Judicial
Expresidente de Corte de Cuentas se da por enterado de acusación por irregularidades en auditorías a CAPRES
El expresidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Rafael Hernán Contreras, se presentó esta mañana al juzgado Octavo de Paz de San Salvador para conocer la acusación que la Fiscalía presentó en su contra por el delito de incumplimiento de deberes y falsedad documental agravada.
Según el Ministerio Público, durante su gestión como presidente de la Corte de Cuentas (2002-2011), Contreras ordenó que fuera insertada información falsa en las autorías que se realizaron a Casa Presidencial (CAPRES) durante el período del expresidente Elías Antonio Saca.
“Por de pronto mi defensor dará declaraciones si así lo estima pertinente”, dijo a su llegada a tribunales el exfuncionario.
Los cuestionamientos respecto al caso fueron respondidos por el abogado defensor, Edgar Morales Joya, quien reveló que la primera audiencia fue programa para el jueves a las 11:00 de la mañana.
“Nos van entregando el requerimiento, a este momento comenzamos hacer su análisis. La información que tenemos es la que ha salido en los periódicos nada más. A él se le imputan dos delitos, el delito de falsedad documental agravada y el delito de incumplimiento de deberes”, explicó Joya.
El defensor agregó que “se está mencionando y, hay una serie de cajas, que se han presentado que son toda la información que estaba en el juicio del señor Saca por las famosas auditorías a Casa Presidencial, por ahí se viene desarrollando la falsedad”.
Al respecto de los señalamientos de la Fiscalía sobre que el exfuncionario realizó auditorías a CAPRES de forma irregular dijo “quien conoce la ley de la Corte de Cuentas sabe que los presidentes de la Corte de Cuentas no hacen auditorías”.
Añadió que “el presidente (CCR) puede ordenar auditorías y está dentro de la ley de la Corte de Cuentas, efectivamente hay una copia de lo que constituiría la orden, pero es una copia de todas las auditorías. El presidente le ordena al jefe de auditorías que realice una auditoría, eso es todo lo que hay”.
El defensor opinó también sobre las declaraciones que emitiera el excordinador de auditorías de la Corte de Cuentas, durante el juicio al expresidente Saca, donde expresó al juez del caso que Contreras le había ordenado que realizara las auditorías desde la oficina del CCR y no en CAPRES.
“Esa persona fue sobreseída a petición de la Fiscalía hace dos semanas, en el (Juzgado) Quinto de Paz, ahí está esa información. Es un sobreseimiento definitivo”, aseveró.
Por El Salvador Times.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
