Judicial
Pareja que intentó dar «mordida» por $20 a agentes de la PNC es condenada a 2 años de cárcel
El Tribunal 6º de Sentencia de San Salvador en un procedimiento abreviado impuso la pena de dos años de prisión a William Elider Díaz Reyes y Andrea Patricia Rubio Morales, por cometer el delito de cohecho activo, ilícito relacionado a ofrecer dinero para que un funcionario público ejecute un acto contrario a sus deberes.
La pena fue remplazada por 96 jornadas de trabajos de utilidad pública, el cual será supervisado por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena. El procedimiento abreviado fue solicitado por las partes y autorizado por la jueza.
El 22 de enero del presente año, los ahora condenados fueron detenidos en flagrancia, frente al Hospital Médico Quirúrgico de San Salvador, quienes fueron reportados por el operador de turno del sistema de emergencia 911, que un vehículo sedan circulaban de forma temeraria y a excesiva velocidad sobre la Alameda Juan Pablo Segundo.
Cuando los agentes lo intervienen, le pidieron que se bajara del automotor con la persona que lo acompañaba, al bajarse se dirigió a los policías de forma prepotente preguntando porque lo detenían, le informaron que había sido reportado y que le iban a poner una infracción de tránsito, a lo cual Reyes le dijo a su acompañante que les diera dinero, por lo que ella sacó un billete de 20 dólares y les dijo “acá tiene para unos frescos”, en el instante los agentes les informaron que los iban a detener por el delito de cohecho activo.
Foto Referencia.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia en Santa Tecla admitió la demanda civil presentada en contra del exsecretario de comunicaciones de la Presidencia, David Rivas y su grupo familiar, señalados por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la República de haberse enriquecido de forma ilícita.
La demanda civil es por incremento patrimonial no justificado que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le detectó en el ejercicio de su cargo entre el 1 de junio de 2009 y el 31 de mayo de 2014, durante el mandato presidencial de Mauricio Funes, que fue el primer gobierno del FMLN.
En la investigación que hizo Probidad, el ex funcionario no pudo justificar 12 irregularidades por un monto de $308,252.08. A Rivas le cuestionan cinco irregularidades en concepto de depósitos bancarios y pagos a tarjetas de crédito por $265,055.49, mientras que su grupo familiar tuvo un incremento patrimonial no justificado de $43,196.59.
Al iniciar el juicio civil el ministerio público pidió que se les aplique los artículos 20 y 21 de la Ley de Enriquecimiento ilícito que establece un régimen sancionatorio de condena a devolver el monto con el cual se enriquecieron ilícitamente y la inhabilitación para ejercer un cargo público por período de 10 años.
Luego de admitir la demanda, la Cámara debe notificar a Rivas y su familia para que presenten sus argumentos y después señalar la audiencia preparatoria que es la primera diligencia del juicio civil.
El 20 de junio de 2010, un ataque que estremeció al país reveló ser un «acto de venganza». Carlos Alberto Avendaño Dubon, junto a otros criminales ya condenados, buscaba venganza por la muerte de un miembro de su pandilla. Planeaban atacar a motoristas y cobradores de la ruta 32, alegando su colaboración con «una clica contraria».
Se ejecutaron dos atentados el mismo día: uno donde incendiaron un microbús con pasajeros adentro, y otro liderado por Carlos Avendaño, quien disparó hacia una unidad de transporte. En este segundo ataque, perdieron la vida un hombre y una niña de 11 años, además de herir a otros dos pasajeros.
Después de analizar las pruebas, el juez del Tribunal 5° Contra el Crimen Organizado condenó a Carlos Avendaño a 80 años de prisión: 50 años por los dos homicidios agravados y 30 por dos homicidios agravados tentados. Cabe destacar que Avendaño ya cumplía condena en La Esperanza por el delito de agrupaciones ilícitas.
El 22 de enero, Jova V. recibió mensajes de un familiar en Estados Unidos prometiendo una visita y enviando maletas.
Para recibirlas, le pidieron depositar $3,000 a la cuenta de Katherine Estefany M. J. Jova transfirió el dinero y esperó las maletas.
Al día siguiente, otro número le informó que las maletas contenían dinero en efectivo, exigiendo más dinero para enviarlas. Jova, sospechando, consultó a su familiar, quien negó haber enviado algo.
Descubrieron que era una estafa. Jova denunció y Katherine Estefany fue detenida.
En la audiencia inicial, el Juzgado Segundo de Paz de Soyapango autorizó la conciliación. Katherine Estefany M. pagó $3,300 para resarcir los daños.
