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Judicial

FGR logra que pandilleros sean condenados hasta por 130 años de prisión por homicidio y agrupaciones ilícitas

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Fiscales de la Unidad de Vida de la oficina de Usulután demostraron que una estructura de 55 miembros de la MS, conformada por tres clicas, son responsables de 17 Homicidios Agravados y Agrupaciones Ilícitas cometidos entre los años del 2012 al 2015 en los municipios de Usulután, Santa Elena y Ozatlán.

Entre los homicidios en los que se ha hecho justicia está un doble crimen cometido en contra los acompañantes de un entierro el 19 de julio del año 2015, en la colonia Altamira del cantón La Peña, de Usulután.

En el ataque cometido con armas de fuego fallecieron José Agustín Gaitán y José Gilberto Machado Argueta.

Varios de los imputados también se han condenado por el asesinato realizado el 18 de noviembre del año 2013 en la colonia Usuluteca de Usulután, en contra de Juan Carlos Batres Martínez, cuya orden fue emitida desde el penal de Ciudad Barrios de San Miguel.

Otros responsables de atacar con disparos de arma de fuego a una patrulla policial con dos agentes a bordo, el 1 de diciembre del año 2013 en el cantón Peña de Ciudad Barrios, también han sido condenados por Homicidio Agravado Tentado.

Uno de los terroristas con una pena de cárcel de 130 años, es Álvaro Misael Soriano Granados por su participación en 6 Homicidios Agravados y 2 Homicidios Agravados Tentados.

También José de la Cruz Villalta Sigarán recibió una sentencia de 129 años de prisión por 6 Homicidios Agravados.

Otros recibieron condenas de prisión entre los 20, 23 24, 43, 53, 63, 60, 70, 74 94 años de cárcel.

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La sentencia condenatoria fue emitida por el Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel.

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Judicial

Instalan juicio contra Mauricio Funes por casos especiales de lavado de dinero

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Hoy se instaló el juicio contra el expresidente de la República, Mauricio Funes ante el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador.

Funes es acusado de realizar negociaciones ilícitas entre el 2012 y 2014, en la construcción del puente San Isidro, sobre el río Lempa, en Chalatenango, aceptando como dádiva una avioneta.

El ente fiscal cuenta con más de 230 documentos, 34 testigos y prueba pericial, los cuales serán aportados como prueba contra el exmandatario, a quien se le imputa el delito de casos especiales de lavado de dinero y activos, por lo que se pedirá la pena máxima.

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Judicial

FGR pretende que exfuncionario de la presidencia, José Cáceres, reintegre al Estado $3,892.095.46 dólares

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La Fiscalía General de la República presentó una demanda de carácter civil por enriquecimiento ilícito contra el exsecretario privado de la presidencia, Francisco José Cáceres Zaldaña y su grupo familiar por un monto total de $3,892,095.46 dólares.

El exfuncionario ocupó dicho cargo durante la gestión del exmandatario Mauricio Funes entre el año 2009 y el 2014. A Cáceres se le reclama un monto de $3,541.407.87, por 44 irregularidades presentadas en depósitos en efectivo y por medio de cheques en cuentas de ahorro, por pagos de préstamos y de tarjetas de crédito.

La demanda también incluye a su cónyuge, Reina Guadalupe Flores de Cáceres, a quien se le señalan 11 inconsistencias en depósitos a cuenta de ahorro, adquisición de vehículos y de inmuebles por un monto de $346,553.85 dólares.

Y a su hija, Mariana Cáceres Flores se le ha observado una irregularidad en depósitos a cuenta corriente por $6,133.74 dólares.

El escrito fue presentado por fiscales de la Unidad Especializada Delitos de Corrupción ante la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla.

La documentación de la demanda está conformada por 32 piezas que contiene información patrimonial de los demandados.

El proceso civil tiene como base un informe de la Corte en Pleno de la Corte Suprema de Justicia que ordenó, en el año 2024, un juicio civil contra el exfuncionario por las irregularidades presentadas en sus declaraciones patrimoniales.

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Judicial

FGR pide agrupar en un solo expediente a 1,128 pandilleros de la MS

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En los Tribunales Primero y Segundo Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la Fiscalía General de la República presentó una nueva solicitud para agrupar en un solo expediente a 1,128 terroristas de la Mara Salvatrucha de seis clicas que por décadas habían estado extorsionando y asesinando en varias localidades del departamento de La Libertad.

Se trata de las clicas Porteños Locos Salvatruchos, con 106 pandilleros, Kaskajeras Locos Salvatruchos, que incluye a 126 de sus miembros, 94 mareros de la clica Villa Madrid Locos Salvatruchos, de la Cinco Cedros Locos Salvatruchos son 318, de la Quezaltecos Locos Salvatruchos, 323 y de la Zaragoza Locos Salvatruchos, la Fiscalía agregó a 161.

Todos fueron detenidos por la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada en el marco del régimen de excepción vigente en El Salvador desde el 27 de marzo de 2022 y que ha permitido a las fuerzas de seguridad capturar a más de 80,000 pandilleros y colaboradores.

Los 1,128 agrupados en un solo proceso ante los dos tribunales son acusados de agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito, tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego y de guerra, casos especiales de lavado de dinero y posesión y tenencia.

El ministerio público informó que entre los acusados hay pandilleros de diferentes rangos dentro de la estructura, incluyendo corredores de clica y de programa.

A los miembros de pandilla con el rango de homeboy de ser encontrados culpables por el delito de agrupaciones ilícitas, la reformada Ley contra el Crimen Organizado ordena que se les debe imponer 30 años de cárcel y a los corredores de clica y programas, por ser cabecillas, la normativa establece que pueden ser condenados hasta con 60 años de prisión.

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El 26 de julio de 2023, la Asamblea Legislativa aprobó un paquete de reformas presentadas por el Ejecutivo.

Para procesar en grupo a los pandilleros arrestados durante el régimen de excepción.

Las medidas buscan agilizar los miles de expedientes que comenzaron a ser presentados en los tribunales la segunda semana de abril de 2022. Al aprobarse la reforma quedó establecido que los procesos deben ocurrir en un plazo máximo de 24 meses, y que los detenidos en el marco del régimen de excepción deben ser agrupados según sus clicas (estructuras) y canchas (lugares donde delinquían).

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