Judicial
Envían a vista pública a mujeres que se agarraron a golpes por «malos entendidos» en Soyapango
El Juzgado Primero de Paz de Soyapango, en audiencia inicial, ordenó la vista pública por el delito de lesiones y golpes en contra de Ana Lorena Pineda, mientras que ordenó instrucción formal con medidas por el delito de daños, ambos delitos en perjuicio de “Milagros”.
De acuerdo con las investigaciones, a eso de las 4:00 de la tarde del 21 de enero del presente año, la víctima se encontraba en la zona de la urbanización Prados de Venecia, Soyapango, cuando la imputada le salió al paso para reclamarle por algunos malos entendidos.
En eso Pineda se alteró propiciándole golpes en su rostro y destruyendo el celular que portaba con un valor de 150 dólares, del cual pidió en audiencia se le reembolsara el costo de reparación del mismo. En audiencia no se logró conciliar por ambos delitos ya que la imputada no aceptó llegar al acuerdo.
Por tanto la juzgadora decidió abrir juicio por el delito de lesiones y golpes, las partes deberán presentar lo requerido en dicha audiencia para determinar si es culpable o inocente de lo que se le acusa; mientras que por el delito de daños se enviara a la siguiente etapa de instrucción con las medidas cautelares para evitar que guarde prisión.
Las medidas que se le impusieron son no salir del país ni cambiar de domicilio sin previo aviso al juzgado que conocerá del caso, deberá firmar cada quince días en el mismo y le queda terminantemente prohibido acercarse bajo ninguna circunstancia a la víctima.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
