Judicial
Estructura terrorista de 45 pandilleros acumulan penas de 425 años de prisión en Santa Ana
Un grupo de 45 integrantes de una estructura terrorista que operaban en el municipio de Ahuachapán y sus alrededores acumularon penas de 425 años de cárcel, por los delitos de agrupaciones ilícitas, homicidio agravado, homicidio agravado tentado y otros, entre los que destaca el crimen de un alumno de la ANSP, ocurrido en la periferia de la ciudad de Ahuachapán.
Entre los condenados figuran cabecillas de estructura Edgardo Alexander Aricha Guzmán, Héctor Antonio Castaneda Borja, Omar Iván Rivera, Jorge Alberto Menjivar Trejo, Carlos Ernesto Chávez Arévalo, Cristian Alberto Rodas Umaña y Willian Noé Rodas Umaña.
Entre los casos que se resuelvan con estas condenas es el homicidio de un alumno de la Academia Nacional de seguridad Pública, donde privaron de libertad a la víctima y luego lo mataron en la periferia de la ciudad de Ahuachapán.
Por el delito de Homicidio Agravado fueron condenados 10 terroristas a penas entre los 10 y 20 años de cárcel; por homicidio tentado se sentencio a seis sujetos a 10 años, y por el delito de proposición y conspiración en delito de homicidio agravado fueron condenados tres imputados a 10 años de prisión.
Mientras que por el delito de agrupaciones ilícitas fueron condenados 18 colaboradores a tres años de cárcel; 13 homeboy a cuatro años y siete lideres a nueve años de prisión.
La oficina Fiscal de Santa Ana inició la investigación en el mes de noviembre del año 2017, donde se utilizaron métodos espéciales de investigación, que los llevaron hacia Ahuachapán, principalmente a investigar todo el programa los Ahuachapanecos Locos Salvatruchos, el cual está conformado por 13 clicas de la Mara Salvatrucha
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
