Judicial
Envían a vista pública a mujeres que se agarraron a golpes por «malos entendidos» en Soyapango
El Juzgado Primero de Paz de Soyapango, en audiencia inicial, ordenó la vista pública por el delito de lesiones y golpes en contra de Ana Lorena Pineda, mientras que ordenó instrucción formal con medidas por el delito de daños, ambos delitos en perjuicio de “Milagros”.
De acuerdo con las investigaciones, a eso de las 4:00 de la tarde del 21 de enero del presente año, la víctima se encontraba en la zona de la urbanización Prados de Venecia, Soyapango, cuando la imputada le salió al paso para reclamarle por algunos malos entendidos.
En eso Pineda se alteró propiciándole golpes en su rostro y destruyendo el celular que portaba con un valor de 150 dólares, del cual pidió en audiencia se le reembolsara el costo de reparación del mismo. En audiencia no se logró conciliar por ambos delitos ya que la imputada no aceptó llegar al acuerdo.
Por tanto la juzgadora decidió abrir juicio por el delito de lesiones y golpes, las partes deberán presentar lo requerido en dicha audiencia para determinar si es culpable o inocente de lo que se le acusa; mientras que por el delito de daños se enviara a la siguiente etapa de instrucción con las medidas cautelares para evitar que guarde prisión.
Las medidas que se le impusieron son no salir del país ni cambiar de domicilio sin previo aviso al juzgado que conocerá del caso, deberá firmar cada quince días en el mismo y le queda terminantemente prohibido acercarse bajo ninguna circunstancia a la víctima.
Judicial
Pareja que agarró a patadas a agentes de tránsito por una multa, deberá acudir a terapia sicológica
Josué Misael M. y Ana María B. M. fueron condenados a un año de suspensión condicional del proceso tras agredir física y verbalmente a agentes de tránsito el pasado domingo.
Los hechos ocurrieron cuando los agentes procedieron a multar a la pareja por obstruir el paso frente a un garaje. Al intentar retirar las placas del vehículo, los imputados reaccionaron de manera violenta, propinando patadas a los agentes e insultándolos.
Ante estos hechos, las autoridades procedieron a la detención de ambos. Posteriormente, el Juzgado Segundo de Paz de San Martín celebró una audiencia en la que los imputados aceptaron los cargos por el delito de resistencia.
Como parte de la sentencia, el juez impuso a la pareja reglas de conducta, entre ellas la obligación de asistir a terapia psicológica para el control de la ira y la prohibición de cambiar de domicilio.
Judicial
Tribunal condena a Erick Sánchez a 35 años de cárcel por homicidio agravado en San Salvador
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 35 años de prisión a Erick Daniel Sánchez Liévano por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Ana A. Asimismo, lo condenó al pago de la responsabilidad civil en abstracto.
El hecho ocurrió en San Salvador el 16 de febrero de 2019, en horas de la mañana. Uno de los testigos declaró haber recibido una llamada telefónica de su madre, quien le informó que la habían subido a un vehículo y luego la comunicación se cortó. Posteriormente, un sujeto llamó exigiéndole 10 mil dólares o, de lo contrario, matarían a su madre. El familiar llamó inmediatamente al Sistema de Emergencias 911 para denunciar el secuestro.
Ese mismo día, a las 4:30 de la tarde, el testigo recibió otra llamada donde le reiteraron que no se trataba de una broma. A la mañana siguiente, volvieron a llamar para comunicarles que el plazo había vencido.
Luego de localizar el cuerpo, la autopsia determinó que Ana falleció el 16 de febrero y que presentaba heridas por arma blanca en el cuello, tórax y abdomen.
Al momento de la captura de Sánchez, se le incautaron dos teléfonos celulares. Se demostró que uno de los números telefónicos estuvo en el lugar del hecho y que fue utilizado para realizar las llamadas a los familiares de la víctima, exigiendo el pago del rescate.
La Fiscalía General de la República logró que la Cámara Ambiental de Santa Tecla admitiera la totalidad de las pruebas presentadas en contra del exdiputado del FMLN Guillermo Francisco Mata Bennet y sus dos hijos, procesados por enriquecimiento ilícito, al no poder justificar el incremento de su patrimonio por un monto de $271,314.75 dólares.
A Mata Bennet, que fungió como diputado en los periodos 2012-2015 y 2015-2018, se le señalan inconsistencias por un monto de $13,270.00 dólares.
A Guillermo Eduardo Mata Mayorga, se le señalan $251,685.80 dólares.
A Jorge Alberto Mata Mayorga, se le reclaman $6,358.85 dólares. En total, son 15 irregularidades en depósitos bancarios, pago de préstamos hipotecarios, pago de tarjetas de crédito, compra de vehículos, entre otros, que no pudieron justificar.
