de Homicidio Agravado, el pasado 9 de mayo en las últimas horas de la tarde.
González Hernández tenía 25 años cuando parió por segunda vez, porque ya era madre de una niña de 5 años.
Judicial
Tribunal inicia proceso penal contra 48 alumnos señalados de pertenecer a la «La Raza”

El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador abrió el proceso penal contra 48 estudiantes y exestudiantes de institutos nacionales, entre ellos 14 menores de edad, acusados de integrar “La Raza”, una nueva estructura delictiva surgida en centros educativos del país.
El caso, llevado con reserva total, incluye imputaciones por delitos relacionados con crimen organizado como agrupaciones ilícitas, lavado de dinero, proposición y conspiración para homicidio, falsificación de moneda, agresión sexual y amenazas.
La audiencia contó con la presencia exclusiva de fiscales, defensores y padres de los menores, quienes fueron trasladados a la sala sin ser expuestos ante los medios. Los adultos enfrentaron la audiencia de forma virtual para la imposición de medidas.
Las capturas se ejecutaron el 24 de junio de 2025, ordenadas por la Fiscalía General de la República, y tuvieron lugar en los institutos General Francisco Menéndez (INFRAMEN), Nacional Técnico Industrial (INTI), Albert Camus y Acción Cívica Militar, tras investigaciones que duraron varios meses.
Las autoridades recibieron información sobre actividades delictivas vinculadas a esta agrupación en los centros escolares y zonas aledañas. Según el gabinete de Seguridad, “La Raza” tenía como objetivos a profesores y agentes policiales, contra quienes dirigía sus acciones criminales.
Los abogados defensores señalaron que no existen pruebas contundentes que demuestren la vinculación de sus clientes con la estructura delictiva, y negaron que los acusados formen parte de “La Raza”. El proceso continúa en desarrollo.
Judicial
Prisión para pandilleros que asesinaron a una mujer tras saber que vivía en una zona controlada por otra estructura

La Fiscalía General de la República (FGR) logró que tres miembros de la pandilla 18 Sureños fueran condenados a 25 años de prisión por el homicidio de una mujer ocurrido en el departamento de La Libertad.
Los condenados fueron identificados como Giovanni Stanley Santamaría Flores, alias Skipi; Giovanni Stanley Castillo Monjes, alias Saiper; y Alex Edgardo Guillén Zacatares, conocido como Orejón. Las investigaciones determinaron que los tres pertenecen a estructuras terroristas activas en la zona.
Según la FGR, el crimen ocurrió luego de que los pandilleros se encontraran con la víctima en un bar, donde uno de ellos entabló conversación y le ofreció una bebida alcohólica. Posteriormente, le propuso llevarla a su casa, pero al enterarse de que vivía en una zona dominada por una pandilla rival, cambiaron el destino.
La mujer subió al vehículo en el que viajaban los tres agresores y, al llegar al sitio acordado, fue atacada a balazos. Los delincuentes la abandonaron creyendo que había muerto.
Minutos después, agentes policiales la encontraron con vida, la auxiliaron y la trasladaron a un centro asistencial, donde falleció a causa de las graves heridas.
La FGR confirmó que los tres implicados ya guardan prisión y enfrentan además otro proceso penal por el delito de agrupaciones ilícitas.
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Condenan a pandilleros de la MS por asesinato en torneo navideño en La Unión

Tres integrantes de la MS, vinculados a la clica Brentwood, fueron sentenciados a penas de 18 y 20 años de prisión por el asesinato de un hombre durante un torneo navideño en Concepción de Oriente, La Unión.
El Tribunal de Sentencia de La Unión confirmó la culpabilidad de los acusados tras validar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), que demostraron la participación directa de cada imputado en el crimen ocurrido el 20 de noviembre de 2019.
Según las investigaciones, la víctima fue atacada a tiros mientras se desarrollaba un torneo en la cancha de fútbol del caserío Ojo de Agua, cantón Gueripe, un hecho que causó conmoción entre los asistentes.
La Fiscalía determinó que Selvin Abundino Umanzor Euceda y Luis Adonay Velásquez se encargaron de localizar y seguir a la víctima, mientras que Walter Geovanny Alvarado García, junto a un menor de edad, ejecutaron el ataque.
El crimen fue ordenado por la estructura criminal debido a la presunta afiliación de la víctima a la pandilla Barrio 18.
Alvarado García y Umanzor Euceda fueron condenados a 18 años de prisión cada uno, mientras que Velásquez, prófugo de la justicia, fue sentenciado en ausencia a 20 años de cárcel.