Judicial
Extorsionistas de comerciante en San Miguel reciben 20 años de prisión
El Juzgado Segundo de Sentencia de San Miguel impuso una pena de 20 años de cárcel para Josué Geovanny González López, alias el Hermano de Coco, y Carlos Nolberto Somarriba Reyes, alias el Choco, por extorsionar a un comerciante de la ciudad de San Miguel, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Además de los 20 años de prisión, González López deberá pagar $440 en concepto de responsabilidad civil, mientras que Somarriba Reyes, $60.
Ambos hombres fueron capturados en el centro de la ciudad de San Miguel el 11 de abril de 2022 gracias a un dispositivo de entrega controlada desarrollado por investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades policiales les incautaron a los dos pandilleros $500 que la víctima les había entregado en concepto de extorsión.
Según la acusación de la FGR, el comerciante denunció ante la PNC, el 9 de abril de 2022, que un hombre que se identificaba como pandillero le exigía el pago de $2,000 para dejarlo trabajar; de lo contrario, atentaría contra él o su familia.
Noé David Meléndez fue detenido por la Policía, acusado de quitarle la vida a un hombre en Anamorós, La Unión. Según las investigaciones, tras una discusión, Meléndez golpeó a la víctima con un trozo de madera, provocándole la muerte.
El acusado enfrentó la audiencia inicial en el Juzgado de Paz de Anamorós, donde la jueza determinó que permanezca en prisión provisional mientras continúan las investigaciones.
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.
Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.
En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.
De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.
Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.
