Judicial
FGR logra que mujer extorsionista sea condenada a 20 años de prisión
La investigación debidamente fundamentada dejó como resultado ante un juez, la condena de prisión en contra de una mujer que desde el año 2017 se venía dedicando a amenazar y a cobrar el denominado pago de la renta a un empresario del municipio de Mejicanos. Por lo que son 20 años los que deberá permanecer encarcelada.
Así lo dio a conocer la Unidad de Patrimonio Privado de la Fiscalía de Mejicanos, que identificó a la imputada como Alexandra Abigaíl Armero Hernández, vinculada a una estructura terrorista que opera en ese municipio.
Armero Hernández fue llevada a la vista pública que desarrolló el Tribunal Segundo de Sentencia en San Salvador, por estar acusada por el delito de Extorsión Agravada.
La investigación fiscal, con apoyo de investigadores de la PNC, determinó que integrantes de la “Pandilla 18” que operan en el cantón San Miguel y sectores aledaños, se dedicaban a afectar al sector productivo del municipio. Fue así como el 14 de febrero de ese año llegaron hasta el establecimiento de la víctima y tras identificarse como miembros de esa organización criminal le dijeron que desde esa fecha tenía que empezar a pagar $600 cada mes, caso contrario atentaría contra su integridad o bienes.
Casi de forma inmediata la persona ofendida procedió a interponer la denuncia y tras un intenso seguimiento se logró identificar a esta mujer hasta que se hizo la captura por cometer el ilícito.
El Tribunal declaró la culpabilidad de la extorsionista y ahora deberá cumplir la pena impuesta.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
