Judicial
«Estamos logrando verdadera justicia. No más tratos con delincuentes»: Rodolfo Delgado sobre caso de David Munguía Payés
El Juzgado Especializada de Instrucción A de San Salvador, ha resuelto que el exministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, debe enfrentar vista pública por agrupaciones ilícitas, incumplimiento de deberes y actos arbitrarios, al mismo tiempo le ha revocado el arresto domiciliar por la gravedad de los delitos.
El exfuncionario es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de haber facilitado y avalado la tregua entre pandillas.
En el expediente elevado a la última etapa del proceso, el ministerio público incorporó las declaraciones del testigo criteriado Noé y del testigo régimen de protección Franco, quienes ha revelado como se manejó la tregua con pandillas entre marzo de 2012 y agosto de 2013.
En las causas penales conocidas como «Operación Jaque» y «Operación Cuscatlán» los criteriados y otros testigos entre los que figuran exfuncionarios y mediadores de ese proceso han dicho que Munguía Payés con el aval del expresidente Mauricio Funes, permitió una serie de ilegalidades a las pandillas.
Noé en la declaración anticipada rendida el 14 de octubre de 2020 ante el Juzgado Especializado de Instrucción A, dijo que la tregua permitió a las pandillas fortalecerse y hasta llegar a relacionarse con políticos y captar fondos para esas estructuras.
Noé ha manifestado que con la tregua «se les facilitó sembrar la semilla del mal», para el juez, lo manifestado por el criteriado es muy grave y que la FGR se quedó corta con los delitos acusados a Munguía Payés.
«Es bastante despreciable que el Estado o el gobierno haya realizado ese proceso de tregua y como juez estoy convencido de que no se trata de una política pública, sino que se buscaba obtener un beneficio personal», sostuvo el juez.
Cabe mencionar que, este proceso iniciado el 26 de julio del año 2020, también incluye al expresidente Mauricio Funes, quien fue separado del caso cuando se inició la audiencia preliminar ya que el Código Procesal Penal establece que sin la presencia de un imputado no se puede realizar esa diligencia.
El prófugo Mauricio Funes, es acusado de agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes, por haber promovido, facilitado e impulsado a las pandillas.
Según la acusación el expresidente asilado en Nicaragua y con siete órdenes de captura, tuvo conocimiento de las ilegalidades que se estaban cometiendo en el marco de la tregua con las pandillas, pero no hizo nada para detenerlas pues él lo que buscaba era una buena imagen de que en su gobierno los homicidios se habían reducido.
Reacciones:
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, había confirmado que las pruebas presentadas eran «contundentes, abundantes y suficientes», por lo que la resolución que se esperaba era favorable para pasar a etapa de juicio.
«Estamos logrando verdadera justicia. No más tratos con delincuentes. Pagarán los que tengan que pagar», expresó enfáticamente Delgado tras la resolución en el caso de Payés.
También, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, reaccionó y reafirmó su compromiso para terminar con la impunidad que viene desde los Gobiernos de ARENA y FMLN.
«Años atrás el ex presidente Mauricio Funes junto con el ex ministro David Munguía Payés, negociaron con pandillas. Ahora, deben responder. Negociaron con la sangre de los salvadoreños, entrenaron a pandilleros en polígonos de tiro, les dieron miles de dólares a cambio de votos, los sacaron de las cárceles de máxima seguridad y les hicieron fiestas con prostitutas, por eso es que se oponen al Plan Control Territorial», aseguró el funcionario.
Las palabras del ministro Villatoro fueron contundentes y expresa el propósito del Plan Control Territorial liderado por el presidente Nayib Bukele de acabar con las prácticas de antes y luchar contra la impunidad.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
