Judicial
Estructura terrorista de 45 pandilleros acumulan penas de 425 años de prisión en Santa Ana
Un grupo de 45 integrantes de una estructura terrorista que operaban en el municipio de Ahuachapán y sus alrededores acumularon penas de 425 años de cárcel, por los delitos de agrupaciones ilícitas, homicidio agravado, homicidio agravado tentado y otros, entre los que destaca el crimen de un alumno de la ANSP, ocurrido en la periferia de la ciudad de Ahuachapán.
Entre los condenados figuran cabecillas de estructura Edgardo Alexander Aricha Guzmán, Héctor Antonio Castaneda Borja, Omar Iván Rivera, Jorge Alberto Menjivar Trejo, Carlos Ernesto Chávez Arévalo, Cristian Alberto Rodas Umaña y Willian Noé Rodas Umaña.
Entre los casos que se resuelvan con estas condenas es el homicidio de un alumno de la Academia Nacional de seguridad Pública, donde privaron de libertad a la víctima y luego lo mataron en la periferia de la ciudad de Ahuachapán.
Por el delito de Homicidio Agravado fueron condenados 10 terroristas a penas entre los 10 y 20 años de cárcel; por homicidio tentado se sentencio a seis sujetos a 10 años, y por el delito de proposición y conspiración en delito de homicidio agravado fueron condenados tres imputados a 10 años de prisión.
Mientras que por el delito de agrupaciones ilícitas fueron condenados 18 colaboradores a tres años de cárcel; 13 homeboy a cuatro años y siete lideres a nueve años de prisión.
La oficina Fiscal de Santa Ana inició la investigación en el mes de noviembre del año 2017, donde se utilizaron métodos espéciales de investigación, que los llevaron hacia Ahuachapán, principalmente a investigar todo el programa los Ahuachapanecos Locos Salvatruchos, el cual está conformado por 13 clicas de la Mara Salvatrucha
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
